Dudas sobre el urbanismo postdana
A la enmienda a la totalidad que impulsa la Generalitat de Carlos Mazón a las directrices urbanísticas heredadas del Botànic y de la época de Isabel Bonig se suma un decreto ley de «medidas urbanísticas urgentes para la reconstrucción» que plantea más dudas que certezas. Crea nuevas figuras urbanísticas y permitirá viviendas privadas en suelo público.

Casas y unos de los puentes afectados por la barrancada junto al paso habilitado por la UME / Francisco Calabuig
La reconstrucción de los 75 municipios valencianos afectados por la dana del 29 de octubre y las posteriores barrancadas y riada va a pivotar sobre el decreto ley de «medidas urbanísticas urgentes para favorecer las tareas de reconstrucción tras los daños producidos por la dana». Un decreto ley que, como ha contado Levante-EMV, crea dos nuevas figuras urbanísticas con supuestos plazos exprés para crear «suelos finalistas para la construcción de vivienda protegida» o «planes de interés regional dirigidos también a esa misma finalidad». También se persigue «integrar adecuadamente suelos destinados a las nuevas infraestructuras hidráulicas o de otro tipo que puedan resultar necesarias».
Aunque además de estas novedades, el decreto-ley de siete folios, en vigor desde el 2 de enero pero que se tramitará como ley en las Corts para someterse a cambios, también genera dudas e incertidumbres. Dos malas compañeras en materia de urbanismo. Y más si se tiene en cuenta que se crea para garantizar algo tan necesario como la vivienda en los 75 municipios valencianos afectados por la dana. Una incertidumbre acrecentada porque cabe recordar, como se reconoce en el preámbulo del decreto ley, «se ha prescindido en su elaboración del trámite de consulta, audiencia e información pública» por «razones de interés general».
Con el añadido de que el decreto ley se adentra en un terreno inexplorado hasta ahora: la cesión de suelo público (que es «inalienable, imprescriptible e inembargable») para construir viviendas privadas. Un suelo que se deberá restituir al erario en un plazo de tres años. Propuestas que se lanzan, pero que no se desarrollan en el decreto ley, por lo que los expertos consultados por este periódico echan en falta un desarrollo posterior a través de un reglamento, del que la Conselleria de Territorio que dirige Vicente Martínez Mus que firma el decreto ley junto a Carlos Mazón, aún no da pista alguna.
El caso más acuciante es el de las viviendas más cercanas a los barrancos sobre las que se cierne la incerteza sobre si se deberían o se podrán reconstruir.
Además, la Generalitat deriva a los 75 ayuntamientos reconocidos oficialmente como afectados por la dana la responsabilidad total del proceso para ceder el suelo público dotacional que debía destinarse a colegios, centros de salud o residencias que esté vacante para construir nuevas viviendas.
Hasta ahora se desconoce si será por concurso, por concesión o con qué fórmula se elegirá a los nuevos propietarios de suelo. O si los ayuntamientos podrán optar por la gestión directa, para construir ellos mismos o a través de la Evha (Entitat valenciana d’Habitatge i sòl) o derivarán la construcción de estas viviendas a promotores privados. O incluso si podrán acogerse a una posible fórmula mixta de colaboración público-privada. Un proceso en el que la Generalitat no marca pautas conocidas, por ahora.
Fuentes del departamento que dirige Vicente Martínez Mus sí han explicado a Levante-EMV que «los ayuntamientos, caso por caso, decidirán el sistema de implantación de las viviendas en estos suelos dotacionales. El concurso, la gestión directa, o la indirecta, son procedimientos factibles. Decisión discrecional del ayuntamiento, observando las circunstancias y necesidades del caso concreto».
Pero además, sea cual sea la fórmula (gestión directa o indirecta, contrato o concesión) los ayuntamientos y promotores de las viviendas tendrían que conocer cómo deberán calcular la compensación de dotaciones: las zonas verdes, los centros de salud, escuelas u otro tipo de servicios que se calculan en base a la densidad de viviendas.
Una compensación que es independiente a la «devolución» en el plazo de tres años que el decreto ley del «urbanismo postdana» fija para el suelo público que se ocupe para construir viviendas o reubicar polígonos e infraestructuras.
Además, también existen muchas dudas sobre cómo se seleccionará a los posibles adjudicatarios y qué criterios se elegirá para adjudicarles las nuevas y futuras viviendas: ruina total en su casa original, proximidad de la vivienda arrasada a las nuevas casas, etc. La casuística es inmensa. Como las miles de viviendas afectadas por las barrancadas y la riada y las personas que las habitan.
Además, la incerteza también envuelve la decisión de la Conselleria de Territorio de suspender «todos los procedimientos urbanísticos en suelo rural, si es inundable, hasta que la Administración General del Estado apruebe la «relación programada de obras hidráulicas a realizar, valoradas económicamente, a fin de eliminar el riesgo de inundación en los municipios afectados». Los municipios afectados por esta suspensión de planes urbanísticos son, según la escueta información facilitada hasta ahora por la Conselleria de Territorio, «Aldaia, Camporrobles, Chiva (2), Llombai y Picassent (2)».
Aunque cabe recordar que esta relación programada de obras hidráulicas ya existe. A nivel autonómico y estatal. En el Patricova (Plan de acción territorial del riesgo de inundación de la Comunitat Valenciana) existe un catálogo de actuaciones desde 2003 y actualizado en 2015. A nivel estatal en el Plan de gestión del riesgo de inundación, tramitado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) desde 2021 y que se actualizará en 2027.
Por último, el decreto ley firmado por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el conseller de Territorio Vicente Martínez Mus alude a la «cartografía elaborada por la conselleria relativa a las zonas inundadas por la dana» que se desconoce públicamente. La única cartografía publicada en el Institut Cartogràfic Valencià (ICV) hasta ahora es la que ha elaborado la profesora del Departamento de Geografía de la Universitat de València Carmen Zornoza.
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