Más de 50 residencias de mayores y de infancia trabajan con el contrato caducado

Huelga general en Servicios Sociales para el 19 de febrero. UGT Serveis Públics del País Valencià ha convocado una huelga general el día 19 de febrero en todos los programas, servicios y centros de gestión indirecta del sistema público valenciano de servicios sociales con el objetivo de exigir al Gobierno de Carlos Mazón un salario digno para las trabajadoras y trabajadores de este sector y denunciar la precariedad laboral "que afecta tanto al personal, como a la ciudadanía que es usuaria del servicio".

Y es que hay 33 residencias y centros de día de personas mayores con el contrato caducado, según fuentes del sindicato. "En el sector de mayores los contratos caducaron en 2017 y han agotado todo tipo de prórrogas. Con la Ley de Simplificación modificaron el tema de las ratios y al reducir el número de trabajadores ya tienen vía libre para licitar como ellos querían así que no entendemos tanta demora", explican desde el sindicato. En el sector de Infancia hay otras 20 residencias en la misma situación. "Las licitaciones en este sector se podían haber convocado con el decreto de tipologias existente, a no ser que quieran reducir ratios de personal", explican desde el sector de infancia y adolescencia.

Desde el sindicato aseguran que no les queda otra vía que la huelga, ante el incumplimiento por parte del gobierno de Mazón de la normativa laboral en materia de retribuciones. Y es que en la última etapa del Botànic se acordó aumentarlos salarios del sector de forma que las personas que trabajan en residencias y centros de servicios sociales cobraran lo mismo que los empleados de Sanidad y Educación, incluidos los trabajadores en centros concertados. Hay 15.000 trabajadores y trabajadores afectadas (solo 4.000 en el sector de personas mayores). El ejemplo es el de una enfermera. En una residencia cobra 1.450 euros de salario base (en bruto), pero si trabaja en un hospital ese misma salario base asciende a más de 2.100. Con las nuevas tablas aprobadas en convenio se quiparaban los sueldos, pero había letra pequeña y es que las nuevas retribuciones se aplican con las nuevas licitaciones. Y no hay nuevas licitaciones a pesar de que la Generalitat tiene caducados prácticamente la totalidad de los contratos públicos de gestión de los centros y servicios, lo que impide la actualización salarial de sus profesionales. "Se supera, incluso, en un año y medio, la deuda del anterior Consell, lo que supone un enriquecimiento para la Administración a costa de las personas trabajadoras y de la atención a las personas usuarias", explican desde UGT.

Puerta abierta a privatizar los servicios sociales municipales

Junto a este incumplimiento, el Consell, tal como ha denunciado recientemente este sindicato, ha modificado la normativa sectorial y su desarrollo reglamentario con el fin de reducir las ratios de profesionales de los Servicios Sociales y abrir la puerta, por primera vez en democracia, a la privatización de los Servicios Sociales municipales.

UGT lamenta que el Ejecutivo que preside Mazón haya aparcado el diálogo social ya que, a pesar de las fotos y las declaraciones vacías de contenido, no está convocando la totalidad de los órganos de participación establecidos por la norma, por lo que se vulnera la participación de los agentes sociales en los mismos

UGT Serveis Públics exige que las empresas y entidades del sector abonen a las personas trabajadoras los salarios mínimos establecidos en los acuerdos Interprofesionales y que la Generalitat los financie.

Además, pide a la Conselleria de Servicios Sociales que licite ya los contratos públicos finalizados y revise los módulos económicos de la acción concertada para que, las personas trabajadoras del sector dejen de tener congelados sus salarios y/o perciban los establecidos en los Acuerdos Interprofesionales.

En tercer lugar, UGT pide al Consell que rectifique y revierta la reciente reducción normativa de las ratios de personal de la atención a la dependencia, y garantice las vigentes ratios en el resto del sistema, al tiempo que deje sin efecto el cambio normativo por el que se suprime la reserva de gestión directa de los servicios sociales municipales.

Contratos caducados

La responsable de Política Social de de UGT Serveis Públics, María Navarro, ha destacado que el actual gobierno de Mazón "está incumpliendo la normativa laboral ignorando los Acuerdos Interprofesionales firmados con el anterior Consell". "La práctica totalidad de los contratos públicos están caducados y no salen las nuevas licitaciones y, además y por la puerta de atrás modifica normas tan importantes como la Ley de Servicios Sociales y el Decreto de Tipologías y no convoca los órganos de participación. Por tanto y en defensa de los Servicios Sociales Públicos, del Diálogo Social y de condiciones dignas de las y los profesionales y por la calidad de estos Servicios que son un derecho de la ciudadanía, consideramos necesaria esta convocatoria de huelga", ha señalado.

Los nuevos contratos, antes de abril

Desde la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdda y Vivienda aseguran que se "está trabajando en las nuevas licitaciones y los contratos para centros de mayores se publicarán durante el primer trimestre de este año". Además, "ya se han publicado las licitaciones para la gestión de los Centros Mujer, que se aprobó en el Pleno del Consell de 23 diciembre".

Respecto al decreto de tipología, las mismas fuentes asegursan que se "está trabajando en el decreto de tipologías, para licitar con una norma que recoja todas las consideraciones de los agentes implicados, que suman más de 1.700 aportaciones".

"Se ha incrementado un 8,8% la cuantía de los módulos económicos de los acuerdos de la acción concertada en 2024, lo que impacta directamente en salario de los trabajadores. El Consell de Mazón ha hecho los ajustes con un incremento que corresponde al IPC acumulado de 2022 y de 2023, mientras que había estado paralizado desde 2022, por lo que hemos puesto a los profesionales en mercado. Además, se han pagado 215 millones de enriquecimientos injustos, saldando todas las deudas que dejó el gobierno del Botánic y poniendo a la Administración al día con todos los pagos que el anterior Gobierno había abandonado", concluyen.