Caturla será juzgado por alzamiento de bienes el 10 de junio

La vista llega diez años después de que se judicializara el caso Taula

El auto ve indicios de que trató de reducir su patrimonio cuando supo que podía ser investigado

Máximo Caturla a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia, en enero de 2023.

Máximo Caturla a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia, en enero de 2023. / Manuel Bruque/EFE

El exvicepresidente de la Diputación de València, entre otros cargos, Máximo Caturla, será juzgado el próximo 10 de junio en el Juzgado de lo Penal 18 de València por un presunto delito de insolvencia punible por alzamiento de bienes mientras era investigado en el caso Taula, según ha podido saber Levante-EMV.

Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción reclama para Caturla dos años y medio de prisión y una multa de 20 euros al día durante 18 meses, unos 10.800 euros

Caturla ya está condenado, en una sentencia que aún no es firme, a cinco años de cárcel en la pieza de los zombis en Ciegsa e Imelsa del caso Taula. Los hechos por los que se le va a juzgar en 2025 habrían consistido en que supuestamente se habría desprendido de parte de su patrimonio inmobiliario entre 2014 y 2015, antes de que fuera detenido el 26 de enero de 2016, cuando estalló la operación Taula.

Este nuevo juicio llega diez años después de que se judicializara el caso Taula, en marzo de 2015, (en agosto de 2014 la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias penales por estos hechos). Y nueve años desde la detención de Caturla, que se cumplen este mes.  

«Reducción de patrimonio»

Los indicios del presunto alzamiento de bienes se produjeron «en el periodo comprendido entre octubre de 2014 y noviembre de 2015» cuando Caturla fue «conocedor de que podía estar siendo investigado penalmente por hechos producidos de 2003 a 2007 cuando desarrolló actividad política como secretario autonómico de Educación y como consejero delegado de la empresa pública Ciegsa (Construcciones e infraestructuras educativas de la Generalitat SA)».

Ante estas circunstancias, Caturla contrató a un despacho de abogados, cambió de móvil y «con la finalidad de evitar, aminorar, o dificultar el embargo y apremio de sus bienes, llevó a cabo una serie de operaciones tendentes a reducir o gravar su patrimonio personal inmobiliario y a derivarlo hacia la empresa y sociedad familiar de la que hasta entonces era socio mayoritario», según el auto de procesamiento de Caturla dictado por el Juzgado de Instrucción 18 que dio por finalizada la instrucción judicial el 6 de octubre de 2022. n

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