Investigación por los 227 fallecidos de la dana

La jueza da cinco días a Emergencias para que diga quién envió el ES Alert del 29-O

La magistrada justifica el interés en este mensaje y quién lo envió porque «instaba a evitar desplazamientos» pero «parte de las víctimas de avanzada edad perecieron en sus propios domicilios»

También pide a la Confederación Hidorgráfica del Júcar (CHJ) datos del caudal del Poyo entre las 16:13 y las 18:42 horas

Una mujer camina por una calle de Catarroja en una imagen captada el 1 de noviembre de 2024.

Una mujer camina por una calle de Catarroja en una imagen captada el 1 de noviembre de 2024. / Germán Caballero

València

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha vuelto a requerir a la Generalitat para que «en el improrrogable plazo de cinco días» informe sobre «quién tomó la decisión de emitir la alerta a la población a las 20.11 horas del 29 de octubre de 2024». 

La magistrada incluso afina más en su petición y pide a la Conselleria de Emergencias para que «identifique al técnico o funcionario que, en cumplimiento de la orden de remisión del citado mensaje a la población, la llevó a efecto a través de los cauces y operadores de telefonía», que menciona la Generalitat en un informe remitido al juzgado de Catarroja que va a centralizar la investigación de las barrancadas y riada del 29-O. 

Este interés sobre quién decide y remite el mensaje del sistema Es Alert lo justifica la magistrada en su auto por el hecho de que las declaraciones de testigos y familiares de los 76 fallecidos del partido judicial de Catarroja «se constata un desconocimiento por las víctimas de la situación de altísimo riesgo en la que se encontraban por el desbordamiento de la rambla del Poyo, así como del Barranco de l’Horteta» (un afluente del Poyo). 

De hecho, la magistrada añade como «hechos» en el fundamento jurídico único que las personas fallecidas eran «víctimas de la tercera edad que permanecían en la planta baja de sus domicilios, víctimas que se encontraban o circulaban por las calles de las poblaciones del partido judicial o bajaban a los garajes a sacar los automóviles». Sin embargo, «el mensaje remitido a las 20.11 horas instaba a que se evitaran los desplazamientos. Parte de las víctimas de avanzada edad perecieron en sus propios domicilios».

Esta misma semana la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, defendía que el mensaje se envió desde el Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado) como órgano colegiado -para justificar que no identificaran a ninguna persona como responsable del envío-. Aunque después se autocorrigió y aseguró que el Cecopi era un «órgano de coordinación». Ahora la Generalitat deberá remitir los responsables directos de emitir el mensaje de las 20.11 horas del 29-O. 

«El análisis de la evitabilidad de los 76 fallecimientos del partido judicial de Catarroja exige que se proceda a analizar no sólo la alarma a través de ES Alert, sino también si se comunicó a la población el riesgo por otros medios previamente, durante todo el día 29 de octubre de 2024». Entre las posibles variables que baraja la magistrada se encuentran «conferencias de prensa, declaraciones públicas o comunicados oficiales a los medios, así como la evolución de las circunstancias meteorológicas de dicho día». También requiere todas las declaraciones que realizaron las autoridades y responsables de emergencias sobre «el conocimiento del sistema ES Alert, la viabilidad de su utilización y su regulación» que reclama a varias televisiones y periódicos como Levante-EMV. 

Por último, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)también deberá aportar «la integridad de los datos emitidos entre las 16.13 y las 18.42 horas, el periodo de tiempo en el que la Generalitat defiende que hubo «apagón informativo» sobre la situación del barranco del Poyo. Aunque la CHJ «expresa en una nota de prensa del 4 de febrero que el SAIH (sistema automático de información hidrológica) funcionaba y transmitía datos cada cinco minutos» por lo que reclama al organismo de cuenca «la integridad de dichos datos» y el medio por el que se transmitió.

Documentación pedida por el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja

Material videográfico

A Punt, RTVE, Atresmedia, Mediaset, Grupo Prisa, Levante-EMV y Las Provincias han de aportar en 10 días «material videográfico de la crecida en la Rambla del Poyo, con especificación del lugar y hora en que fueron tomadas las imágenes».

Declaraciones de autoridades

Los mismos medios de comunicación deben aportar «las declaraciones de las autoridades y responsables de emergencias, sobre el conocimiento del sistema ES Alert, la viabilidad de su utilización y su regulación». 

Nivel de alerta

Las televisiones y ambos periódicos también deben aportar «informe de las comunicaciones que se efectuaron por las autoridades con competencia en materia de emergencias a través de conferencias de prensa, declaraciones públicas, comunicados oficiales a los medios, sobre el nivel de alerta y la evolución de las circunstancias meteorológicas del día 29 de octubre con expresión del momento y lugar en que se llevaron a cabo». 

Quién emitió la alerta 

La Conselleria de Interior y Emergencias debe informar «en el improrrogable plazo de cinco días» sobre «quién tomó la decisión de emitir la alerta a la población a las 20:11 horas del 29 de octubre de 2024».

Qué funcionario la envió

La Conselleria de Interior y Emergencias debe identificar «al técnico o funcionario que, en cumplimiento de la orden de remisión del mensaje a la población, la llevó a efecto a través de los cauces y operadores de telefonía». 

Los datos de la CHJ 

La Confederación Hidrográfica del Júcar debe aportar al juzgado la «integridad de los datos del Sistema automatizado de información hidrológica (SAIH) correspondiente al barranco del Poyo de las 16:13 a las 18:42 horas, el tramo que la Generalitat defiende que hubo «apagón». 

Perito cartográfico 

Un investigador de la UPV que ha elaborado un estudio cartográfico de las cotas que alcanzó el agua desbordada del Poyo.

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