El Gobierno permite continuar con la estabilización de interinos pese a sobrepasar el plazo legal para acabar los procesos
El ministerio dio tres años en 2021 para rebajar la temporalidad y ahora abre la mano con los procesos no finalizados pero sí convocados, como el centenar de plazas de la corporación
El Consell convocó 3.800 plazas pero sólo 250 han tomado posesión a 31 de diciembre, según UGT

Pleno de la Diputación de Valencia, en una imagen de archivo. / Levante-EMV
Balón de oxígeno para los interinos. Y también para las administraciones. El Gobierno ha emitido una comunicación en la que mantiene la validez de los procesos de estabilización de personal que tenían que estar resueltos antes de que terminara 2024, aunque se haya incumplido ese plazo y aún estén en marcha. Según la circular de la Dirección General de Función Pública, si un proceso fue convocado en plazo, se puede prorrogar su resolución. "En casos en que por causas justificadas no se pudiera cumplir con el plazo de resolución de los procesos [31 de diciembre de 2024], la administración podría continuar con tales procesos hasta llevarlos a término, a la mayor celeridad", reza el documento informativo.
Hace tres años, a finales de 2021, el Gobierno de España aprobó el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que daba a las administraciones tres años de margen para bajar la ratio de interinos por debajo del 8% en el conjunto de las administraciones. Era un compromiso que adquirió el Gobierno con la UE a través de las reformas contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y suponió también cumplir con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo.
Al amparo de esa norma, se convocaron multitud de procesos en toda España, en todas las administraciones, para consolidar miles de plazas ocupadas de manera temporal. Y en muchos casos, ha habido problemas que han impedido cumplir el plazo, como ha pasado en la Diputación de Valencia. Aunque persisten las dudas legales, con esta circular del Gobierno la Diputación de Valencia se siente amparada para seguir con los procesos de estabilización que aún no están finalizados pese a que tenían que estar culminados el 31 de diciembre de 2024.
Cabe destacar que una sentencia en contra llevó a la diputación a paralizar la estabilización de un centenar de puestos ocupados por temporales, en algunos casos desde hace muchísimos años. En concreto, la diputación tenía en marcha 28 procesos para estabilizar un centenar de plazas. Eran 5.539 aspirantes los que se habían presentado a estas convocatorias, algunos de concurso-oposición, con examen; otros únicamente por concurso de méritos.
Méritos desproporcionados
En marzo de 2024, un juez cuestionó una de las bases que regulaban estos procesos, por dar una puntuación desmesurada a la experiencia adquirida dentro la diputación, frente a la de los empleados de otras administración en la misma categoría. Aquella sentencia, y un informe jurídico interno, llevó a la decisión de suspender los procesos y anularlos finalmente para rehacer las bases de acuerdo a aquella sentencia y volver a empezar. La dilación hizo que los plazos se echaran encima, de modo que se ha incumplido la obligación de que “la resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024” (artículo 2.2).
A pesar de esto, la diputación ha decidido seguir adelante. La Dirección General de la Función Pública del Gobierno ha emitido esta comunicación a preguntas de UGT, que comparte que los procesos de estabilización no finalizados totalmente el 31 de diciembre no decaen ni caducan y pueden desarrollarse hasta su finalización. De interpretarse de manera literal la norma, podrían haber decaído muchos procesos, lo que, en opinión del sindicato, “supondría una vulneración de los derechos y expectativas de las personas incluidas en estos procesos”.
Entre las razonas que llevan a Función Pública a concluir que estos procesos siguen siendo válidos, figura que las plazas ya convocadas son un acto administrativo que vinculan a la administración convocante. Sobrepasar la fecha del 31 de diciembre no implica el decaimiento de los procesos que están en marcha, pues resultaría contrario al objetivo y finalidad de la ley de reducir la temporalidad. Ante esta decisión, UGT Serveis Públics ha mostrado su acuerdo ya que este proceso “ha tenido mucha conflictividad y eso ha provocado retrasos”, aunque “exigirán responsabilidades” tanto a nivel político como de gestión a las administraciones que no hayan cumplido y paralizado los procesos porque han dejado a empleados sin opción de consolidar.
La Generalitat Valenciana, por su parte, también tiene procesos de estabilización al amparo de esta ley de 2021 que no han concluido a tiempo. Según información facilitada por UGT, se lanzaron en torno a 200 convocatorias al amparo de la ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad, de las cuales sólo han concluido dos procesos. Han tomado posesión 250 de las total de 3.800 plazas convocadas en el ámbito de la administración general (al margen de sanidad o sector público). En enero, habrá más tomas de posesión, pero a 31 de diciembre solo 250 lo habían hecho.
Desde la central creen que la temporalidad difícilmente bajará del 20% a no ser que empiecen a cesar a interinos y en ese caso la administración se paralizará. El proceso, eso sí, permitirá reducir el número de interinos de larga duración, pero la temporalidad seguirá porque además de que se siguen nombrando interinos (con un límite de tres años) no han salido todas las plazas posibles, concluyen.
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