Serafín Castellano esquiva la cárcel al confesar que recibió 167.177 euros del cártel del fuego

El tres veces conseller, exdelegado del Gobierno, exsecretario general del Partido Popular de la Comunitat y exsíndic del PP en las Corts, Serafín Castellano, logró ayer esquivar la cárcel tras confesar el pasado 23 de septiembre que recibió regalos por valor de 167.177 euros. 

Castellano admitió, nueve años después de ser detenido cuando era delegado del Gobierno, haber disfrutado de cacerías, monterías, viajes, dinero en metálico, jamones 5J y aceptaren 2008 un rifle Browning valorado en 1.861 euros.

La Audiencia Nacional condena a Serafín Castellano y absuelve al denunciante del cártel del fuego

Una confesión que le ha permitido esquivar los 21 años de cárcel que pedía para él la Fiscalía Anticorrupción. A cambio de confesarse autor de los delitos continuados de cohecho, prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial. Sólo ha logrado que lo absuelvan del delito de asociación ilícita. 

La Fiscalía Anticorrupción acusaba a Castellano de mantener «una intensa y corrupta relación con [el empresario] Vicente Huerta (...) Ambos compartían actividades de ocio en las que fijaban la forma de proceder para el lucro del primero y sus empresas». A cambio, el empresario saguntino y su empresa Avialsa conseguía «prórrogas indebidas, esquivaba penalizaciones por incumplimientos de los contratos y ganaba concursos que debían haberse declarado desiertos». Hechos admitidos tanto por Serafín Castellano como por el empresario Vicente Huerta. 

Y que permite al empresario del Camp de Morvedre, Vicente Huerta, ser condenado a un año y nueve meses de cárcel tras alcanzar una conformidad con la Fiscalía Anticorrupción (también en otras dos piezas separadas de esta causa) por lo que también esquiva la cárcel. 

Las tres magistrados de la sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional que juzgaron los hechos, María Riera Ocáriz (presidenta), Carolina Rius Alarcó y Fernanda García Pérez (ponente) sí admiten la petición de Francisco Alandí Escrig, defendido por los abogados José Antonio Choclán y Antonio J. Rubio, de absolverlo por colaborar con la justicia y ser el denunciante inicial de los hechos. Las tres magistradas han aceptado aplicar a Alandí la excusa absolutoria del artículo 262.3 del Código Penal que establece una exención de responsabilidad penal en el delito de alteración de precios de concursos públicos para las personas físicas que, actuando en nombre y representación de una empresa o sociedad hayan participado en prácticas contrarias al Derecho de la competencia, si se cumplen determinadas condiciones.

Los abogados del Bufete Choclán hicieron constar que Alandí denunció la existencia del cartel y las personas y sociedades partícipes, incluido él mismo como gerente de una de las sociedades, y aportó al caso quinientos documentos que acreditaban la concertación delictiva para la fijación de precios y el reparto de mercados en los concursos relativos a las aeronaves de extinción de incendios. 

Admite ser el factótum

Su defensa incidió en que además de entrega documentación, también colaboró activamente con la Fiscalía Anticorrupción, la UDEF, y los dos juzgados de instrucción que ha tenido la causa, en Sagunt y en la Audiencia Nacional. Y, por último, admitió en el juicio oral su posición como «factótum» de la empresa saguntina Avialsa, la que contrataba con la Generalitat, su dominio de los hechos y haber participado en el cártel enjuiciado.

Serafín Castellano se enfrenta a una petición de Anticorrupción de 21 años de cárcel por aceptar regalos del cártel del fuego

Otros diez empresarios también han sido condenados a penas mínimas, tras admitir haberse concertado entre 1999 y 2018, para repartirse geográficamente los concursos públicos licitados a nivel nacional, desarrollar conductas ilícitas entre sus grupos empresariales y sociedades que representaban, para lo que contaban, en algunos casos, con la colaboración de autoridades o funcionarios públicos con competencias en la materia.