«La ley de emergencias prevé que el jefe del Consell asuma la dirección y no se ha hecho»

El colectivo La Plaça Debats reunió en su ciclo de debates "Reconstrucció? Reflexions sobre la catàstrofe" al doctor en Economía Manuel López Estornell y a los juristas Fabiola Meco y Fernando Flores para debatir sobre los «problemas de gobernanza, gestión de catástrofes y derechos ciudadanos», moderados por el arquitecto Carles Dolç. 

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La dana (depresión aislada en niveles altos) y las barrancadas y riada posteriores han revelado, a juicio del doctor en Economía Manuel López Estornell , los «puntos débiles» en la Administración, de la Generalitat y el Estado, y también de las emergencias. Sobre las emergencias, López Estornell recordó que desde 2017 las competencias residen en la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) que «ha asumido demasiadas competencias con pocos recursos: Protección civil, gestión de emergencias, coordinación de incendios e inundaciones y formación de policias locales se atiende con poco personal: 55 personas». Y muy enfocados, a su parecer, en los incendios forestales. «Los bomberos forestales no son una pieza utilizada en las emergencias por inundaciones». 

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Técnicos con experiencia para el Cecopi

El doctor en Economía también destacó que el Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado), el órgano de gestión de las emergencias que integra a varias administraciones, está presidido por la persona titular de la Conselleria de Emergencias [Justicia e Interior en octubre] que el 29-O era una persona [la consellera Salomé Pradas], que «no tenía experiencia en emergencias pero tenía asignadas todas las competencias en el plan de inundaciones: todas las decisiones, los recursos a incorporar desde fuera, las relaciones con los ayuntamientos y el Estado y un largo etcétera dependían de esta persona. Si no se tiene experiencia dudo que pueda ir bien». 

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Es Alert

A lo que se suma el desconocimiento del Sistema ES Alert, activo en la Comunitat Valenciana desde 2022, «que permite el envío de mensajes a teléfonos móviles en situaciones de especial gravedad. Si la consellera no es capaz de leer las circulares de su conselleria… ¿En manos de quién estamos?».  Además de que, recordó el doctor en Economía, «el Cecopi es una asamblea porque tiene más de veinte integrantes. Y quien ha de tomar decisiones debe escuchar a veinte personas pero no tiene tiempo para asambleas. Quizá se precisarían órganos más operativos u otro modelo con técnicos cualificados que tomen decisiones en base a criterios y dispongan de información de la que no se ha dispuesto ahora [en la dana]: el perímetro o la gravedad de la inundación».

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Y respecto a la dirección de la emergencia, López Estornell recordó que «el responsable hasta el nivel 2 es el conseller o consellera. El 3 es el ministro de Interior. Pero la ley de emergencia añade que en una situación grave, el presidente de la Generalitat podrá asumir el papel de la consellera o conseller. Y eso no se ha hecho. El presidente de la Generalitat no dio el paso de asumir la responsabilidad».

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Comisiones de investigación

Por su parte, Fabiola Meco, profesora de Derecho Civil en la Universitat de València defendió que «hablar de gobernanza nos lleva a cómo se ejerce el poder con carácter general y particularmente en contextos de catástrofes: quién responde por las decisiones políticas tomadas o no». Y que a juicio de la jurista se debe realizar una «rendición de cuentas con eficacia, transparencia y eficiencia de los recursos públicos». 

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Meco habló de su experiencia en la segunda comisión de investigación del accidente del metro. Una segunda porque en la primera «muchos comparecientes participaron aleccionados con lo que tenían que decir y lo que no». Esta segunda comisión, a la que se comprometieron en 2015, seis partidos (PSPV, Compromís, Ciudadanos, Podemos, EU y UpyD) «funcionó -sostuvo Meco- porque se obtuvo toda la información y se pudo evaluar». 

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Y también «se pudieron destapar muchas cuestiones sobre las que en la primera se impuso la estrategia del silencio». Un accidente con 43 fallecidos y 47 heridos «por el que nadie pidió perdón y por el que no hubo responsabilidades políticas, ni de nadie de quien pudo evitar el accidente, que era previsible y evitable, porque no se destinaron recursos, no se tomaron decisiones, no se puso la baliza correspondiente, no se implementó el sistema de frenado porque estaban más ocupados en la F1 y en los grandes eventos en los que estaba ocupada la Generalitat con nuestros recursos». 

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Justicia, reparación y verdad

Respecto a la dana, la profesora de Derecho Civil señaló que «solo el tiempo dirá si la igualdad a las víctimas y la legalidad de las ayudas les ha llegado. Y si las responsabilidades políticas se conseguirán depurar y si las responsabilidades judiciales van a llegar en tiempo y forma. La justicia llega si hay reparación y verdad». Por lo que abogó por «hacer seguimiento a la catástrofe con el retrovisor puesto para aprender del pasado y actuar en el futuro». 

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Por último, el profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València, Fernando Flores, relator en la comisión ciudadana por las 7.291 muertes en las residencias de personas mayores en Madrid, defendió que «la gobernanza implica procesos institucionales con decisiones politicas multinivel. O somos mayores o establecemos la absoluta coordinación que exige o el multinivel es una trampa mortal. Como el mestizaje, si no se es capaz de llevarlo a cabo. Y todo eso tiene que ver con la preparación. ¿Para qué sirve la universidad si después no se tiene en cuenta, ni se nos escucha».