La nueva Renta de Inclusión va ligada a un informe y al control de servicios sociales
El anteproyecto de ley de la nueva Renta Valenciana de Inclusión condiciona el acceso a un informe de vulnerabilidad que realizarán los servicios sociales municipales y a un Plan de Atención Individualizado con un "itinerario" a seguir para todos los miembros de la unidad, personalizado a sus características

Imagen de archivo sobre ayudas sociales y familias empobrecidas / Save The Children
La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha diseñado una nueva Renta Valenciana de Inclusión (RVI) que incluye, como requisito indispensable para su concesión, contar con un informe de vulnerabilidad que sólo se emitirá desde los servicios sociales municipales. "Una de las principales diferencias de esta ley es que en la actual (la diseñada por el Botànic) los servicos sociales estaban sobrecargados de trabajo burocrático. Pero nosotros queremos que los servicios sociales se dediquen a lo que se tienen que dedicar, que es a acompañar, asesorar, y a trabajar con las personas y las familias para su inclusión. Así que ahora toda la labor burocrática la haremos desde la dirección general", explica el director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, Pedro Carceller.
Así, el proceso comenzará con la presentación de la solicitud por parte del interesado (de forma presencial en cualquiera de los registros ya habilitados de servicios sociales, ayuntamientos, direcciones territoriales... o de forma telemática por el canal online) con una determinada documentación "que se recopila y se 'graba' en el sistema desde la dirección general y que no contiene el informe de vulnerabilidad. Una vez recibida esa documentación se paraliza el procedimiento y se le indica al ayuntamniento que corresponda que los servicios municipales tienen un mes para aportar el informe de vulnerabilidad y cuando ese informe llegue se continúa con el procedimiento. Si no hay informe de vulnerabilidad no se concederá la prestación. Estamos trabajando en los formularios y el protocolo que regirá la elaborarción de esos informes de vulnerabilidad. Y se formará al personal para su elaboración. Y si hay informe de vulnerabilidad la dirección general continuará con la instrucción", explica Carceller a Levante-EMV.
El anteproyecto de ley recalaca que "se entenderá que la unidad de convivencia se encuentra en situación de vulnerabilidad económica cuando no disponga de ingresos o, en caso de disponer de alguno, su cómputo mensual sea inferior, en al menos 10 euros, a la cuantía máxima mensual de la prestación económica de la renta valenciana de inclusión correspondiente según la composición de la unidad de convivencia. Para la determinación de la vulnerabilidad económica no se tendrán en cuenta las cuantías percibidas por la unidad de convivencia en concepto de ingreso mínimo vital o prestación de idéntica naturaleza que lo sustituya". Ahora bien, el texto también indica que en ningún caso podrá considerarse en situación de vulnerabilidad económica "a aquellas unidades de convivencia que dispongan de patrimonio que indique la existencia de medios suficientes. A los efectos de esta ley, tendrán la consideración de medios suficientes: a) El patrimonio mobiliario cuyo valor sea igual o superior a la cuantía máxima anual de la renta valenciana de inclusión correspondiente según la composición de la unidad de convivencia. b) El patrimonio inmobiliario cuyo valor sea equivalente, de forma independiente o acumulada, a cinco veces la cuantía máxima anual de la renta valenciana de inclusión correspondiente en función de la composición de la unidad de convivencia".
Plan personalizado cada uno con su itinerario
Una vez concedida la ayuda, el expediente regresa a los servicios sociales, desde donde se elaborará un Plan de Atención Individualizado (PAI) con un itinerario a seguir para todos los miembros de la unidad familiar, según sus características. "Es decir, no simepre tiene que estar ligado a un itinerario laboral, aunque es una de las prioridades de esat nueva ley. Pero como la principal novedad es que se puede compaginar la RVI con un trabajo, la pensión, el paro, otras ayudas... se trata de adaptar el itinerario a cada circunstancia. A una persona jubilada no se le marcará trabajo alguno pero a una persona de 30 años, que vive con sus padres y tiene capacidad, sí. Otra cosa son las excepciones que prevé la ley como personas con problemas de salud metal u otras circunstancias. La clave está enb el control seguimiento y conocimiento que tendrán los servicios sociales de cada una de las realidades de quienes accedan a la RVI", explica Carceller.
Por ello, y para realizar un seguimiento y un éxito en los planes de atención individualizada y en los itinerarios marcados, la Conselleria prevé una serie de sanciones "como ocurre en todas las prestaciones similares. Lo que es una anomalía es la ley actual, donde no hay control ni sanciones ante los incumplimientos".
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