Tribunales
Caso Azud: Un testigo confirma que un promotor instigó la tasación de tres solares públicos de la operación colegios
El testigo admite que la valoración se la encargó el constructor ya fallecido Miguel Montoro, padre de una de las investigadas

Uno de los registros practicados en el caso Azud ordenado por el Juzgado de Instrucción 13. / Rober Solsona/Europa Press
Un testigo del caso Azud, el arquitecto Ramón J. O., admitió ayer en su declaración judicial que se encargó de tasar los tres solares de la «Operación Colegios», en la que el Ayuntamiento de València perdió alrededor de 14 millones de euros, a petición del promotor inmobiliario Miguel Montoro, ya fallecido y padre de una investigada en la causa, era el titular de una empresa panameña con cuenta abierta en Ginebra junto al exconseller Rafael Blasco.
La confesión del tasador viene a confirmar la tesis de los investigadores del caso Azud: que los promotores investigados en la causa (Jaime Febrer, Mónica Montoro y Federico Ferrando) eligieron a la carta tres parcelas estratégicas municipales en pleno boom del ladrillo (de 2005 a 2008) a cambio de asumir la deuda de 35 millones de euros que el Ayuntamiento de València tenía con diez centros educativos privados, tras un pleito urbanístico.
De hecho, el testigo confirmó ayer a los investigadores que el mismo promotor Miguel Montoro le entregó la documentación de la otra tasación encargada a otra mercantil, aunque finalmente se eligió la auspiciada por Montoro, la tasadora Tinsa, para la que trabaja el arquitecto que declaró ayer como testigo.
Destrucción de documentos
Un testigo que asegura haberse puesto «nervioso» cuando dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO)de la Guardia Civil acudieron a su despacho para recoger información de la tasación de las parcelas y que sorprendieron a Ramón J. O. intentando deshacerse de parte de la documentación relacionada con la tasación sospechosa de las tres parcelas.
Una actitud que obligó a los investigadores a solicitar al Juzgado de Instrucción 13, con el aval de la Fiscalía Anticorrupción, la autorización para la entrada y registro del despacho del arquitecto, además de requisar su teléfono móvil para saber si ha recibido indicaciones de algunos de los investigados, según confirman los autos y escritos notificados a las partes. El registro se practicó el pasado 23 de enero desde las 15 horas y con autorización para que continuara incluso en horas nocturnas.
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