Un IBI extra en zonas inundables para financiar las obras antirriada

En cada carta que enviaban los valenicanos había una pequeña parte del hormigón necesario para llevar a cabo el desvío del Turia. La venta de sellos específicos, con un coste de 25 céntimos de peseta, fue la forma con la que se financió una parte del Plan Sur, la que supuso la construcción del nuevo cauce del río por las afueras de la ciudad de València para evitar una riada como la de 1957. Sesenta años después, y con varias obras pendientes para frenar efectos como los vividos en la dana, la mirada no se pone en los sellos sino en un recargo impositivo.

Es una de las propuestas planteadas por Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) en un informe firmado por Diego Rodríguez, investigador de esta institución y catedrático de Universidad en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. En este, advierte de los riesgos por inundaciones (citando a su vez el análisis de riesgos climáticos que ha realizado la Agencia Europea de Medio Ambiente) y de la necesidad de llevar a cabo obras de regulación de cauces para lo que se necesita una "financiación estable".

Porque el problema no es de análisis ni de planteamiento; sino de ejecución. En el caso del Poyo, por ejemplo, hay proyectos desde 2011, sin embargo, llegó la dana 13 años después y no se había hecho ninguno. Esta falta de ejecución, señala el documento, viene tanto "bien por problemas administrativos, bien por una categorización baja en términos de prioridad, con una fundamentación cuestionable, o bien por falta de financiación", motivo último ("la ausencia de fuentes de financiación claramente identificadas y garantizadas") hacia el que apuntó el Tribunal de Cuentas Europeo en 2018.

Es sobre este punto sobre el que Rodríguez plantea varias líneas para dotar de "financiación estable" a este tipo de inversiones. Así, en prime presupuestos ordinarios de las administraciones "más directamente implicadas" como las confederaciones hidrográficas y los ayuntamientos "así como contribuciones del Estado, las autonomías o la Unión Europea", el catedrático en Economía Aplicada considera "conveniente" establecer "mecanismos propios de financiación que garanticen un flujo recurrente y estable".

En este sentido, señala dos vías para su financiación a través de impuestos específicos. Una de ellas sería a través de la tarifa del agua con un canon hidráulico de la misma manera en la que se utiliza para las actuaciones de suministro y depuración de aguas así como sus gastos de conservación y explotación de esas obras. Por otra, añade que ante las actuaciones de prevención de los riesgos de inundación debería considerarse "un recargo sobre el IBI de los inmuebles situados en zonas inundables como forma de repercutir el coste de tales inversiones sobre los beneficiarios".

Un fondo nacional

Según el investigador de Fedea, "estos recursos podrían nutrir un fondo nacional para la adaptación de las infraestructuras hidráulicas ante las amenazas que supone el cambio climático". No obstante, remarca la importancia de contar con los fondos europeos tanto el Fondo de Resiliencia Autonómica, con el que se podrían financiar proyectos hidráulicos, como "también podría considerarse la creación de un fondo específico para infraestructuras de este tipo".

Pero además de financiación suficiente, para que el plan de adaptación de infraestructuras hidráulicas pueda desplegarse "de forma ágil", Rodríguez indica que sería necesario "simplificar los trámites y agilizar al máximo la concesión de las autorizaciones necesarias". Para ello, señala que debería tomarse como ejemplo la Recomendación de la Comisión Europea (2022) sobre las autorizaciones de los proyectos de energía renovable, "en la que se aboga por una aceleración de los procedimientos, con los plazos más breves posibles, basada en su consideración de interés público superior".

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