El TSJ advirtió a Educación que no puede suplir el auto de contratar 1.900 docentes con una orden de plantillas

La Conselleria de Educación propuso la semana pasada una nueva orden de plantillas para intentar dejar sin efecto el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que le obliga a contratar 1.900 profesores. Sin embargo, el tribunal advirtió el pasado 15 de enero que esto es "una cuestión ajena al auto que ha de cumplirse".

Así figura en el escrito del TSJ, que dice concretamente que el auto "dispondrá de su inmediato cumplimiento". Conselleria, sin embargo, lleva 4 meses sin acatar la orden judicial, y el tribunal ya ha tenido que recordárselo, pidiendo incluso el nombre del funcionario responsable de acatar con el auto, deslizando posibles consecuencias de no hacerlo.

La decisión de negociar una nueva orden de plantillas de profesores llega en plena polémica por el rechazo de la actual Conselleria a acatar el acuerdo de plantillas firmado por el Botànic en 2023. Los sindicatos denunciaron a Educación y ganaron: el TSJ dictó unas medidas cautelares en septiembre del año pasado que obligaban a José Antonio Rovira a contratar los 1.900 docentes de secundaria que faltaban.

A pesar del auto, el conseller no ha contratado ni un solo docente en 4 meses, alargando lo máximo posible los tiempos judiciales. Primero Conselleria alegó que no sabía cómo tenía que aplicar el auto, luego dijo que la aplicaría gradualmente a partir del 9 de enero, y después que lo haría a partir del 16. Pero no contrató ni un profesor en todo este tiempo.

Educación deberá contratar casi mil profesores más tras avalar el TSJ el acuerdo de plantillas del Botànic

Sindicatos

Los sindicatos Stepv y UGT aseguraron que no aceptarán nada por debajo de los 1.900 docentes ya firmados, aunque no cierran las puertas a negociar otros temas. Una de las medidas que casi con total seguridad intentará derogar Conselleria es la de la "codocencia" (dos profesores al mismo tiempo en el aula), una novedad educativa que el Botànic quería iniciar pero que Rovira ha criticado desde que asumió la cartera de Educación.

Aunque Conselleria no ha revelado cifras, los sindicatos temen que detrás de esta orden de plantillas se escondan recortes de profesorado frente a los 1.900 firmados. El director general de Personal Docente, Pablo Ortega, ha señalado que “la nueva orden destaca por su flexibilidad, de forma que permitirá responder eficazmente a las necesidades actuales de los centros educativos, incluyendo situaciones imprevistas como la escolarización sobrevenida o la atención a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo”. 

Asimismo, Pablo Ortega ha indicado que “la nueva normativa reforzará la autonomía de los centros educativos, de forma que los directores tendrán la capacidad de determinar el perfil docente de ciertos puestos, permitiendo así una mayor coherencia entre la plantilla de profesores y el proyecto educativo de cada centro”.

Denuncia penal

El portavoz de Educación de Compromís en Las Corts, Gerard Fullana, presentó la semana pasada una denuncia a la Fiscalía por el incumplimiento de la Conselleria de Educación del auto TSJ sobre los acuerdos de aumento de plantillas de profesorado firmados por el Botànic con los sindicatos.

Al respecto, Fullana ha manifestado: “Han pasado demasiados meses sin que los máximos responsables de la conselleria hayan movido ni un dedo para ejecutar la sentencia del TSJ, dotar de 1.898 docentes las aulas valencianas para este curso. Esta semana tampoco se han convocado las plazas en las adjudicaciones y el conseller Rovira se está comportando como un prófugo de la justicia. Hoy continúa con su ilegalidad reincidente, por lo tanto, es hora de actuar”.

La denuncia de la coalición valencianista apela a indicios de que los máximos responsables de la conselleria están cometiendo prevaricación administrativa y desobediencia judicial. Es por eso que pide que se abran diligencias de investigación al respeto por parte del Ministerio Fiscal.

Compromís remarca en su denuncia que el incumplimiento de la resolución del tribunal durante cuatro meses ha tenido “efectos irreparables en docenas de miles de alumnos”. En el caso del profesorado no contratado, la presunta prevaricación y desobediencia de los altos cargos de la conselleria ha generado ya efectos en su cotización por el hecho que, al haber pasado el 31 de diciembre, no cobrarán los meses del verano por parte de la Administración. “Hay un agravio para la calidad educativa evidente, pero los presuntos delitos cometidos por la Conselleria de José Antonio Rovira pueden derivar en condenas de centenares de miles de euros para la Administración”, ha destacado el diputado valencianista.