Educación sigue sin contratar 1.900 profesores pese a que el TSJ le obliga desde hace casi 4 meses

Educación lleva casi 4 meses retrasando la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que le obliga a contratar 1.900 profesores. La sala ha enviado incluso un escrito recordando que tiene que acatarla, mientras Educación dice que le falta el visto bueno de Hacienda y necesita más tiempo. El sindicato Stepv asegura que presentará una querella si no empieza a contratar docentes en una semana.

La cronología es la siguiente: Educación anunció en mayo de 2024 (a la mañana siguiente de una huelga general docente) que tumbaba un acuerdo de plantillas firmado por el Gobierno anterior y que suponía contratar 1.900 profesores. Conselleria adujo que, al haberse firmado en funciones, el acuerdo no tenía validez.

Los sindicatos recurrieron esta decisión a la justicia y ganaron. El 18 de septiembre de 2024 el TSJ suspendió cautelarmente el intento de Conselleria de Educación de tumbar el acuerdo. En octubre la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo emitió su sentencia firme, y días después dimitieron los responsables de las plantillas de profesores de Conselleria.

Desde entonces el departamento de Campanar ha intentado ganar tiempo para la aplicación de la sentencia. Primero Conselleria pidió al tribunal que le explicaran cómo tenían que cumplir con el fallo y después argumentaron que no habían presupuestado el dinero suficiente para contratar esos profesores. Tras esto, el TSJ mandó una carta a Educación apremiándole a aplicar la sentencia y pidiendo el nombre del funcionario responsable de la contratación de estos docentes para actuar contra él en caso de desobediencia. Durante estos meses la presión y el hartazgo de los sindicatos también ha ido en aumento.

En noviembre Conselleria aseguró que cumpliría con la sentencia, pero que haría la contratación "de manera gradual" empezando este 9 de enero. Finalmente, este jueves se adjudicaron 94 plazas, las mismas que el año pasado para cubrir jubilaciones, es decir, ni una sola nueva. Educación alega ahora que no tiene el visto bueno de Hacienda para movilizar el dinero, y atrasa una semana más, hasta el jueves 16 de enero, las tan ansiadas contrataciones.

Una nueva orden en paralelo

En una mesa de negociación con los sindicatos el director general de personal docente, Pablo Ortega, aseguró que el próximo martes 14 de enero sólo podrían añadir 10 vacantes del cuerpo de profesores (5 en Valencia, 2 en Castellón y 3 en Alicante) de las 1.900 que se necesitan.

El sindicato Stepv considera "lamentable" este "incumplimiento de la sentencia" y afirma que está estudiando nuevas acciones como denunciar a la Conselleria por la vía penal para obligarle a cumplir con el fallo del tribunal.

Educación, mientras tanto, lleva tiempo trabajando en una nueva orden de plantillas que sustituya al acuerdo del Botànic. El conseller José Antonio Rovira lo propuso a los sindicatos en una mesa de negociación a finales de noviembre, pero estos se negaron en redondo al temer que la nueva orden trajera menos contrataciones de profesores. En su lugar, le volvieron a recordar que acatara lo previsto en la sentencia del TSJ. Pese a esto, el departamento de Campanar sigue trabajando en la elaboración de la orden que sustituya a la polémica del Botànic.

Legislatura en los tribunales

El conseller José Antonio Rovira lleva a penas lleva año y medio en el cargo, y por su departamento ya han pasado 4 asuntos que han caído en los tribunales. El intento fallido de vetar los estudios de Medicina en la Universidad de Alicante es el primer gran varapalo judicial que ha recibido su conselleria, tras confirmar el TSJ a mediados de diciembre que el grado debía mantenerse.

Por otra parte, la ley de libertad educativa (una de las medidas estrella del programa electoral del PP en materia de Educación) está en el Tribunal Constitucional después de que Compromís consiguiera los apoyos necesarios en el Congreso para ello. El objetivo de la coalición valencianista es tumbarla porque considera que contradice la ley de Educación estatal. Esta ley contiene, posiblemente, la medida más polémica del conseller Rovira, la consulta de lengua base en los centros, que puso en pie de guerra a sindicatos y gran parte de la comunidad educativa desde el inicio.

El plan Edificant es otra de las áreas que están en los tribunales. El conseller Rovira anunció el año pasado que paralizaba las actuaciones en 15 centros por el mismo motivo por el que intentó tumbar el acuerdo de plantillas: la anterior consellera, Raquel Tamarit (Compromís) las aprobó en funciones. Los alcaldes de Burjassot, Mislata, Sagunt, Quartell, Senyera y Albalat del Sorells lo llevaron a los tribunales el pasado mes de septiembre.

El acuerdo de plantillas es el último capítulo de una legislatura marcada -hasta el momento- por los tribunales, donde la oposición ha llevado varias de las medidas estrella del conseller José Antonio Rovira.

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