El Consell recorta una ayuda de la dana en el decreto sobre impuestos verdes
El Ejecutivo autonómico reduce "sustancialmente" el número de beneficiarios de la bonificación fiscal por invertir en empresas afectadas por la catástrofe

Local comercial en un centro comercial de Alfafar, a principios de año. / Germán Caballero
Hasta las disposiciones finales todo es parte de la norma. Lo demuestra el decreto-ley el 17/2024 que tiene como principal objeto (y así lo señala su título) la "mejora de la fiscalidad verde y el desarrollo de la actividad económica" y en el que, además de frenar sobre la bocina la entrada en vigor de tres impuestos creados por el Botànic, enmienda una de las ayudas aprobadas por el propio Ejecutivo autonómico para las empresas afectadas por la dana, reduciendo "sustancialmente" sus beneficiarios.
El texto que se votará el próximo miércoles en las Corts además de eliminar el impuesto de las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, el de emisión de gases de efecto invernadero y el gravamen sobre los grandes establecimientos comerciales por su contaminación, modifica la bonificación del IRPF aprobada en noviembre para aquellas personas que invirtieran en empresas situadas en los municipios dañados por el temporal, una de las medidas incorporadas en el segundo paquete de ayudas del Consell impulsado en noviembre.
En concreto, la medida busca fomentar que las empresas de las zonas de la dana ganaran liquidez a partir de ofrecer deducciones fiscales de hasta 9.900 euros a quienes aportaran fondos propios. Esta sigue y seguirá en vigor en caso de que el decreto-ley reciba el visto bueno, no obstante, verá reducido considerablemente su ámbito de aplicación y el número de contribuyentes y compañías que podrían verse beneficiadas respecto a la medida inicial, algo que incluso señala la propia memoria económica de la Dirección General de Tributos.

Establecimiento de comida rápida cerrado en Alfafar. / Germán Caballero
Entre los cambios existentes entre la redacción aprobada en el primer decreto en noviembre y la enmienda que se votará el miércoles en las Corts destaca, en primer lugar, el ámbito temporal. Así, especifica que la bonificación del 45 % en el tramo autonómico del IRPF de las cantidades aportadas solo podrá realizarse de las cuantías aportadas entre el 13 de noviembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, una forma de evitar que se beneficien las realizadas, por otros motivos, antes de la dana, pero durante el ejercicio de 2024.
Más reducirá el número de beneficiarios la incorporación como requisito que la empresa a la que se haga esta inversión haya tenido que estar en situación de ERTE (o al menos haberlo solicitado) "como consecuencia del temporal" en el momento en que entró en vigor la ayuda. Según el informe jurídico de la Abogacía de la Generalitat a esta modificación, con datos de la agencia autonómica de empleo Labora, "en fecha de elaboración de esta propuesta, la cifra de expedientes de fuerza mayor tras la dana afectaría a 1.591 sociedades" frente a las más de 34.000 existentes en los municipios dañados.
"Reduce sustancialmente"
A ello se añade una limitación no solo en beneficiarios, sino en su importe restringiendo la cuantía máxima sobre la que calcular el 45 % de deducción. En este sentido, se indica que la base sobre la que calcular esta bonificación "no podrá superar" el 30 % de la base liquidable del contribuyente que aporta la inversión. Es decir, para alcanzar los 9.900 euros que se señala como máximo de la deducción (que se logra al aportar 22.000 euros), las personas que hacen esta inyección económica deberían haber tenido una retribución de más de 66.000 euros.
Con la incorporación de estas modificaciones, es la propia directora general de Tributos y Juego, en el informe que acompaña al decreto en su remisión a las Corts, la que admite que se reducen "sustancialmente el universo de beneficiarios últimos y su posible impacto presupuestario". De hecho, señala como "coste estimado" de la medida unos 15,7 millones de euros, una cifra que se alcanzaría si cada una de las 1.591 entidades con ERTE recibiera la aportación señalada de uno de sus socios y este se pudiera desgravar los 9.900 euros máximos.
Este decreto-ley se debatirá este miércoles en las Corts en un pleno extraordinario marcado casi en exclusiva por la dana y que contará con hasta 8 decreto-ley en el orden del día. Entre ellos, el de reorganización de funcionarios y que incluye a su vez la eliminación del tope salarial de los altos cargos del Consell; el de medidas extraordinarias en materia de personal del Sistema Valenciano de Salud; el que concede un crédito extraordinario de 700 millones para financiar las actuaciones de la Generalitat en respuesta a la dana o el que prorroga la gratuidad temporal para jóvenes en el transporte público autonómico.
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