El síndic refleja el descontrol en los pagos a las concesionarias sanitarias

El control del gasto de las concesiones sanitarias, es decir, con las empresas que han gestionado la atención a una parte importante de la población valenciana las últimas décadas (modelo Alzira), es uno de los puntos que centra la atención del informe de fiscalización de las cuentas de la Generalitat en 2023, presentado ayer por la Sindicatura de Comptes. A 31 de diciembre quedan pendientes 38 liquidaciones anuales de las cinco concesionarias en el periodo 2011 a 2023. Esto contraviene las clausulas del contrato, ya que se han de efectuar antes del 31 de marzo del año siguiente. «La mayoría de las liquidaciones aprobadas y en trámite suponen derechos a cobrar por la Generalitat, por lo que el retraso en la aprobación de las liquidaciones pendientes supone un perjuicio económico para la administración», señala el informe. 

«Paralelamente», la Conselleria de Sanidad aprueba expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto a favor de las concesionarias por importes muy significativos, en los que paga los gastos derivados de servicios prestados por las concesionarias no previstos en los contratos iniciales, consecuencia de una deficiente determinación del objeto de estos contratos, al no contemplar todos los servicios y suministros que realmente se precisan para ser propiamente una asistencia sanitaria integral, añade la memoria anual.

Según el informe presentado sobre el ejercicio 2023 (año en que el Botànic y el actual Consell pasaron por la Generalitat), ese año se han aprobado cinco liquidaciones por importe de 3,8 millones a favor de las concesionarias, «con observaciones significativas de la viceintervención general de la administración sanitaria». «No podemos concluir sobre la razonabilidad de los importes aprobados, por la limitación al alcance derivada, entre otros motivos, de la falta de información fiable que las soporte».

Cabe recordar que en 2024 han finalizado los contratos de concesión de los departamentos de Dénia y l’Horta-Manises. Ahora mismo sólo Elx-Crevillent continúa con la gestión indirecta del conocido como modelo Alzira.

Nuevo acuerdo con el IVO

En esta línea, el informe también advierte de que la Conselleria de Sanidad ha asumido el coste de tratamientos facturados por la fundación IVO de pacientes incluidos en la población protegida de las concesionarias. Se trata de atenciones realizadas entre 2012 y 2023. La sindicatura estima que el importe «podría llegar a los 51,9 millones».

Según el informe de la Sindicatura, estas prestaciones no se han incluido en las liquidaciones anuales aprobadas de las concesiones, excepto 0,6 millones de euros en liquidaciones de La Ribera y Torrevieja del ejercicio 2012. «La conselleria ha iniciado un procedimiento independiente de reclamación a cada una de las concesionarias, en el que no se establece la cuantía reclamada», explica el informe. «De alguna forma se ha pagado por duplicado y ahora se está reclamando a las concesionarias», dijo ayer el síndic en las Corts.

El IVO, precisamente, protagoniza varias observaciones del informe de la sindicatura. Cucarella pide un nuevo acuerdo entre la Generalitat y el centro de atención oncológica, después del firmado en octubre de 2017. La prórrogas han provocado interpretaciones controvertidas, señala. De los 82,4 millones de euros de obligaciones reconocidas en 2023, 19,6 se han tramitado a través de expedientes de enriquecimiento injusto.

Por ese mecanismo, el enriquecimiento injusto, se han aprobado, en 2023, 783 expedientes por un importe de 1.668 millones, de los cuales 1.473 corresponden a Sanidad. El síndic alerta de la elevada cantidad de expedientes de este tipo. Son compromisos de gasto «nulos de pleno derecho», al ejecutarse por cuantía superior a los créditos autorizados en el presupuesto.

Facturas en los cajones

En cuanto a las conocidas como facturas en los cajones, el informe vuelve a referirse a una cuenta que no deja de crecer. En concreto, en 2023, la cuenta 413, ‘Acreedores por operaciones devengadas’, un saldo de 1.767,7 millones de euros, un 16,6% más que en el ejercicio anterior, que corresponde principalmente a la Conselleria de Sanidad.