Los mayores de 65 años podrán recibir la Renta Valenciana de Inclusión
La nueva ley elimina el límite de los 65 años para garantizar "que ninguna persona mayor quede desprotegida"
La conselleria trabaja en un aplicativo informático que revisará cada mes los expedientes para incluir y estudiar los cambios de los beneficiarios

Los mayores de 65 años dejan de estar excluidos en la RVI. / Levante-EMV
Cuando una persona que cobraba la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) cumplía 65 años dejaba de percibir esta ayuda, ya que la norma incluía como requisito indispensable la edad para acceder a la prestación. El anteproyecto que ha diseñado la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda modifica las reglas del juego y elimina como requisito la edad máxima de quienes pueden percibir la prestación. "La nueva ley elimina el límite de los 65 años, garantizando que ninguna persona mayor quede desprotegida. Antes, cumplir esa edad implicaba nuevos trámites, con riesgos e incertidumbre. Ahora, cualquier mayor de 65 años podrá seguir percibiendo la RVI sin obstáculos ni solicitudes adicionales. No hay límite, solo una edad mínima, que son los 23 años», explica a Levante-EMV el director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, Pedro Carceller.
Y es que el requisito de condicionar la ayuda a la edad máxima fue un aspecto criticado en la ley que diseñó e impulsó el Botànic en el año 2017. En primer lugar, porque conforme se amplió la edad de jubilación se abrió una brecha entre quienes cumplían los 65 años pero aún no podían cobrar la pensión de jubilación, y en segundo lugar porque hay pensiones que tampoco garantizan poder vivir con dignidad, que era (y es) la filosofía de esta ley.
Ahora bien, los mayores de 65 años también deberían realizar un itinerario adaptado a sus circunstancias ya que todos los beneficiarios deben contar con un Plan de Atención Individualizado (PAI) es decir, con un plan a seguir diseñado por los profesionales de servicios sociales según sus características. "La principal novedad es que se puede compaginar la RVI con un trabajo, la pensión, el paro, otras ayudas... se trata de adaptar el itinerario a cada circunstancia. A una persona jubilada no se le marcará trabajo alguno, pero sí se le puede instar a que acuda o participe en determinadas actividades que le pueden resultar beneficiosas a nivel anímico o sanitario... Así, además se lleva un control desde los servicios sociales que dejan atrás el trabajo burocrático para centrarse en el acompañamiento de las personas y a estudiar y paliar sus necesidades, que es lo que tienen que hacer", añade Carceller.
Un control sistemático ante cada cambio
Permitir que la ayuda sea compatible con otros ingresos implica un control que la dirección general llevará a cabo mediante una herramienta informática que están diseñando en la actualidad. "Estamos trabajando en un aplicativo de gestión desde noviembre de 2023. El objetivo es que esta herramienta realice una revisión periódica y mensual de manera que cada cambio lo vemos mes a mes. Eso ahora no existe así que con esta nueva prestación hemos diseñado también la mejor herramienta con un aplicativo de gestión para que todo funciones de forma correcta. La principal diferencia es que con la actual ley el aplicativo informático se desarrolló después del texto legal. Nosotros lo hemos hecho a la vez para que se ajuste a la realidad y a lo que queremos conseguir. Nosotros, desde noviembre del 2023 estamos trabajando en el texto de la norma y en el aplicativo de gestión de forma que cuando la ley se apruebe y se ponga en marcha la herramienta ya esté testeada y en funcionamiento", explica el director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, Pedro Carceller.
Una ayuda compatible con otros ingresos
Así pues la nueva ley (y su aplicativo informático de gestión y control) permitirá que las personas beneficiarias puedan percibir la RVI mientras desarrollan actividades laborales, "con lo que se elimina la disyuntiva entre recibir apoyo social y acceder al empleo". Además, incorpora incentivos al empleo, ya que introduce medidas que favorecen la incorporación al mercado laboral y refuerzan la transición hacia la autonomía económica. Además, también fomenta los itinerarios de inclusión social "puesto que la nueva regulación prioriza el acompañamiento personalizado para ayudar a las personas a superar la exclusión a través de estrategias adaptadas a sus necesidades".
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