“Licitación ya”: Trabajadores y usuarios de residencias de la red pública protestan por el bloqueo salarial

Más de un centenar de trabajadores y usuarios de las residencias y centros de día de gestión integral de la Generalitat han entonado hoy un “basta ya” ante el Palau de la Generalitat por el bloqueo de sus condiciones laborales, congeladas desde hace años en un sector del que la huída de profesionales hacia la pública está a la orden del día. Más de 2.000 trabajadores y trabajadoras de las residencias de personas mayores y dependientes de gestión integral, es decir, de las residencias pertenecientes a la red pública, llevan diez años con el sueldo congelado por el bloqueo de las nuevas licitaciones.

Los centros donde trabajan tienen los contratos caducados en muchos casos desde 2017, están en una situación administrativa de enriquecimiento injusto y a la espera de que la Conselleria de Servicios Sociales saque a licitación estos contratos. Pero hasta ahora no se ha hecho porque desde la Vicepresidencia ven necesario modificar antes de la licitación el decreto de tipologías, aprobado por el Botànic en 2023.

Con lemas como “Sin licitación, mayores olvidados y trabajadores mal pagados”, “¿qué pasó con los héroes de la pandemia?” O “La vocación no justifica la explotación”, más de un centenar de trabajadores y representantes de sindicatos se han concentrado con pitos y pancartas a las puertas del Palau de la Generalitat, donde han gritado “basta ya” y “Susana Camarero, dónde está el dinero”.

En la concentración también han estado presentes los sindicatos UGT, CSIF y CCOO, la diputada de Compromís Nathalie Torres y decenas de usuarios de estas residencias, que han venido, muchos en sus sillas de ruedas o andadores, con el personal de estos centros, en señal de apoyo. Algunos de ellos incluso llevaban pancartas como “Volem licitació ja” o “Nos quedamos sin personal si no cobran un salario digno ya”.

Más de 2.300 trabajadores de residencias concertadas, "en la cuerda floja" por la caducidad de los contratos

Durante la lectura del manifiesto, se ha explicado que el problema de que los contratos estén en enriquecimiento injusto es, sobre todo, que el bloqueo impide que se aplique el nuevo convenio colectivo del sector, firmado en marzo de 2023, que sube los salarios del personal en 200 euros al mes, de media. El convenio, firmado por CCOO, UGT, la patronal Aerte y la Conselleria establece que las nuevas tablas salariales se aplicarán “desde la formalización del correspondiente contrato público, para los centros y los servicios cuya publicación de la licitación sea posterior a la fecha de publicación del presente convenio colectivo”. Es decir, que hasta que no haya nuevas licitaciones, no habrá subida salarial.

Sueldos congelados en 1.080 o 1.100 euros

“Estamos ganando de unos 1.080 a 1.100, no tenemos los domingos considerados como festivos, si un festivo, que se paga entre semana, cae en domingo, no lo cobramos y no hay festivos especiales, y eso que somos sanitarios”, explica Ana Sanchez, trabajadora de la residencia de Benidorm. Las condiciones, apunta, son insostenibles, y por eso han venido desde esta localidad alicantina, junto con otras compañeras como las de la residencia de Elche. Uno de los dramas laborales son los turnos nocturnos. “Cobramos 9 euros por 10 horas de trabajo nocturno, sale a 0,80 euros la hora”, denuncia. Además, no tienen trienios. “Estamos considerados como sanitarios de tercera cuando nosotros tenemos una categoría profesional para trabajar en un hospital”, critica. 

Protesta por la equiparación salarial en el sector público

Si licitan los nuevos contratos, admite Ana, “no será la panacea”, pero la noche pasaría a cobrarse “a veintipico euros, que tampoco es una locura, pero ya es dinero”. Además, el domingo se consideraría un festivo siempre y también se pagaría, se añadirían los trienios y subirían los salarios en torno a 200 euros al mes. “La equiparación salarial con el personal de hospitales en el sistema de la Seguridad Social va a ser complicadísima, porque ellos están a años luz”, admite, aunque el propósito sea “ir equiparando año tras año”.

Ana Sánchez asegura sentirse en un ciclo difícil de romper. Los contratos están en enriquecimiento injusto, “pero para no incumplir los contratos, dijeron ‘vamos a poner continuidad de servicio y así pueden estar eternamente’, porque aunque la ley dice que son nueve meses como máximo, como somos sector esencial no hay límite de tiempo”. Mientras tanto, señala, hay “una fuga de trabajadores” a los que se hace complicado sustituir, cada vez más. Los que salen del sistema, además, no siempre se van a un puesto de mejor cualificación. “Tengo compañeras que se han ido a limpiar escaleras, porque les sale más rentable”, asegura esta trabajadora.

“Somos una familia y los trabajadores están muy quemados”

Teresa tiene 97 años y una vitalidad que le ha llevado a participar en la concentración frente al Palau, donde ha pasado un rato sujetando la pancarta principal al lado de otros residentes. Está en la residencia de Velluters. “Se nota en que tenemos un grupo fenomenal de auxiliares, de enfermeros y enfermeras que lo hacen por amor, porque eso ha de ser así, ha de ser vocacional”, asegura. Pero Teresa observa, últimamente, mucha rotación de personal. “Ahora está entrando mucha gente joven, porque hay muchas bajas y hay quien ya se va a hospitales”, ha destacado.

“El que está cualificado procura irse porque está mal pagado y hay que llenar la caldereta todos los días”, destaca Teresa. Por eso, cree que muchos nuevos empleados entran sin voluntad de permanencia “y piensan ‘estoy un mes o dos y hago lo justo’”. “Además, cada vez tenemos más dependientes, no es lo mismo, por ejemplo, yo que aún me puedo vestir aunque ayuden, que otras personas a las que las deben vestir de arriba abajo”. Todo esto “con el mismo personal o menos incluso”. 

Teresa ve a los trabajadores “quemados”. “Nos tomamos cariño, es que es una familia al final, yo tengo una familia genial, pero yo estoy muy a gusto aquí”, asegura. Cree que “es una pena que las residencias no sean tomadas en serio” por los gobiernos: “para la gente mayor es una solución estupenda, porque en casa están los abuelos aburridos”. “Mucho piso turístico y en su lugar a evacuar a abuelos a la quinta porra”, denuncia.

La Generalitat asegura que la licitación estará lista en el primer trimestre de 2025

Desde la Conselleria aseguran que la Generalitat "está trabajando para publicar los pliegos de licitación que actualizarán los servicios en residencias en el primer trimestre de 2025". "Esto se enmarca en el objetivo de contar con el mejor servicio para las personas que más lo necesitan, y se une a la actualización de los módulos de la acción concertada en materia de exclusión, discapacidad, familia y mayores", aseguran fuentes de la Conselleria.

Destacan, asimismo, que este mismo año se ha incrementado en un total de más de 67 millones de euros los módulos de la acción concertada. En concreto, se ha aumentado el módulo para las entidades que gestionan los centros de exclusión social, discapacidad y familia e infancia para 2024-2026 y en materia de personas mayores para 2024, "atendiendo a las demandas del sector, que reclamaba este incremento paralizado desde 2022." Afirman asimismo que la Conselleria "se ha hecho cargo de una deuda de más de 157 millones de euros en enriquecimientos injustos que dejó el gobierno del Botànic". "La legislatura arrancó en saldo negativo de 224 millones de euros, que la Vicepresidencia ya ha abordado y solucionado", aseguran. Sobre los salarios, indican que "están establecidos en el marco del convenio colectivo y son los sindicatos los que deberían trabajar en la unificación de los convenios de los distintos sectores, para que no haya diferenciaciones, algo a lo que la propia Conselleria ya les ha instado".