La Ley de Simplificación permite al Consell duplicar plazas y reducir personal en los centros privados de mayores

"Nadie imagina que la Generalitat Valenciana abra la puerta a privatizar los centros de salud. Pues eso es lo que han hecho con los servicios sociales municipales". Así lo asegura la responsable de Política Social de UGT, María Navarro, tras revelar que el Consell ha aprovechado la tramitación parlamentaria de la Ley 6/2024 de Simplificación Administrativa "para "dinamitar" la normativa de servicios sociales y establecer cambios que dan un giro al modelo actual, además de aumentar plazas y reducir plantilla en los centros de mayores privados, que es donde está el negocio".

Los cambios legales introducidos permiten duplicar la capacidad máxima de las residencias privadas de personas mayores (al pasar de 75 a 150 plazas para las nuevas residencias) y rebajan la plantilla, reduciendo una tercera parte las ratios de personal que atienden a estas personas. "Hablamos de masificación de los centros y del deterioro de la calidad asistencial, lo que implica primar el negocio sobre la calidad en la atención a las personas mayores. Hablamos de regresar a un modelo de macro residencias, de hace 20 años, y de una reducción de plantillas a turnos que recaerá en la atención porque cuando no hay manos suficientes es lo que ocurre", explica Navarro.

Desde UGT explican cómo se abre la puerta a la privatización de la primera puerta a la que acuden los ciudadanos ante un problema asistencial: los servicios sociales de su ayuntamiento. "Favorecen la privatización de los Servicios Sociales al eliminar de la ley la prevalencia de las administraciones públicas para la gestión directa de los centros. En la nueva redacción ya no aparece que la gestión directa o por medios propios 'será la forma de provisión preferente' y eso significa abrir la puerta a que el servicio lo gestione la empresa privada. ¿Cómo? La verdad es que no sabemos qué tienen pensando pero la realidad es que se han cargado el diálogo social de un plumazo. La persona deja de ser el centro desde el cual se construyen los servicios sociales, para favorecer los intereses del empresariado, con la consiguiente rebaja de la calidad asistencial.", explica la responsable en Política Social de UGT.

Lo que sí sabe, sin embargo, es que esta "puerta abierta a la privatización" de los equipos de servicios sociales municipales "afecta tanto a los servicios de atención primaria básica como a los específicos (servicio de atención integral a la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad o desprotección; servicio de protección y atención integral a las víctimas de violencia de género y machista y a sus hijos e hijas; y el servicio de atención a las personas con discapacidad y con problemas crónicos de salud mental), así como la prescripción de las prestaciones, sean prestadas por personal de los ayuntamientos y mancomunidades".

Desde UGT explican que "todas estas modificaciones fueron introducidas a través de enmiendas respaldadas por los grupos PP y VOX en las Corts y han supuesto alteraciones de calado tanto en la Ley de Servicios Sociales como en su desarrollo normativo, especialmente en el Decreto 27/2023, de 10 marzo, que establece entre otros asuntos la calidad de los servicios sociales mediante la regulación de plantillas de personal, número de usuarios atendidos y espacios donde se les atiende. Cuestiones que, además, no figuraban inicialmente en el Decreto-Ley que, en teoría, estaba centrado en medidas de simplificación de los trámites administrativos de la ciudadanía".

Regreso al 2005

UGT recuerda que en el año 2005, el Consell del PP aprobó una orden que regulaba los centros de servicios sociales de personas mayores. Esta orden fijó la capacidad máxima de las residencias en 150 plazas. En la etapa del Botànic, la capacidad máxima se rebajó a 120 plazas (en base a la Ley 3/2019, de Servicios Sociales Inclusivos); 75 plazas si se encontraban ubicadas en zonas rurales o zonas con riesgo de despoblamiento; y 90 plazas si se situaban en localidades o zonas de densidad mediana. Ahora, con la Ley 6/2024, se vuelve al máximo de 150 plazas, sin tener en cuenta la zona donde se ubique. "Con lo cual, este Consell ha retrocedido a la normativa de hace veinte años, un paso atrás que supone un deterioro de los servicios públicos y deja sin efecto la atención social como un derecho subjetivo", recalca Navarro.

Y añade: "Es obvio que la calidad de la atención a las personas mayores depende fundamentalmente de que haya suficientes auxiliares de enfermería en las residencias, entre otro personal. No hay atención de calidad sin unas ratios de personal suficientes, y las ratios actuales son claramente insuficientes".

El Gobierno del Botànic aprobó unas ratios más elevadas, que quedaron incluidas en el Decreto 23/2027 (decreto de tipologías), que debían aplicarse en marzo de 2024, salvo en las residencias privadas de personas mayores que se aplicaría de forma progresiva entre 2025 y 2027. "El Consell del PP y Vox ya alargó este plazo hasta diciembre de 2029 nada más comenzar la legislatura . Y ahora, se ha aprovechado esta ley de simplificación administrativa para colar un recorte muy por debajo de las ratios previstas", denuncia UGT.

Así, con esta ley de simplificación administrativa en las residencias de la Comunitat Valenciana se exigirá en 2026 una ratio de 32 auxiliares de enfermería cada 100 residentes. El decreto de tipologías que está modificando el PP preveía 44 auxiliares cada 100 residentes y a nivel estatal la cuantía se fija en 43.

UGT Serveis Públics denuncia que el Consell "no esté buscando el bienestar de la ciudadanía, sino sólo facilitar los beneficios económicos de las residencias, que gracias a estos cambios normativos no se verán obligadas a contratar más personal y aumentarán sus ingresos al albergar a más personas usuarias. Además, los cambios introducidos en Les Corts sin ningún tipo de negociación con las organizaciones sindicales, suponen una merma considerable de los derechos laborales, ya que expresamente se elimina un apartado del decreto de tipologías que define la plantilla mínima estable de los centros y que este personal, mayoritariamente trabajadoras, tengan un contrato fijo"

Navarro concluye que la organización está estudiando acciones tanto jurídicas como posibles movilizaciones para, en colaboración con la ciudadanía, "articular una respuesta de rechazo a los cambios aprobados".

Respuesta del Consell

La respuesta del Consell llega de la mano de la directora general de Personas Mayores, Beatriz Simón, quien explica que "la nueva medida permitirá crear plazas residenciales para mayores para cubrir el déficit que generó el Botánic, con 25.000 personas en lista de espera al no crear ni una plaza pública en ocho años".

"Durante su gestión, el Gobierno del Botánic cerró nueve residencias, generó un déficit de 25.000 plazas, lo que significa 3.000 al año, redujo un 5% las plazas públicas y aumentaron en cerca de 3.000 las plazas privadas", explica Simón. Y añade: "Esto supuso cero inversión en un sector capital para el bienestar de la sociedad y ha derivado en que la Comunitat Valenciana se sitúe a la cola de camas por persona (en el puesto 15 de las autonomías), al contar con 2,63 plazas residenciales por cada 100 habitantes con 65 años o más, mientras que la media nacional es de 4,11, según los últimos datos de la Dirección General del Imserso".

Así, Beatriz Simón resalta que la Generalitat plantea un nuevo escenario "para hacer realidad la creación de residencias e incentivar nuevas plazas para ponernos a la cabeza de plazas por persona en España".

Respecto a la atención al usuario, la directora general explica que la "capacidad de una residencia es independiente de la atención porque se organizan por unidades de convivencia" y la nueva fórmula "mantiene inamovible el módulo de unidades de convivencia, establecido en 25 personas, que es por lo que realmente se mide el cuidado y la atención personalizada e integral, que es prioritario para el Consell".

Respecto a las ratios de profesionales en residencias, Simón añade que "partíamos de una ratio de 0,40 profesionales por usuario y la Conselleria ha aprobado un nuevo parámetro que alcanzará el 0,45 en las licitaciones realizadas a partir de marzo de 2025 y 0,50 desde marzo de 2026. Esto contrasta con la gestión del anterior Gobierno, que vendía un aumento de la ratio, pero su última licitación en 2022 fue al 0,40, y resultó que el 16% de las plazas quedaron desiertas". "Un concurso que se extendía hasta el 2027, mientras alardeaba de mejorar las ratios", critica Simón, tras aseverar que "mientras el Botánic gestionaba con futuribles, el Consell de Mazón actúa con acciones de efecto inmediato", destaca.

Y concluye: "La Generalitat plantea un nuevo escenario para incentivar la creación de plazas, hacer realidad nuevas residencias y reducir las listas de espera sin perder calidad asistencial, poniendo fin al ataque a las personas mayores del Gobierno anterior".

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