Un protocolo protegerá a los docentes de agresiones, amenazas y humillaciones

Los centros educativos van a poder activar un protocolo frente a las agresiones que sufren los profesores, ya sean físicas o verbales, de carácter amenazante, humillantes, discriminatorias, intimidatorias o situaciones de acoso, incluyendo las que se ejercen a través de los medios digitales. Tendrán que ser, eso sí, actos que estén tipificados como delito grave, delito menos grave y delito leve. 

La Conselleria de Educación está perfilando un plan de apoyo, asesoramiento y acompañamiento al personal que preste servicios en los colegios e institutos ante la demanda del profesorado y de los sindicatos por el incremento curso tras curso de este tipo de conductas.  

Y es que las presiones de padres que están en contra de las notas que le han puesto a sus hijos y las burlas en las redes sociales hacia los docentes, la desobediencia y la falta de educación, por parte del alumnado, se han convertido en un foco de preocupación en las aulas. 

La nueva hoja de ruta obligará al director del centro a remitir en menos de 24 horas un minuicioso informe a la dirección territorial que corresponda con los detalles sobre el profesional agredido, la   identificación de la persona presuntamente agresora, testimonios y las actuaciones inmediatas realizadas en el centro educativo para preservar la seguridad de la persona agredida, entre otras informaciones, además de informar a la Inspección de los hechos, según el borrador que ha comenzado a ser consensuado con la comunidad educativa.

El departamento, dirigido por José Antonio Rovira, ha estimado oportuno aplicar el protocolo ante agresiones producidas en actividades lectivas, pero también durante las actividades complementarias o extraescolares, así como en el horario del transporte o del comedor.

Con ello, estas pautas también estarán destinadas al personal no docente de atención educativa y personal de administración y servicios de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunitat Valenciana y también concertados.

El nuevo protocolo busca ser más clarificador que los reglamentos actuales para saber cómo actuar a la hora de un conflicto, especialmente, para los equipos directivos y también refuerza la colaboración con otras Administraciones, según sindicatos consultados por este diario. Como ejemplo, la Abogacía de la Generalitat podrá intervenir y la persona agredida puede disponer de asesoramiento jurídico y asistencia psicológica dirigiéndose a la Red de Oficinas de la Generalitat de Asistencia a las Víctimas del Delito de la Generalitat.

En definitiva, con este plan lo que pretende hacer el Consell es adecuar las normas existentes y dejar claros cuáles son los pasos que hay que dar ante casos de violencia escolar. El conseller ha venido asegurando a lo largo de este curso que el anterior Gobierno valenciano hizo una resolución «que nunca se hizo efectiva, por lo que nunca se llegó a aplicar» y defendió que dar cobertura al profesorado «es una prioridad para la conselleria». Desde hace un año ya, su departamento está trabajando en la actualización del decreto que regula la convivencia en el sistema educativo.

Primer paso

Lo primero que tendrá que hacer el equipo directivo ante cualquier agresión al personal del centro educativo es prestar auxilio y ayudar a contener la situación por parte del personal presente en el momento, y, si es necesario, se solicitará ayuda inmediata a los cuerpos y fuerzas de seguridad, bien sea la Policía local, Policía Nacional o Guardia civil para que se persone en el colegio o instituto. 

El borrador del protocolo, que está por aprobar de forma definitiva, también contempla que ante una agresión, la víctima se dirigirá al centro de salud de referencia u hospital próximo o, en función de la gravedad de las agresiones, el equipo directivo llamará al servicio de urgencias. En cualquier caso, se solicitará un parte de lesiones el cual formará parte del expediente administrativo.

 Si los hechos objeto de la agresión pueden constituir delito, la persona agredida podrá presentar una denuncia ante el Ministerio fiscal, del Juzgado de guardia, o en cualquier dependencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Asimismo, si la persona o personas presuntamente agresoras son parte del alumnado del centro educativo, la dirección tendrá que aplicar medidas (contempladas en el Decreto de Igualdad y Convivencia en el sistema educativo valenciano) que pueden ir desde la amonestación verbal o por escrito, la realización de trabajos específicos, hasta la expulsión durante tres días de las clases.

Accidente de trabajo

Asimismo, la Conselleria de Educación también considerará las agresiones sufridas por el personal empleado público en el ejercicio de sus funciones, como accidente de trabajo, como han venido reclamando los sindicatos. Ante ello, el director o directora del centro educativo tendrá que garantizar que se cumplimente el CAT (comunicado de accidente de trabajo) para remitirlo al órgano competente. 

Por su parte, cuando los trabajadores de los centros educativos hayan tenido un conflicto de este tipo, tendrán que formular la denuncia al equipo directivo para comunicar los hechos y si han sufrido daños materiales podrán acudir a la vía de responsabilidad patrimonial de la Administración, además de solicitar asistencia jurídica ante la Dirección Territorial de Educación.

Asimismo, según el borrador del protocolo, la persona agredida podrá solicitar que le adapten o cambien de puesto de trabajo por motivos de salud, si así lo valora el facultativo médico del servicio de prevención de riesgos laborales.

Otra de las garantías que recoge el plan de actuación es la creación de una comisión de seguimiento tras un caso de agresión. Este órgano estará formado por representantes de la Conselleria de Educación.

Suscríbete para seguir leyendo