Más de 40.000 migrantes se quedan sin ayudas tras perderlo todo en la riada

 Leidy vive desde hace tres meses con su marido y su hijo de 5 años en la habitación de un hostal de Chiva. La riada del pasado 29 de octubre arrasó la casa en la que vivían. También acabó con su trabajo al fallecer la mujer a la que cuidaba. La dana se llevó el dinero que tenían ahorrado y lo mucho o poco que habían conseguido en los más de dos años que llevaban en España desde que abandonaron Colombia con su bebé en brazos en busca de protección y de un futuro mejor. Sin embargo, no hay ayudas previstas para ellos. Son migrantes sin la documentación en regla. Personas en situación administrativa irregular que, aunque no han dejado de trabajar, no pueden acreditar ningún contrato. Una familia con ingresos que, sin embargo, tampoco tiene cuenta abierta en un banco (algo muy complicado cuando sólo se dispone de pasaporte). Las ayudas directas de la Administración (estatal y autonómica) no han sido diseñadas para ayudarles y les han dejado fuera. Excluidos. Y como Leidy hay en torno a 40.000 personas. Mujeres que trabajan en el sector cuidados, hombres que hacen lo propio en el de la construcción o en agricultura; familias que alquilan una habitación o pagan un coche de segunda mano. Y todo (trabajo, vivienda o pagos), sin contrato de por medio, ya que carecer de NIE (el DNI para extranjeros) les impide hacerlo de otra manera. Personas a las que la vida les cambió con la tragedia y que, sin embargo, no pueden acceder a las ayudas directas.

Así lo aseguran y lo denuncian un total de 19 entidades sociales (de la Comunitat Valenciana y del resto de España) que han solicitado al Gobierno, a la Generalitat y al Defensor del Pueblo que las ayudas destinadas a las víctimas de la dana incluyan a todas las personas migrantes.  "Se estima que puede haber en torno a 40.000 personas en situación administrativa irregular en las zonas afectadas por la dana. Son personas que trabajan o trabajaban en la economía informal, y no pueden, por ello, presentar un contrato de trabajo para justificar su empleo o su despido a consecuencia de las inundaciones; no tienen un contrato de titularidad de la vivienda en la que vivían o haya quedado dañada; no tienen un documento de la titularidad del coche que puedan haber perdido o haya resultado dañado; o ni siquiera disponían de una cuenta bancaria en la que percibir los ingresos que puedan haber perdido. Precisamente por su situación administrativa y por no disponer de esta documentación acreditativa no pueden acceder a las ayudas aprobadas para las personas afectadas", explican en el escrito presentado.

OpiniónXimena Pardo Fuentes

Crónica de una desprotección anunciada

Las entidades que integran el Servicio para la Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (Cedre) han elaborado dos informes denunciando esta situación y otras situaciones discriminatorias detectadas.

Más flexibles, pero sin ayudas directas

El Gobierno, por su parte, ha anunciado que está prevista la aprobación de un paquete de medidas enfocado a la flexibilización de las renovaciones de los permisos de residencia y trabajo, pero se descarta por el momento aprobar medidas dirigidas a las personas en situación irregular, como la regularización por circunstancias excepcionales que las entidades sociales demandan. "Han quedado, por tanto, fuera de las medidas laborales para la protección de las personas trabajadoras, fuera de las medidas de la de Seguridad Social para mejorar su acción protectora, fuera de las medidas en el ámbito educativo y de formación de personas trabajadoras y también fuera de las ayudas por fallecimiento, incapacidad, daños en enseres y viviendas o por los vehículos siniestrados", denuncian.

Y añaden: "Las medidas aprobadas constituyen una ayuda importante para las personas afectadas y no es posible que excluyan a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Es por ello, que reiteramos nuestro llamamiento para que, en los procedimientos de concesión de las ayudas, tanto estatales como autonómicos, se incorpore esta realidad y se adapten para que puedan acogerse las personas en situación administrativa irregular afectadas por la dana".