El Síndic investiga la gestión de dos consellerias y 16 ayuntamientos tras la dana

El Síndic de Greuges, Ángel Luna, abre tres quejas de oficio sobre la actuación de las administraciones en Servicios Sociales, Educación y Vivienda

La investigación se centra en la atención a personas vulnerables

La investigación se centra en la atención a personas vulnerables / Miguel Ángel Montesinos

Mónica Ros

Mónica Ros

Saber qué han hecho las administraciones tras la dana en materia de Servicios Sociales, Educación y Vivienda, tres de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar. Ese es el objetivo de las tres quejas de oficio que ha abierto el Síndic de Greuges, Ángel Luna, y que van dirigidas a las consellerias y ayuntamientos implicados y afectados por la tragedia, en aras de investigar las actuaciones realizadas tres meses después de una riada histórica.

Las actuaciones se han llevado a cabo tras finalizar el plazo de suspensión en los procedimientos de queja que dio el Síndic para garantizar los derechos de todas las partes implicadas. Los ayuntantamientos a los que le ha preguntado Luna son los denominados como "zona 0 de la tragedia" por la Cámara de Comercio de Valencia, es decir, Alaquàs, Albal, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Benetússer Beniparrell, Catarroja, Chiva, Llocnou de la Corona, Massanassa, Paiporta, Picanya, Sedaví, Utiel y la pedanía La Torre, de Valencia.

Respecto a Servicios Sociales, Luna pregunta a la conselleria qué actuaciones ha realizado para garantizar la atención a la población en situaciones de urgencia social, "con el fin de evitar un deterioro o agravamiento de su vulnerabilidad". El Síndic también ha solicitado informes sobre la situación de cada uno de los departamentos afectados, así como los cauces y mecanismos empleados para informar y coordinarse con los servicios sociales municipales, con el fin de detectar las necesidades y diagnosticar la situación.

En cuanto a los ayuntamientos, el Síndic les ha requerido informes sobre los recursos estructurales, personales y funcionales afectados por la dana, y que también detallen si han creado un plan de emergencia para detectar y atender a las personas afectadas. Además, Luna quiere saber si la Generalitat ha proporcionado apoyo a través de ayudas económicas y recursos adicionales y ha colaborado en la coordinación de esfuerzos y en implementar medidas de emergencia.

Realojo y necesidades habitacionales

Por otro lado, en la queja de oficio iniciada sobre Vivienda, el Síndic ha solicitado tanto a la Conselleria como a todos los ayuntamientos afectados por la catástrofe metereológica que le trasladen su evaluación sobre la situación sobrevenida de necesidad de vivienda – en especial de realojo- de las familias damnificadas en la dana. En concreto, quiere saber cuántas son y las necesidades concretas que presentan, así como los recursos que se precisan para satisfacerlas.

Igualmente, Luna pide a ayuntamientos y a la conselleria información sobre las medidas adoptadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, para resolver las situaciones de vulnerabilidad residencial que hayan sido constatadas en cada uno de los municipios afectados.

Medidas de control

En lo que se refiere a la educación, han sido muchos los centros de infantil y primaria, de educación secundaria obligatoria y bachillerato, de formación profesional y de régimen especial que han quedado dañados por la dana. El estado en el que quedaron muchas instalaciones educativas obligó al traslado provisional del alumnado y del personal docente a otros centros.

De ahí que Luna haya solicitado a la Conselleria de Educación que informe sobre los mecanismos utilizados para comunicar a toda la comunidad educativa (familias, alumnado, personal docente y directivo) las decisiones que afectan a la prestación del servicio educativo. Además, pide que se detallen las medidas de control implementadas, a través de los servicios de inspección educativa, para garantizar el derecho a la educación del alumnado afectado por la dana.

También requiere información sobre los criterios utilizados para distribuir al alumnado afectado, así como saber si se ha contado con los centros concertados en esa redistribución.

Asimismo, pide especificar las fechas de apertura de los centros afectados y aquellos que no disponen de certificado para su funcionamiento.

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