Feijóo apoya el criterio de la despoblación para la financiación autonómica que perjudica a la Comunitat Valenciana

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido en Zaragoza a apoyar que la despoblación sea un criterio a tener en cuenta en el nuevo sistema de financiación autonómica, una cláusula que perjudica los intereses de la Comunitat Valenciana. El dirigente popular ha hecho este anuncio en el I Foro de Ciudades que ha reunido a 33 alcaldes y alcaldesas populares de municipios de más de 100.000 habitantes -donde ha asistido María José Catalá- y que se ha celebrado en Zaragoza, capital de una autonomía gobernada por los populares y a la que sí interesa la introducción de esta variable en la reforma del sistema.

En resumen, aunque no se dispone de una cifra exacta para 2025, se estima que la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana ronda los 1.700 millones de euros anuales, lo que ha contribuido significativamente al incremento de su deuda pública. En total, entre 2002 y 2022 (último año liquidado), la infrafinanciación valenciana asciende ya a 44.058 millones.

El Gobierno reactiva la reforma de la financiación y mantiene la apuesta por el criterio poblacional

De hecho, Feijóo ha complacido a su barón autonómico, Jorge Azcón, al asegurar que la despoblación, la dispersión geográfica y el envejecimiento "han de ser incluidos en cualquier sistema de financiación de una comunidad autónoma" porque, según ha explicado, "son criterios solidarios con la España constitucional".

Solidarios o no, lo que resulta evidente es que estas tres variables no son beneficiosas en el reparto autonómico para la Comunitat Valenciana, pero sí para territorios como Aragón, Castilla y León, Galicia o Cantabria, todas ellas gobernadas por el PP y en sintonía con estos criterios poblacionales. Una estructura económica que perjudica a la C. Valenciana y que, de hecho, fue relegada en la última propuesta remitida por la ministra María Jesús Montero a los gobiernos autonómicos el 31 de enero. En ella se incluía una nueva forma de baremar la población ajustada, una herramienta que toma de base a la ciudadanía que vive en cada territorio según el padrón y que cruza los datos con otros parámetros sociales, demográficos y geográficos que tratan de aproximar el coste real que prestar esos servicios supone para cada gobierno autonómico en función de cada realidad. Y no es la misma para la Comunitat Valenciana, con una despoblación y dispersión geográfica muy por debajo de autonomías como Aragón.

Así, la inclusión de estas tres variables por parte de Feijóo supone atender la petición expresa de Jorge Azcón, cuyo gobierno ha reivindicado estos tres factores para la reforma del sistema de financiación que se debatirá a finales de febrero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado para debatir la propuesta de Montero, con gran expectación e inquietud por la presión del frente catalán y los posibles beneficios respecto al resto de autonomías.

"Es necesaria una nueva financiación autonómica, pero no con las necesidades del presidente del Gobierno, sino con las necesidades de todos", ha dicho Feijóo. Por ahora, el Consell de Carlos Mazón no se ha manifestado sobre esta propuesta del presidente de su partido, como tampoco reaccionaron a la propuesta de Montero que recibió el Palau hacer ahora 10 días y que sí satisfacería, parcialmente, las necesidades valencianas. Incrementar el factor poblacional en el reparto de recursos es un aspecto defendido en la C. Valenciana, aunque en la propuesta de Hacienda quedaban algunos flecos sueltos a debatir en el CPFF.

Queda por ver si el Consell reaccionará ahora a esta propuesta de Feijóo pese a no ser el escenario ideal para los intereses valencianos. Así lo han alertado expertos en financiación, tanto en la Comunitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), como en España, a través de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, quienes han puesto en evidencia la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana y cuya corrección pasa porque el peso poblacional sea el factor determinante para la distribución de los recursos que financian los servicios básicos que prestan las autonomías.

Financiación local

Mientras, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha firmado junto al resto de alcaldes el Acuerdo de Zaragoza, un documento rubricado por los 33 alcaldes donde se exige al Gobierno central que aborde la financiación local al mismo tiempo que la reforma de la financiación autonómica, de manera que se evite la "asfixia financiera" de los ayuntamientos "y se cumpla con los principios constitucionales de suficiencia y autonomía de las entidades locales", señala el acuerdo.

Suelo dotacional para vivienda

En ese documento, los populares han incluido una batería de medidas donde destacan las propuestas en materia de vivienda. Así, Feijóo ha propuesto que cada autonomía cree un catálogo de suelo público finalista para la construcción de vivienda asequible, movilizando parcelas públicas de suelo dotacional que no se hayan utilizado en años "y no hayan cumplido con su función inicial". La oferta se diseñaría atendiendo a los colectivos más vulnerables en materia habitacional, como son los jóvenes, las familias numerosas, las monoparentales, las familias vulnerables o personas con discapacidad.

El líder de la oposición también ha apostado porque los ayuntamientos tengan más autonomía para el desarrollo de sus planes urbanísticos, para que sean "más ágiles, flexibles y eficaces", promoviendo que el silencio administrativo en licencias de edificación para inmuebles de nueva planta.