Acuerdo de plantillas

Educación negocia unas nuevas plantillas de profesores pese a la sentencia del TSJ aún sin aplicar

El sindicato Stepv denuncia que la no aplicación del fallo del tribunal ha supuesto el recorte de 763 docentes

Educación ha emplazado a los sindicatos a nuevas reuniones y destaca que esta orden da "más autonomía a los centros"

Reunión de Conselleria con los sindicatos educativos.

Reunión de Conselleria con los sindicatos educativos. / Levante-EMV

Gonzalo Sánchez

Gonzalo Sánchez

Educación ha convocado a los sindicatos para empezar a negociar una nueva orden de plantillas de profesores. En cualquier otro curso sería una situación habitual, pero no en este, ya que el Tribunal Superior de Justicia sentenció que Educación debía contratar 1.900 profesores. Cuatro meses después, Educación no ha acatado la sentencia y no ha incorporado docentes. En su lugar, está negociando unas plantillas distitnas a las que tiene que acatar por sentencia judicial.

Los sindicatos educativos (Stepv, UGT y CC OO), aceptaron la negociación de unas nuevas plantillas pero con la línea roja de no aceptar nada por debajo de la sentencia del TSJ. Conselleria defiende que su nueva orden da "más flexibilidad" a los centros, pero no da cifras sobre la contratación de profesores por el momento.

El director general de Personal Docente Pablo Ortega, ha emplazado a los sindicatos a nuevas reuniones. El Stepv, por su lado, denuncia que al no cumplir la sentencia Conselleria ha recortado ya 763 docentes. En total son 175 maestros de Primaria y 642 de Secundaria. En total son 817 docentes, aunque Conselleria ha contratado a 54 de Infantil que no estaban previstos en los acuerdos.

El Stepv denuncia que este "recorte representa sólo un 2 % de la plantilla de 69.000 docentes de la Conselleria". Critican que Conselleria "se haya negado a aplicar una sentencia que costaría 44 millones, perfectamente asumible teniendo un presupuesto de 7 mil millones".

Sentencia a la espera de cumplir

Educación lleva casi 4 meses retrasando la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que le obliga a contratar 1.900 profesores. La sala ha enviado incluso un escrito recordando que tiene que acatarla, mientras Educación dice que le falta el visto bueno de Hacienda y necesita más tiempo. El sindicato Stepv asegura que presentará una querella si no empieza a contratar docentes en una semana.

La cronología es la siguiente: Educación anunció en mayo de 2024 (a la mañana siguiente de una huelga general docente) que tumbaba un acuerdo de plantillas firmado por el Gobierno anterior y que suponía contratar 1.900 profesores. Conselleria adujo que, al haberse firmado en funciones, el acuerdo no tenía validez.

Los sindicatos recurrieron esta decisión a la justicia y ganaron. El 18 de septiembre de 2024 el TSJ suspendió cautelarmente el intento de Conselleria de Educación de tumbar el acuerdo. En octubre la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo emitió su sentencia firme, y días después dimitieron los responsables de las plantillas de profesores de Conselleria.

Desde entonces el departamento de Campanar ha intentado ganar tiempo para la aplicación de la sentencia. Primero Conselleria pidió al tribunal que le explicaran cómo tenían que cumplir con el fallo y después argumentaron que no habían presupuestado el dinero suficiente para contratar esos profesores. Tras esto, el TSJ mandó una carta a Educación apremiándole a aplicar la sentencia y pidiendo el nombre del funcionario responsable de la contratación de estos docentes para actuar contra él en caso de desobediencia. Durante estos meses la presión y el hartazgo de los sindicatos también ha ido en aumento.

En noviembre Conselleria aseguró que cumpliría con la sentencia, pero que haría la contratación "de manera gradual" empezando este 9 de enero. Finalmente, este jueves se adjudicaron 94 plazas, las mismas que el año pasado para cubrir jubilaciones, es decir, ni una sola nueva. Educación alega ahora que no tiene el visto bueno de Hacienda para movilizar el dinero, y atrasa una semana más, hasta el jueves 16 de enero, las tan ansiadas contrataciones.

Legislatura en los tribunales

El conseller José Antonio Rovira lleva a penas lleva año y medio en el cargo, y por su departamento ya han pasado 4 asuntos que han caído en los tribunales. El intento fallido de vetar los estudios de Medicina en la Universidad de Alicante es el primer gran varapalo judicial que ha recibido su conselleria, tras confirmar el TSJ a mediados de diciembre que el grado debía mantenerse.

Por otra parte, la ley de libertad educativa (una de las medidas estrella del programa electoral del PP en materia de Educación) está en el Tribunal Constitucional después de que Compromís consiguiera los apoyos necesarios en el Congreso para ello. El objetivo de la coalición valencianista es tumbarla porque considera que contradice la ley de Educación estatal. Esta ley contiene, posiblemente, la medida más polémica del conseller Rovira, la consulta de lengua base en los centros, que puso en pie de guerra a sindicatos y gran parte de la comunidad educativa desde el inicio.

El plan Edificant es otra de las áreas que están en los tribunales. El conseller Rovira anunció el año pasado que paralizaba las actuaciones en 15 centros por el mismo motivo por el que intentó tumbar el acuerdo de plantillas: la anterior consellera, Raquel Tamarit (Compromís) las aprobó en funciones. Los alcaldes de Burjassot, Mislata, Sagunt, Quartell, Senyera y Albalat del Sorells lo llevaron a los tribunales el pasado mes de septiembre.

El acuerdo de plantillas es el último capítulo de una legislatura marcada -hasta el momento- por los tribunales, donde la oposición ha llevado varias de las medidas estrella del conseller José Antonio Rovira.

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