La Audiencia decide que el juzgado del caso Emarsa investigue una denuncia por la dana

La sección segunda de la Audiencia de València comunicó ayer su decisión de que sea el Juzgado de Instrucción 15 y no el de Instrucción 20 quien investigue los hechos denunciados por el pseudosindicato Manos Limpias sobre la gestión de los efectos de la dana que ha dejado 224 víctimas mortales (apenas un centenar cuando se presentó la denuncia) y tres personas desaparecidas. El auto de la sección segunda notificado ayer, aunque se dictó el 20 de diciembre, no entra a valorar si el Juzgado de Instrucción 15 también debe asumir otras denuncias o diligencias previas abiertas por los 224 fallecimientos porque no era objeto de esta cuestión. Y porque tampoco nadie lo ha planteado aún.

Guía para entender la hoja de ruta judicial de la dana

De hecho, hay otras dos querellas presentadas por la asociación de ultraderecha Hazte Oir contra la delegada del Gobierno Pilar Bernabé y responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que recayeron en el Juzgado de Instrucción 10, que las inadmitió por un defecto de forma, decisión que se ha recurrido. Y en breve pasarán a reparto tanto la querella de Podemos como la del sindicato CGT, que anunció su intención de presentarla ante un Juzgado de Instrucción, tras inadmitir el TSJCV su querella, y otras seis querellas y denuncias más, contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. 

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Así que en los próximos meses se puede producir una letanía de admisiones, inadmisiones o inhibiciones de los distintos juzgados donde recaigan las querellas o demandas por la gestión de la dana, hasta que «alguien» decida que todas deben reunirse en un único juzgado.

Decisión "prematura"

Sobre la competencia entre el Juzgado de Instrucción 15 y 20 respecto a quien debe hacerse cargo sobre la querella de Manos Limpias contra los responsables de la Agencia valenciana de seguridad y respuesta a las emergencias, Emilio Argüeso; la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Miguel Polo; y la Agencia estatal de meteorología (Aemet), Maria José Rallo, la sección segunda señala que sería el Decanato de los Juzgados de València quien debería resolver la cuestión. Ya que a la Audiencia de València solo le correspondería «resolver sobre la acumulación de procesos o causas abiertas». 

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Aunque para hacerlo, el Juzgado de Instrucción 15 debería haber resuelto sobre la admisión a trámite o no de la denuncia, algo que no llegó a realizar. Y en segundo lugar para poder acumular las diligencias del Juzgado de Instrucción 15 con las del 20 se debe cumplir lo previsto en el artículo 17 de la Lecrim (Ley de enjuiciamiento criminal) que prevé «el enjuiciamiento conjunto de delitos conexos o con relación entre sí, siempre que se cumplan determinadas condiciones». Y que en este caso no se cumplen, según los tres magistrados de la sección segunda de la Audiencia de València que firman el auto (José Manuel Ortega Lorente, Pedro Antonio Casas Cobo (ponente) y José María Nacarino Lorente.

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La denuncia de Manos Limpias por «presuntos delitos de homicidio imprudente, imprudencia grave de lesiones y daños por imprudencia)» no encajan en los supuestos de conexidad (cometidos como medio para cometer otros, procurar la impunidad de otros delitos o cometidos previo concierto de dos o más personas». Para investigarlos los delitos de forma conjunta debe solicitarlo la Fiscalía, recuerdan los tres magistrados. Y para el Ministerio Público aún era prematuro sumar las diligencias del 15 al 20 porque aún no se conocía el resultado final de la autopsia. 

El Juzgado de Instrucción 15 tiene en su haber la investigación del caso Emarsa, la macrocausa de corrupción que acabó con 24 condenados a 97 años de cárcel por el saqueo de la depuradora de Pinedo que supuso el desvío de 23,5 millones de euros de presupuesto público. Este mismo juzgado y juez es el que abrió diligencias por el trato a la menor que sufrió abusos por un monitor, exmarido de la exvicepresidenta de la Generalitat y exconsellera de Igualdad, Mónica Oltra, y que archivó la causa, aunque la Audiencia le ha obligado a reabrirla y la ha abocado al juicio oral.  El Juzgado de Instrucción 20 es el que instruyó los asesinatos de Marta Calvo, Lady Marcela Vargas y Arliene Ramos, y otros seis en grado de tentativa, por los que fue condenado a prisión permanente revisable Jorge Ignacio Palma.