El Consell allana el terreno para absorber À Punt en una nueva empresa
La antigua sociedad anónima recibe una inyección de 37 millones para evitar su "disolución forzosa"

Sede de la radiotelevisión pública À Punt / Europa Press

No se notará ni al pulsar el botón del mando, ni en la mosca de la televisión, ni en el nombre con el que se hablará del propio canal, pero À Punt se encamina a estar bajo el paraguas de una nueva empresa. Lo que desde su reinicio en 2016 ha sido Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y Societat Anònima de Mitjans de Comunicació pasará a ser Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, S.A, un cambio para el que el Consell ha allanado su camino con lo que mejor facilita los trámites: presupuesto.
El Ejecutivo autonómico ha aprobado una inyección presupuestaria de 37 millones para la actual radiotelevisión pública, un movimiento contable que, según señala la justificación dada en el DOGV, evita que la actual entidad tenga un patrimonio neto negativo "asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y garantizando la continuidad de las operaciones hasta su absorción".
Esta absorción de los actuales dos entes públicos (se impulsó así en un inicio para evitar la sucesión de empresas respecto a la extinta RTVV) en una sola sociedad anónima es una de las novedades de la ley que PP y Vox aprobaron en junio de este año en las Corts. Esta operación, señalan fuentes de Presidencia, se materializará a principios del año que viene para lo que el Consell ha tenido que dar sustento financiero a la actual sociedad anónima y evitar así cerrar 2024 en déficit patrimonial lo que hubiera provocado su "disolución forzosa".
"Para lograr la estabilización del patrimonio neto de la SAMC y permitir su absorción por la futura Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2024, de 27 de junio, es necesario incrementar la dotación", señala el texto justificativo del DOGV que indica que con los 37 millones remitidos a la corporación se permitirá que el patrimonio neto "alcance un valor positivo aproximado de 13,2 millones asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y garantizando la continuidad de las operaciones hasta su absorción".

Centro de control en la radiotelevisión pública valenciana, en el inicio de emisiones. | EUROPA PRESS / Sergio Gómez. València
Estos 37 millones paliarán uno de los problemas que han afectado a la radiotelevisión pública en los últimos años: el cambio de criterio de la Agencia Tributaria sobre el pago del IVA por parte de las televisiones autonómicas. Este cambio de posición obliga a que los entes públicos tengan que pagarlo lo que ha tenido "un impacto sustancial" en sus cuentas "manifestado en pérdidas acumuladas". "Dichas pérdidas (...) han generado un déficit patrimonial que debe ser abordado antes del cierre del ejercicio 2024 para evitar la disolución forzosa de la entidad", indica el texto en el DOGV.
Y aunque hay un Real Decreto que permite que las pérdidas correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021 (afectadas por la deuda del IVA, de unos 10 millones al año) "no serán tomadas en cuenta para la evaluación de la causa de disolución hasta el cierre de 2024", el Consell ha considerado necesario "actuar con antelación" para evitar que la absorción quede amenazada en caso de que no haya capacidad económica para afrontar los pagos corrientes pendientes.
Dinero del personal y proyectos
Según se explica en la resolución, los 37 millones que se han transferido a À Punt proceden de "disponibilidades existentes" de la línea «Desarrollo de proyectos de marcado interés económico y social para la Comunitat Valenciana», de la que se extraen 35,7 millones y otros 1,2 millones de la línea de «Previsión gastos de personal», fondos consignados para cubrir futuras vacantes. Asimismo, se señala que los citados créditos "no están afectos a compromisos pendientes ni a financiación condicionada".
Este movimiento contable allana todavía más el paso a la nueva estructuración de À Punt después del paso dado en las Corts por PP y Vox. Populares y voxistas votarán en el pleno de la próxima semana la composición del nuevo consejo de administración, creado con la nueva ley y que sustituirá al Consell Rector que actualmente tiene las riendas de la gestión. Este nuevo consejo será el encargado de elegir al nuevo director general que sustituirá a Alfred Costa, dimitido hace dos semanas, y a quien ha asumido el cargo de manera interina, Miquel Francés.
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