Los impagos del Consell a los proveedores le cuestan 40 millones en intereses e indemnizaciones

La Generalitat supera el límite legal en el periodo medio de pago, y se sitúa entre las que lideran la morosidad en España

La Sindicatura alerta sobre el elevado tipo que penaliza el retraso en abonar las facturas, de más del 12 %

Carlos Mazón y Vicent Cucarella, síndic de Comptes, el pasado lunes.

Carlos Mazón y Vicent Cucarella, síndic de Comptes, el pasado lunes. / Kai Försterling/Efe

José Luis García Nieves

José Luis García Nieves

La precaria situación económico- financiera de la Generalitat Valenciana derivada de la crónica infrafinanciación ha situado a la autonomía en un círculo vicioso de descontrol en los gastos que acaba teniendo consecuencias de lo más imprevisibles. El informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración de la Generalitat, presentada esta semana por la Sindicatura de Comptes, reseña algunas de ellas.

La auditoría reseña que, en el análisis de 2023, se ha tomado una muestra de 630.775 facturas pagadas ese año y más del 65 % superan los 60 días. Eso desborda lo que marca la ley de 2004, que son 30 días para aceptarlas y otros 30 para abonarlas.

¿Qué consecuencias tiene esto? Además de las complicaciones para las empresas, el retraso supone un daño económico extra para la admnistración. En concreto, por los costes adicionales por la liquidación de intereses de demora e indemnizaciones por costes de cobro, que además se producen a unos tipos de interés superiores a los del mercado.

En concreto, en 2023 se han pagado 37,4 millones en intereses y 3 millones en indemnizaciones por la demora en el pago. Además de esto, «adicionalmente» quedan intereses de demora que se registran en una cuenta y quedan pendientes de imputación al presupuesto. En 2023 se han contabilizado 55,8 millones de euros. 

Tal como refleja el informe del síndic, en 2023 el tipo de interés de demora para operaciones comerciales fue del 10,5 % y del 12 % para el primer y segundo semestre, respectivamente. En 2024 el tipo se elevó al 12,5 %, en el primer semestre, lo que hace prever que estos gastos seguirán creciendo.

El retraso en el pago medio a proveedores es uno de los problemas enquistados en la administación y que ha vuelto a crecer en el último año, coincidiendo con el cambio de gobierno en la Generalitat. 

Según los últimos datos del Ministerio de Hacienda, actualizados con cifras de octubre, la C. Valenciana tiene un periodo medio de pago a proveedores de 40,32 días. La autonomía valenciana es una de las que lidera la morosidad en España. En el último mes se ha producido una mejora, con la reducción de cinco días en ese periodo.

Con todo, la Comunitat Valenciana se sitúa como la tercera con una peor ratio, solo por detrás de Murcia, otra comunidad con problemas de infrafinanciación (45,38 días de media) y empatada con el Principado de Asturias (40,71). La media estatal se sitúa ligeramente por encima del límite legal, con 32,08 días de media.

Esto en cuanto a la ratio. En cuanto al volumen total de deuda no financiera, la cifra en octubre se situaba en 2.929 millones, la más alta de España en relación a su PIB, uno de cada cinco euros del total en España.

Enriquecimiento injusto

Al margen de esta situación, el informe de la Sindicatura alerta de otras formas de descontrol del gasto. Uno de los aspectos que señala es la proliferación de expedientes de enriquecimiento injusto, un recurso excepcional para afrontar pagos. Según alerta el síndic, continúa siendo muy significativa la cantidad de expedientes por parte de la Generalitat, 783 expedientes por un importe conjunto de 1.668 millones. 

«Estos expedientes corresponden a adquisiciones de compromisos de gasto u obligaciones que son nulos de pleno derecho, al ejecutarse por cantidad superior al importe de los créditos autorizados en el presupuesto y prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido», apunta el informe de la Sindicatura de Comptes.

Las facturas en los cajones crecen en 461 millones los últimos 10 meses

Otro de los efectos colaterales de los problemas presupuestarios de la Generalitat a efectos contables es el crecimiento constante de la cuenta 413, la de «acreedores por operaciones devengadas», también conocido como facturas en los cajones. Se trata de pagos por servicios en cualquier tipo para los que no existe presupuesto y que se arrastran, con lo que lejos de reducirse sigue creciendo. El 76,2% de las obligaciones reconocidas devengadas no imputadas al presupuesto de 2023 se generan en la Conselleria de Sanidad. 

Según el informe de fiscalización de 2023, que analiza los últimos meses del Botànic y los primeros del nuevo Consell de Mazón, esa cuenta arroja un saldo de 1.767,7 millones, lo que supuso un 16,6% más que en el ejercicio anterior. Pese a los intentos del nuevo Consell por ponerle freno, se trata de una cantidad que no ha dejado de crecer. Según los datos de la Intervención de la Generalitat a fecha 31 de octubre de 2024, las facturas en los cajones se sitúan en 2.228 millones. Son 461 millones más que los que tenía la Generalitat al cierre del ejercicio 2013.

Tal como explica el síndic respecto al comportamiento del gasto sanitario, principal origen de estas facturas, el significativo volumen de los expedientes de enriquecimiento injusto (sobre todo en Sanidad y en parte en Servicios Sociales) absorbe un porcentaje muy elevado de los créditos presupuestarios del ejercicio en curso, lo que provoca el incremento de esta cuenta 413 en cada ejercicio. Al respecto, la Sindicatura echa en falta «medidas correctoras» del recurso excepcional a estos expedientes y añade que la Conselleria de Sanidad «continua sin elaborar» el plan de acción que exige la Viceintervención General de la Administración sanitaria.

En 2023 se aprobaron un total de 783 expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto por un importe conjunto de 1.668,4 millones, de los cuales 1.473,5 corresponden a Sanidad.

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