La diputación ‘pierde’ 2,4 millones por el rechazo al decreto omnibus del Gobierno

La última bronca nacional ha cogido a contrapié a las administraciones valencianas afectadas por la dana. Como ya es sabido, la pasada semana el Congreso, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, tumbó un decreto ómnibus del Gobierno (aprobado en Consejo de Ministros el 23 de diciembre), que entre otras medidas incorporaba la ampliación de plazos de tres meses para que los ayuntamientos afectados por la dana pudieran pedir fondos del Estado; unas ayudas específicas para dueños de parcelas agrarias destruidas por las lluvias, o la posibilidad de que la Generalitat pudiera endeudarse a largo plazo para llevar a cabo los gastos de reconstrucción, un asunto clave para la capacidad de maniobra del Consell dadas las limitaciones presupuestarias por la infrafinanciación crónica y la alta factura pendiente.

Las medidas para la dana que decaen tras el no al decreto ómnibus

Los alcaldes afectados por la dana de diferentes partidos no tardaron en hacer público su cabreo. Los socialistas señalan al PP, por votar en contra de un decreto con beneficios directos para las comarcas valencianas. Los populares, frente a esto, reprochan que no debieron vincularse en una misma votación temáticas tan dispares (algunas incómodas para ellos). Dicho de otra manera, que en lugar de un decreto ómnibus las diferentes iniciativas debieron presentarse por separado. Ayer, de hecho, la dirección nacional del PP emplazaba de nuevo al Ejecutivo a presentarlas de manera independiente, y comprometían su apoyo.

Mientras tanto, muchos gastos se han quedado en el aire. La propia Diputación de Valencia, como entidad local, contaba con esa ampliación del plazo hasta el 6 de febrero para incluir nuevos gastos en la petición de subvención. En concreto, son casi 2,37 millones de euros los que el equipo de Vicent Mompó tenía pendientes de presentar y que ahora se dan por perdidos. Especialmente, del área de carreteras, casi la mitad de esta cantidad (más de un millón de euros); pero también gastos en informática (921.000 euros) o del consorcio de bomberos (315.111 euros). La no convalidación del real decreto ha hecho que esa ampliación de plazo hasta el 6 de febrero quede anulada y el plazo para pedir la subvención, por tanto, ya está cerrado.

Nueva oportunidad

De momento, los partidos y las administraciones están a la espera de los movimientos del Gobierno. Y por ahora mantiene su intención de que la Cámara le convalide este decreto que defiende como un escudo social, tal como está. Compromís ha exigido al Gobierno actuar de manera inmediata y presentar un decreto ley exclusivo que contemple las ayudas necesarias para los afectados por la dana.