Crónica 2024: El año de la riada mortal
La catástrofe con 223 víctimas mortales y tres desaparecidos fue también un zarpazo económico y ambiental. El lodo y las pilas de coches destrozados conviven aún con la reconstrucción
Un tren de tormentas muy adversas empujadas a las cabeceras fluviales, un río atmosférico cargado de humedad desde la zona ecuatorial africana, y hasta once tornados en la Ribera Alta resumen la fatídica combinación de eventos extremos del pasado 29 de octubre. Fue una gota fría sin precedentes. El más cruel ejemplo de los efectos del cambio climático, con un poder de destrucción cuya huella tardará en borrarse en las localidades más afectadas. Un día en el que ni las alertas meteorológicas, ni las hidrológicas, tuvieron una traslación temprana y efectiva a la población por parte de los responsables de Emergencias. ¿Qué falló? ¿Dónde estuvo el error? Dos meses después esos, y otros muchos interrogantes, siguen sin una respuesta certera para la catástrofe natural con mayor número de víctimas mortales en la historia reciente de España.
Las 223 pérdidas humanas, con tres desaparecidos, son las cifras más dolorosas de un episodio de una magnitud que no deja de impactar todavía ahora. Las campas llenas de coches, el barro aún por retirar de calles y garajes y las viviendas irreconocibles conviven con la reconstrucción a marchas forzadas de lo arrasado por aquella devastadora lengua de agua, piedras y fango que engulló todo. A las 18:55, con la violencia de la barrancada, desaparecía el único caudalímetro que la rambla del Poyo tenía en Riba-roja de Túria. Marcaba a esa hora 2.282,904 metros cúbicos por segundo. Ocho veces lo que porta el Ebro a su paso por Tortosa, buscando un cauce transfigurado desde hace décadas por un desarrollismo no siempre bien planificado o sometido a intereses poco respetuosos con el territorio. Construcciones casi en lechos fluviales, polígonos industriales solapados entre sí, áreas comerciales, casas y vehículos, miles, quedaron engullidos en cuestión de minutos.
El horror dio paso a una incredulidad que aún permanece. ¿Cómo fue posible tanta destrucción en parte de l’Horta Sud? La ahora denominada zona cero comprende 2.200 hectáreas en las que habitan unas 325.000 personas con una tasa de urbanización del 90 %. De las más elevadas de la Comunitat Valenciana. Unas 75.000 viviendas quedaron anegadas, lo cual lleva a pensar en expertos como Jorge Olcina o Samira Khodayar que reclaman desde hace años una adaptación urgente a estos fenómenos cada vez más recurrentes. Evolucionar hacia urbes resilientes, preparadas para amortiguar episodios como los del 29-0.
Una gota fría largamente anunciada
¿Algo inducía a pensar en una devastación así? La tragedia había empezado a gestarse la madrugada de aquel último martes de octubre sobre Alzira. La dana que llevaba varios días anunciando la Agencia Estatal de Meteorología se había reactivado, con el agravante de que el viento de levante la empujaba hacia las sierras próximas a la costa, situándose sobre la Ribera Alta, la Hoya de Buñol y la Plana de Utiel-Requena, donde descargaría con persistente virulencia en los puntos críticos. En municipios como Llombai los problemas se sucedían desde primera hora de la mañana con calles anegadas y coches arrastrados por el agua. En el otro frente del desastre, la rambla del Poyo, se experimentaba la primera crecida inusual sobre las doce del mediodía obligando a la Confederación del Júcar a remitir a Emergencias un aviso para que se adoptaran medidas de prevención.
Una mirada retrospectiva de aquella jornada induce a pensar que las continuas actualizaciones de la Aemet con los niveles de alerta surgieron efecto solo en algunas instituciones como la Diputación de Valencia, la Delegación del Gobierno o incluso el día antes la Universitat de València, que cancelaron agendas o enviaron al personal a casa con antelación. Mucha gente, por contra, seguía mientras con sus quehaceres, rutinas y trabajos habituales. Como si nada ocurriera cuando en Chiva o Utiel los desbordamientos eran ya letales. En Turís se llegaron a alcanzar 800l/m2, el doble de lo que suele llover en toda la Comunitat Valenciana en un año.
Lo cierto es que para cuando se lanzó el mensaje EsAlert a la población era tarde para muchas personas. Pasaban las ocho de la noche. El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) se había convocado a las 15.30 horas pero no se había constituido hasta las 17 horas. Una tardanza que nadie se explica. Qué paso en aquella sala del 112 de l’Eliana esa tarde continúa siendo también una incógnita. Los tres representantes del Estado: Delegación del Gobierno, Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) asistieron de forma telemática. El resto, presencialmente. Sin actas, ni grabaciones de aquellas horas el relato ha ido construyéndose a base de retazos. Con el presidente de la Generalitat Carlos Mazón en una comida con muchos claroscuros y ausente hasta cerca de las ocho de la noche, a las 18.30 ya estaba sobre la mesa la posibilidad de confinar e incluso evacuar las zonas más expuestas a la riada. ¿Por qué se demoró dos horas esa decisión tan decisiva?
La investigación judicial que se prevé larga y en varios frentes podrá ayudar a esclarecer las muchas lagunas de un caso donde el cruce de acusaciones entre el Gobierno central y el autonómico ha sido una constante desde los primeros días. El Consell no dudó en señalar muy pronto a la CHJ y la Aemet por la falta de avisos, responsabilizando incluso a la en aquellos momentos ministra Teresa Ribera. El lodo, mientras, continúa todavía en muchos pueblos de la zona cero. Con él recibieron a los reyes Felipe y Letizia la primera semana, en una mezcla de ira y desesperación amplificada por algunos grupúsculos de la ultraderecha. Otra imagen inédita.
Al impacto emocional de aquel desastre, que no se ha amortiguado, se suma el no menor de lo económico. El zarpazo al corazón comercial e industrial de la provincia de Valencia deja una factura para la Comunitat Valenciana, sus administraciones y su tejido empresarial que supera los 22.102 millones. Las primeras estimaciones del Consejo General de Economistas señalan que la dana ha afectado a 15.700 empresas. A ello se suma el destrozo en infraestructuras básicas como carreteras, vías y estaciones depuradoras. Solo en la recuperación de autovías y el servicio ferroviaron el Ministerio de Transportes ha tenido que movilizar más de 380 millones de euros y la Conselleria de Medio Ambiente eleva a más de 2.600 millones los daños en sus infraestructuras.
La ferocidad del agua en su vertiginoso transcurrir se llevó por delante más de 130.000 vehículos, que en muchos puntos contribuyeron al colapso de puentes y pasarelas. También quedaron arrasados colegios y centros de salud. Los daños materiales a las familias, hogares, coches y motocicletas, superan los 3.500 millones de euros según las estimaciones del Consorcio de Compensación de Seguros. En cuanto al desastre ambiental, los enclaves peor parados han sido los dos pulmones verdes del área metropolitana: el Parc Natural del Túria y el de l’Albufera. Dos escudos además frente a los efectos del calentamiento global que en la zona mediterránea tendrá consecuencias más graves. Esta última gota fría certifica la necesidad de mejorar, sin dilaciones, los sistemas de alerta, los de información automática hidrológica y la red de pluviómetros. También los protocolos de emergencias y la toma de decisiones para preservar a la población y evitar muertes. Son inversiones inaplazables.
La magnitud del temporal deja unas cifras descomunales en todo y aunque las estampas de desolación se han sucedido desde aquel terrible día, quedan otras muy simbólicas. Las de la solidaridad de miles de voluntarios anónimos armados con cubos, palas y escobas camino del barro. Una ayuda crucial de la falsamente bautizada como generación de cristal en una zona donde el estupor, dos meses después, todavía persiste.
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