Más de 118.000 funcionarios podrían volver a la sanidad pública si no se renueva Muface

La atención médica de más de 118.000 funcionarios valencianos podría pasar a la sanidad pública si, finalmente, el Gobierno y las aseguradoras privadas no formalizan un acuerdo sobre la renovación de Muface. Su futuro sigue siendo incierto, aunque menos que hace unos días, porque el Ejecutivo ha iniciado la nueva licitación para el periodo 2025-2027 después de realizar una consulta preliminar -se cerró el pasado jueves- con respuesta de las tres aseguradoras del servicio -es decir, Asisa, Adeslas y DKV-, lo que podría indicar su disposición a seguir prestando la asistencia sanitaria a los funcionarios y sus beneficiarios; son 1,5 millones a nivel nacional, aunque 450.000 prefieren ser atendidos en la sanidad pública.

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En noviembre, la primera licitación quedó desierta porque las aseguradoras no aceptaron una subida de las primas del 17, 12 % en dos años. En ese momento, la confianza en lograr un acuerdo era mínima y, por eso, el Ministerio de Sanidad publicó un informe para "abordar el tránsito de los mutualistas de Muface al Sistema Nacional de Salud" y traspasar el correspondiente gasto económico a las comunidades autónomas. Según la memoria de Muface del ejercicio 2023, son 118.471 funcionarios los que están adheridos a este servicio: 66.942 en la provincia de Valencia, 36.995 en Alicante y 14.534 en Alicante. Por su parte, 46.116 mutualistas escogen la sanidad pública. Por franjas de edad, son los mayores de 65 años los que más eligen el seguro privado, frente a la franja de entre 15 y 34 años; son los que más optan por el Sistema Nacional de Salud.

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Seis de cada diez funcionarios eligen Muface

La plantilla del funcionariado valenciano -en sus tres niveles- asciende a 282.951 personas, como así se detalla en el registro central de personal del portal estadístico de la Generalitat Valenciana; es decir, seis de cada diez funcionarios -el 58,16 %- elige adherirse a Muface y ser atendido por una asegurada y no por la sanidad pública. De la cifra total de empleados públicos, 186.803 pertenecen a la Administración autonómica; 60.996 a la local y 35.152 a la estatal. Son el 66,01 %, 21,55 % y el 12,42 % del total, respectivamente.

Entre las tres compañías aseguradoras, es Asisa la que cuenta con mayor número de personas adheridas con 54.124 mutualistas con cuatro de cada diez mutualistas, el 45,68% del total de funcionarios que se decantan por una aseguradora privada. A continuación, se encuentran Adeslas, con 47.298 usuarios, el 39,92 %; y DKV con 17.049, el 14,39 %. En este sentido, destacada el liderazgo de Adeslas en la provincia de Valencia, con 29.881 funcionarios, al sumar 2.596 funcionarios más que Asisa en segunda posición.

La de Valencia es la tercera provincia con mayor número de personas adscritas a Muface, solo por detrás de Madrid y Barcelona. Sin embargo, la asiduidad de sus mutualistas no es tan frecuente como en otras regiones. A lo largo del 2023, el número de personas atendidas, con o sin cita, no superó las 10.000. Se situó por detrás de otras provincias con menos pacientes como Sevilla (17.541 personas atendidas de un total de 61.736), Málaga (14.649 de un total de 50.320), Córdoba (13.671, la mitad de 26.454 mutualistas) o A Coruña, con 13.146 personas atendidas.

"El traspaso es perfectamente asumible"

De no prosperar el acuerdo, estos 118.000 funcionarios pasarían a ser atendidos por el sistema sanitario público, gestionado por las comunidades autónomas. El informe del Ministerio de Sanidad especifica que la autonomía valenciana se encuentra en un nivel de impacto medio porque esta cifra representa el 2,23 % de la población atendida dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS), una décima por encima de la media nacional. El porcentaje es mayor, del 2,87 % en el caso de la población mayor de 65 años; normalmente, son los pacientes más habituales.

En peor situación se encuentran, por ejemplo, Castilla y León (3,12 %) o Extremadura (3,02 %), cuyos porcentajes de mutualistas de Muface en aseguradoras privadas supera en más de un punto la media nacional y tendrían, por tanto, un impacto mayor.

¿Qué opina la Conselleria de Sanidad o el Consell sobre este asunto? Por el momento, no se han pronunciado públicamente, ni han querido hacerlo ante la consulta realizada por Levante-EMV sobre este asunto. De no fructificar la licitación, 118.000 personas pasarán a ser atendidas en una sanidad pública con una demora de 79 días en las listas de espera quirúrgica, cuyo número total de pacientes es de 63.395, según las últimas cifras oficiales de junio difundidas por el departamento de Marciano Gómez.

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