La familia de una fallecida en el incendio de Campanar pide que el juez inmovilice las llamadas al 112

La familia de la profesora de Filosofía fallecida, junto con otras nueve personas –tres de ellas menores de edad: los dos hermanos de tres años y ocho días y una adolescente de 14 años– en el incendio de Campanar ocurrido el pasado 22 de febrero ha instado al juez que tome las medidas oportunas para que se preserven todas las grabaciones del 112 y de los servicios de emergencias que intervinieron en el siniestro.

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La petición no es baladí. Tanto esa familia, representada por el penalista valenciano Miguel Ferrer, como el resto de las acusaciones particulares, solicitaron en su momento, muy poco después de que la Audiencia de València ordenase al juez de Instrucción número 9 que reabriese el caso e investigase lo sucedido, las grabaciones de todas las llamadas relacionadas con el incendio de Campanar, tanto las gestionadas por Emergencias 112 de la Generalitat Valenciana, como las que entraron directamente en otras salas como el 091 de la Policía Nacional, el 092 de la Policía Local de Valènciao el 062 de la Guardia Civil.

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Sin embargo, como viene siendo la tónica habitual, el magistrado rechazó esa petición –las acusaciones le han afeado en varios de los escritos que únicamente accede, y no a todas, a las solicitudes que proceden de la Fiscalía–. La negativa del juez obligó a los abogados de las familias, pero también a los que representan a los inquilinos y a las compañías de seguros, a recurrir ante el mismo juez, quien reiteró la negativa.

Así las cosas, las acusaciones particulares presentaron un nuevo recurso, pero esta vez ante el órgano superior, la Audiencia de València. No es la única decisión del instructor que las partes recurren, así que la solución de la sección cuarta de la Audiencia, que es la que revisa al Juzgado de Instrucción 9 (y la que le obligó a reabrir la causa, por tanto), ha decidido resolver todas las cuestiones recurridas en apelación a lo largo de los últimos meses en una única vista, como es habitual cuando en una misma instrucción compleja, con muchos letrados personados, se suman los recursos.

La fecha elegida por la sección cuarta es el 13 de marzo, esto es, tres semanas después de que se cumpla el primer aniversario de la tragedia de Campanar.

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¿Cuándo se destruyen?

Aunque fuentes conocedoras del funcionamiento del Centro de Emergencias y de la sala del 112 aseguran a Levante-EMV que las grabaciones se conservan «por periodos muy largos de tiempo, varios años, de hecho», el temor a que sean destruidas al cumplirse el año, esto es, el 22 de febrero de 2025, como ha apuntado otra de las acusaciones, la ejercida por el letrado Ignacio Grau en nombre de la familia de cuatro miembros que murió en su piso, ha llevado a Ferrer a pedir al juzgado que ordene la preservación de esas grabaciones que se registraron el día del siniestro.

En este sentido, el letrado, en su escrito, argumenta que «dado que en la actualidad se encuentra pendiente de resolución definitiva la petición de las grabaciones de los distintos servicios de emergencia», solicita que se inste «a dichos servicios, 112, 091 y 062, a fin de que se conserven las grabaciones que se corresponden a las distintas llamadas efectuadas a dichos servicios, así como las realizadas por ellos tanto a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como a Bomberos y Protección Civil, evitando con ello que puedan ser borradas, lo que evidentemente impediría el buen fin de la diligencia interesada», esto es, que se incorporen a la causa abierta por diez homicidios imprudentes para poder analizar qué ocurrió aquella tarde y cómo respondieron cada uno de los servicios, en caso de que así lo acuerde la Audiencia.

Las familias buscan acreditar, entre otras cosas, que varias de las víctimas mortales mantuvieron el contacto con sus allegados y con las salas de emergencias hasta su muerte, y que todas dijeron que los bomberos les habían ordenado confinarse en sus casas.

Ahora, el juez de Instrucción 9 de València deberá decidir si accede a instar a cada uno de los organismos que preserve esas grabaciones, o si vuelve a rechazar la petición, que en este caso viene a ser una medida cautelar para garantizar el buen curso de la investigación.