Compromís critica que el retraso con la consulta a las familias provocará "el caos" en la admisión escolar

La consulta a las familias ha sido, desde que se planteó, una de las medidas más polémicas del conseller de Educación José Antonio Rovira. Su anuncio puso en pie de guerra a gran parte de la comunidad educativa y a todas las entidades en defensa del valenciano, que lo vieron como un ataque a la lengua.

Unas reivindicaciones que han capitalizado los partidos de la oposición (PSPV y Compromís), que este jueves se reunieron en el edificio de Las Corts con representantes de la comunidad educativa para "compartir estrategias y diferentes acciones que se están preparando" para combatir esta ley.

A las reuniones asistieron representantes de la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya, FAMPA València, los sindicatos de la enseñanza STEPV, CCOO-PV y UGT-PV, la Asociación de Directoras y Directores de Infantil y Primaria, la Asociación de Directoras y Directores de Secundaria, Famílies pel Valencià, Escola Valenciana, ACPV, Plataforma per la Llengua, Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc i la Societat Coral El Micalet.

La consulta a las familias se debía haber celebrado en noviembre, pero la dana la retrasó hasta hoy. El portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana, avisa de que este retraso provocará "el caos" en la admisión escolar. El diputado critica que "tal como va el proceso de tramitación, los números no salen, puesto que no tenemos ninguna constancia del obligado informe de Abogacía de la Generalitat, ni que se haya enviado el proyecto de orden al Consell Jurídic Consultiu para su estudio". Compromís estima que la consulta no se aprovará hasta febrero, lo que deja con poquísimo margen a Educación ya que el proceso de admisión escolar inicia en marzo, lo que atropellaría el inicio del curso escolar.

Conselleria niega esto, y dice que al ser tramitada como orden sí que tendrá tiempo para poder realizarla. Rovira defendió hoy la consulta de lengua base “para dar libertad a las familias y aplicar un sistema equilibrado sin imposiciones”. Los padres tendrán que elegir la lengua mayoritaria en que desean que estudien sus hijos entre valenciano y castellano en colegios e institutos, siempre con un mínimo del 20 % en una lengua tal y como estableció la justicia.

La Ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, criticó la "desastrosa gestión de la dana" por parte de Conselleria que ha tratado de "vender una normalidad que no existe" obligando "de manera forzosa a abrir centros escolares".

4.000 alegaciones, protestas y pendientes del Constitucional

Según informó recientemente el sindicato Stepv, se presentaron más de 4.100 alegaciones a esta ley, todas rechazadas por Conselleria de Educación en una respuesta de 10 líneas, para seguir adelante con el proceso. Tras esto, la Plataforma para la defensa de la Enseñanza Pública ha convocado protestas en los patios de los centros escolares cada jueves, empezando hoy.

Pero no quedan ahí las resistencias a la legislación, la ley de libertad educativa fue llevada al Tribunal Constitucional en septiembre por Compromís, que recabó los apoyos suficientes (50 diputados) gracias a la mayoría plurinacional. El partido considera que las medidas recogidas en el texto van en contra de la legislación nacional. El Tribunal aceptó recientemente la denuncia y desde el partido valencianista confían en la posibilidad de frenar la medida si se aprueban medidas cautelares.

Así funcionará la consulta

Quince puntos por cada hermano matriculado en el centro, diez por vivir en el mismo municipio, siete por discapacidad y 3 por familia numerosa o monoparental. Es el baremo de puntos que ha creado la Conselleria de Educación para la consulta sobre la lengua base a las familias, que está prevista para principios de 2025.

Con la lengua base se refiere al 50 % de las horas lectivas en el centro. La jurisprudencia ha blindado que hay que impartir como mínimo un 25 % de clases en valenciano, castellano e inglés, por lo tanto, cada centro puede organizar estos porcentajes como considere oportuno (por ejemplo, un 50 % en valenciano, un 25 en castellano y un 25 en inglés). El inglés no puede ser lengua mayoritaria.

Aún existen muchas dudas sobre la aplicación de esta consulta ya que es la primera vez que se hace, pero en la práctica esto supondría volver a algo parecido a la doble línea de valenciano y castellano en los centros, ya que si hay un número suficiente de familias que votan una lengua, se montarán una línea en ese idioma mayoritario.

El problema que ya criticó la oposición es los casos donde una minoría de familias insuficiente para formar una clase vota en una lengua. En este supuesto, ese alumnado sería matriculado en una lengua que sus padres no han votado. Este baremo ordenaría el alumnado que entra o no entra a estudiar en la lengua de su elección en estos casos.

Sistema equilibrado

Rovira ha defendido que el resultado de la consulta “permitirá un sistema equilibrado, porque la diferencia entre la lengua base elegida y las asignaturas que se impartan en la otra lengua será de un 20%. Por tanto, se trata de que el alumnado tenga plena competencia en las dos lenguas cooficiales de la Comunitat Valenciana”.

El conseller ha incidido, asimismo, en que en las zonas castellanohablantes se garantizará que todo el alumnado curse como mínimo la asignatura de valenciano, aunque pueda pedir la exención de su evaluación, y que las familias puedan elegir también el valenciano como lengua base si así lo desean.

“Ahí está la diferencia entre poder elegir e imponer, que es lo que pasaba con la anterior administración y no tenía ningún sentido en zonas declaradas solo castellanoparlantes por la Llei d'Ús”, ha manifestado.