Los municipios trasladarán instalaciones destrozadas por la dana que estaban en zona inundable

Paiporta cambiará de lugar la sede de la Policía local y de un edificio municipal en el borde del barranco del Poyo, mientras Alaquàs o Carlet también estudian cambios

El Ministerio de Política Territorial flexibiliza el decreto de 1.700 millones para que los ayuntamientos puedan reubicar instalaciones

Espacio en el que se encontraba el centro municipal Aldis, en Paiporta, completamente desaparecido.

Espacio en el que se encontraba el centro municipal Aldis, en Paiporta, completamente desaparecido. / Miguel Angel Montesinos

La orden de subvenciones del Ministerio de Política Territorial a ayuntamientos y diputaciones para financiar la reconstrucción de infraestructuras municipales afectadas por la dana va a estar marcada por la flexibilidad. No solo en los plazos o en la entrega de los fondos, sino también en el alcance de las nuevas obras. Según el punto 4.2 del decreto, el objetivo de las obras que se van a financiar debe ser la reparación o restitución de las infraestructuras “a su situación preexistente”. Pero también se abre otro escenario: desplazarlas.

“También será financiable la reconstrucción de las infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios en otro espacio físico distinto del de su ubicación preexistente, cuando concurran circunstancias técnicas justificadas en la imposibilidad de acometer las obras de reparación o restitución en el mismo espacio físico o sea preciso su desplazamiento como medida de prevención de catástrofes naturales, y siempre que dicha reconstrucción se efectúe con características, calidades y capacidades similares o equivalentes a las preexistentes”, señala el decreto.

Paiporta, el municipio con mayor grado de devastación en su término (recibirá 201 millones del Gobierno para reconstruir instalaciones municipales) ya ha decidido mover de posición algunos edificios. Es el caso de la sede de la Policía local, en la carretera de Benetússer, pegado al barranco. Hará lo propio con un edificio municipal en el borde del barranco, y que utilizaba la asociación de personas con discapacidad Aldis. Ambos fueron arrasados. Según explica a Levante-EMV el teniente alcalde, Vicent Císcar, se reconstruirán en otros terrenos, aunque en el caso de la sede de la Policía Local, era algo que ya tenían en mente antes de la dana.

Se prevé que otros municipios sigan su ejemplo. El alcalde de Alaquàs, Toni Saura, confirma que, dada la posibilidad que abre la orden, van a estudiar también la opción de trasladar servicios municipales que se encuentran en edificios en zona inundable y se han visto afectados. Lo abordarán con el Ministerio de Política Territorial, y con Tragsa. Carlet, apunta la alcaldesa Laura Sáez, también estudia reubicar alguna instalación municipal del polideportivo. Incluso mover unos metros uno de los caminos destrozados por la riada del Magre.

Este asunto, el de la reubicación de infraestructuras, fue uno de los que se abordaron la reunión telemática que se realizó ayer entre la cúpula del Ministerio de Política Territorial y los alcaldes y técnicos de las 74 ayuntamientos y la Diputación de Valencia, que van a recibir más de 1.700 millones.

Visitas a los municipios

Los alcaldes se reunieron con el secretario de estado de Política Territorial, Arcadi España, la delegada de Gobierno de la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; el comisionado para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel, el director general de Cooperación Autonómica y Local, Rafael Briet, y representantes de la empresa pública Tragsa. La reunión de este martes sirvió para exponer las particularidades del decreto. El comisionado para la dana y altos cargos del Ministerio de Política Territorial tienen previsto dedicar las próximas semanas a visitar cada ayuntamiento para analizar las particularidades de cada municipios

Se financiarán más de 370 infraestructuras, que incluyen, entre otras, la reparación de 98 consistorios y centros municipales administrativos, 58 bibliotecas o centros culturales, 55 instalaciones deportivas, 45 escuelas infantiles, 40 centros de servicios sociales o 16 mercados y lonjas. A estas se sumarán, además, las actuaciones en la red viaria que sean precisas. Así, en total, se realizarán cerca de 500 intervenciones.

El total del dinero, como contó este diario, llegará a los ayuntamientos a partir del 3 de marzo. Lo habitual en los proyectos de inversión financiados, como suele suceder con los fondos europeos, es que el envío del dinero se produzca tras la certificación de las obras. Con este envío por anticipado, los ayuntamientos ganan liquidez. Un responsable municipal recordaba como antecedente de esta forma proceder el Plan E -también conocido como Plan Zapatero-, que en 2008 traspasó miles de millones a los ayuntamientos para inversión pública. El dinero se ingresaba en una cuenta restringida para usarse únicamente para pagar a las empresas, que cobraban así de inmediato, para tranquilidad de los ayuntamientos.

Envío directo del 100%

Según una nota del ministerio, el decreto enviará una serie de nuevas medidas que se aplicarán en tiempo récord. Entre ellas, el Gobierno de España, además de asumir la totalidad del coste de las obras de reparación (con carácter ordinario se asumía el 50%), por primera vez entregará por adelantado a los ayuntamientos el total de los costes.

Asimismo, “para flexibilizar el proceso de reparación a las entidades locales, por primera vez se permite que éstas firmen un acuerdo con TRAGSA para la adjudicación y ejecución de las obras”, ha subrayado España, quien también ha afirmado que “el Gobierno ha ampliado los plazos ordinarios en las diferentes fases de la reparación para garantizar que los consistorios tengan todas las facilidades posibles”.

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