Entrevista | Secretario de Estado de Medio Ambiente
Hugo Morán: "El ministerio y la CHJ estamos ahora en la reconstrucción, la Generalitat está en la exculpación"
Hugo Morán (Campomanes, Asturias, 1963) defiende, con pleno convencimiento, el papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Agencia Estatal de Meteorología el día de la dana. Insiste en que Emergencias de la Generalitat recibió todos los datos de forma permanente, pero que faltó decisión política para alertar a la ciudadanía.

Ana de los Ángeles / A. Iranzo

Tres meses después de la dana el Consell insiste en señalar el papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar ese día, alegando que faltaron avisos sobre la rambla del Poyo. La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja reclama ahora los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) sobre el caudal entre las 16.13 horas y las 18.42 del 29-O, el tramo en el que la Generalitat denuncia que hubo un «apagón informativo». ¿Preocupación?
En la parte que nos toca a nosotros, tranquilidad absoluta. La información ha estado siempre en abierto desde el minuto uno. Se conoce y es accesible a cualquier ciudadano, con lo cual no hay absolutamente ningún temor de que hubiese habido negligencia o problema en su transmisión. Lo que va a hacer la Confederación Hidrográfica del Júcar, o si se le pide a la Agencia Estatal de Meteorología, es trasladar (a la justicia) lo que ha estado disponible en todo momento.
¿Teme consecuencias legales para los responsables de la CHJ o Aemet que afecten al ministerio?
Ninguna. Absolutamente ninguna (rotundo).
¿Por qué no se envía un correo electrónico con el ascenso de caudal antes de las 18:43?
En el tiempo que media desde que se produce el paso del caudal circulante por la estación de medida hasta que entra en el SAIH hay un proceso que quizá se desconoce: la información no aparece al momento en la pantalla. Hay un traslado de esos datos y una validación. Inmediatamente después, la CHJ traslada la información.
Entiendo por lo que dice que en el Centro de l’Eliana podían seguir la evolución del SAIH y por tanto el caudal de la rambla del Poyo sin necesidad de ningún correo.
Tienen acceso al SAIH como lo tiene cualquiera. Permanentemente cada cinco minutos.
Si eso es así, ¿qué se hizo entonces con esos datos?
Eso hay que preguntárselo a quien estaba allí. Yo he visto algunas declaraciones en algún programa de televisión de alguno de los responsables de Emergencias y era evidente que tenían la información y que en algún momento se trasladaron avisos a los ayuntamientos. Hay un ámbito de decisión que corresponde a los técnicos, que son profesionales que llevan muchos años gestionando en un territorio con situaciones similares, pero hay una frontera en la cual la decisión pasa de ser técnica a ser política. Ahí es donde se produce ese parón. Sabemos que los técnicos informaron en el Cecopi de que la herramienta Es-Alert estaba disponible. Y también sabemos que la delegada del Gobierno (Pilar Bernabé), el presidente de la Confederación (Miguel Polo) y los técnicos de la Generalitat insistieron a lo largo de la tarde en que se lanzasen las alertas. ¿Por qué no se trasladaron? Porque quien estaba desconectado era el president de la Generalitat.

Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, en las instalaciones de Levante-EMV. Foto: Miguel Angel Montesinos / Miguel Ángel Montesinos
Carlos Mazón ha criticado que estuviera usted ese día en Colombia y la entonces ministra Teresa Ribera en Bruselas. ¿Fueron acertados esos viajes ?
Sí. El 28 de octubre me desplazo a Colombia porque es la Cop15 de Biodiversidad de Naciones Unidas y no puede ir la vicepresidenta del Gobierno (Teresa Ribera) por lo que voy en representación de España. El aviso de la Aemet ese día era naranja. El martes pasa a rojo. ¿Me hubiera quedado ese día en Madrid aunque no tenga ninguna competencia en la gestión de la emergencia? Pues probablente sí, pero yo viajo lunes. Lo que resulta sorprendente es que un señor que estaba a seiscientos metros del Palau le exija explicaciones al que estaba a miles de kilómetros, que no tiene competencia en la emergencia. Lo primero que tendría que hacer Mazón sería responder por qué estaba desaparecido.
¿Qué recuerda de aquella tarde?
Pues el remate de la primera sesión del plenario de Naciones Unidas viene a coincidir casi con el final de la reunión del Cecopi, sobre las 19:30 hora española. Tanto la delegada del Gobierno como el presidente de la Confederación Hidrográfica me llaman para trasladarme cuál ha sido el contenido y la preocupación que hay por lo que se está viviendo. Una vez que recibo esa información llamo enseguida a la vicepresidenta Ribera y le explico la situación. Me dice que va a contactar inmediatamente con el presidente Pedro Sánchez y lo intenta varias veces con el president Carlos Mazón.
¿Pero el temor cuál era?
A lo largo del día se había venido comprobando que desde el aviso a rojo que la Agencia Estatal de Meteorología había lanzado a las 07:30 hasta la hora en la que me llaman a mí, la Generalitat no había activado todavía ningún mecanismo de alerta al conjunto de la ciudadanía.
Sinceramente, ¿su ministerio hizo lo suficiente ese día?
Yo creo que no hace falta hacer elucubraciones. Lo hizo a partir del momento en que tenemos constancia de que las instituciones y administraciones ubicadas en el territorio toman la decisión de suspender sus actividades, como la Universitat de València, la diputación o algunos ayuntamientos, con la información que los organismos dependientes del ministerio habían trasladado. Pero Mazón aquella mañana en varios actos, directa o indirectamente, consideraba que declarar la alerta era algo desproporcionado. Fuera de lugar. Ese es el mensaje que llega a su gobierno.
¿Por qué no sale Miguel Polo a dar una explicación de cómo funciona el SAIH, qué correos se enviaron a Emergencias o qué aportaciones hizo en el famoso Cecopi?
El presidente de la CHJ ha estado desde el minuto uno conmigo en reuniones con consellers de la Generalitat, con los regantes, con los operadores de agua y con distintos ayuntamientos. Ha estado a lo que tiene que estar ahora. Ha habido muchos daños y por lo tanto el tema ya está en manos de la justicia. Todos aquellos que tengan que aportar algo en el proceso o procesos que se vayan a abrir, tendrán que comparecer. La cuestión aquí es que mientras el ministerio está en la reconstrucción y la CHJ tiene un papel muy importante en esa taréa, la Generalitat está a la exculpación.
Puede dar la sensación de que le protegen o tiene algo que ocultar.
No (taxativo). Los datos que tiene el presidente de la Confederación Hidrográfica son los que cualquiera tiene a su disposición. Entonces, ¿a qué tiene que dedicarse?, pues a la reconstrucción. Tiene un problema Valencia y la Comunitat Valenciana en estos momentos y es que el presidente Mazón tiene a su gobierno dedicado prácticamente ‘full time’ a defender lo indefendible, que es justificar el hecho de que él no estuviese presente en ese momento. Cualquiera que rescate las declaraciones de Mazón los días posteriores a la dana dice que estábamos en perfecta coordinación y que habían tenido todos los datos. En esos tres primeros días creo que fue sincero, pero después cambió.
¿Habría cambiado algo la gestión de la crisis si Gobierno y Generalitat hubieran compartido las mismas siglas políticas?
En lo que en lo que toca al Gobierno de España, no. Con idéntica información y datos la Generalitat de Catalunya, que es del mismo color (PSC), y el Gobierno de Aragón, del Partido Popular, convocaron al SAIH para poner en marcha los mecanismos de prevención. Los organismos del Estado colaboraron en iguales condiciones con todos aquellos que lo requirieron. Es su obligación. En una situación de emergencia están al servicio y a las órdenes de quien tiene la competencia de la gestión, que es la comunidad autónoma.
Pasemos al futuro. La rambla del Poyo y el barranco de la Saleta imagino que serán obras prioritarias en las inversiones del Gobierno. Vista la magnitud del desastre algunos proyectos que se arrastran años se antoja que ya no sirven.
Habría que remontarse quince años atrás con crisis de por medio, recortes, declaraciones de impacto ambiental caducadas ( en la etapa de Mariano Rajoy), presupuesto prorrogado, elecciones, pandemia. .. Después, esos proyectos se retomaron con la tramitación ordinaria habitual: consultas a los territorios, ayuntamientos, diputaciones, Generalitat, afectados, particulares y demás alegaciones, etcétera, etcétera... En ese proceso estábamos. Ahora la pregunta es ¿sirven esos proyectos? Pues en su conjunto sí, lo que no sirve es el dimensionamiento que tienen. A la vista de los volúmenes absolutamente descomunales, que sobrepasan con mucho el cálculo de retorno de este tipo de fenómenos, hay que reforzarlos. La ventaja que tenemos es que ahora se cuenta con una sensibilidad en el territorio que permitirá que salgan adelante con una agilidad que no tuvieron.
Lástima que haya tenido que ser tras un desastre así.
Sí, pero además a diferencia de lo ocurrido entre 2011 y 2018, en estos momentos hay activación presupuestaria y compromiso para ejecutarlos.
Son inversiones millonarias.
Son proyectos de una envergadura considerable, que ya tenían una valoración presupuestaria importante hace años y que ahora serían mayores como es lógico. Al tener que adecuarlos en términos de resiliencia pues se van a incrementar más.
¿Se pueden haber duplicado o triplicado incluso?
¿Duplicado y triplicado? Sí.
Desde la Generalitat también se ha criticado que se destinen inversiones a la renaturalización de los cauces y no a obras hidráulicas.
Si se atiende a lo que la ciencia nos dice, las mejores soluciones son las basadas en la naturaleza. ¿Quiere esto decir que sean absolutamente innecesarias las soluciones ingenieriles convencionales? No, en absoluto. Hay elementos de intervención en obras, en infraestructuras, que tienen que permitir gestionar un territorio que está antropizado, modificado ya. Si hubiese que intervenir en un área que fuese virgen, que no tuviese absolutamente nada, sería mucho más sencillo. Pero aquí buena parte de equipamientos o desarrollos industriales ocupan barrancos, ramblas y cauces. Lo que no se puede hacer es tabla rasa. Hay espacios que son imposibles de renaturalizar.
La Generalitat tiene una nueva cartografía postdana que habla de 104.000 hectáreas que ahora son suelo inundable donde no podrán hacerse reclasificaciones, ni nuevas edificaciones. La conurbación Horta Sud- València está llena de viviendas y en algunas localidades habrá que proceder a derribos. ¿Qué hacemos con esa gente?
Lo primero es impedir o detener aquellos procesos que puedan agravar la situación en un futuro. Si seguimos echándole el pulso a la naturaleza ya sabemos quien gana. Hay que poner en marcha un mecanismo de cooperación entre las administraciones.Algunos ayuntamientos están empezando a tomar decisiones de reubicar equipamientos conscientes de que sería suicida seguir manteniéndolos en el mismo sitio. Debemos dar respuestas y soluciones a ciudadanos, empresas, actividades que están ahí y esto no puede hacerse en un pulso entre unos y otros. No podemos seguir en una dinámica en la cual desde el ministerio abogamos por recuperar el dominio público hidráulico y la Generalitat por disminuir el espacio del dominio público.
¿Se refiere a la nueva ley de la costa que impulsa el Consell?
Claro. Ahora parece que todo se dirige a un punto concreto, el único lugar en el que hay que intervenir (la zona dana), pero si somos conscientes de que estamos haciendo frente a una nueva realidad que afecta al territorio en su conjunto no puede haber soluciones para salir del paso. Vamos a tener que identificar (problemas), tomar decisiones y allí donde haya que acompañar con mecanismos de ayuda pues activarlos con una transición justa.
Hablamos de permutas.
Hay muchas posibilidades, muchas y quien tiene la titularidad o la capacidad de la calificación del suelo ha de ser consciente de que va a tener que repensar su planificación urbanística y facilitar allí donde sea necesario permutas o cambios de ubicación de algunas actividades.
Los expertos reclaman la revisión de protocolos en emergencias. ¿Va a hacer algo el ministerio?
Los protocolos sirven en la medida de si quien tiene la responsabilidad de activarlos los utiliza correctamente. Ahora bien, no es menos cierto que la dimensión de lo que hemos vivido probablemente no estaba en la planificación anterior.
¿Y ahora qué toca hacer?
No podemos perder más tiempo. Una de las primeras medidas que adoptó este Gobierno tras su toma de posesión fue declarar la alerta climática. Luego eso lo trasladó a todo un paquete normativo dentro del cual se incluye la planificación hidrológica frente a fenómenos extremos, con los planes de sequía y los de gestión de riesgo de inundación. Estos últimos tienen una herramienta imprescindible que es la cartografía de suelos inundables, pero nos topamos con recursos por parte de comunidades autónomas, ayuntamientos y promotores que la discuten. El Tribunal Supremo está dictando ahora sentencias desestimando esas reclamaciones. Una parte muy importante de los agentes que tienen capacidad para tomar decisiones han relativizado lo que supone el impacto climático y no han valorado suficientemente las alertas de la ciencia. Que recapaciten. Hay una sociedad que clama para que se empiece a actuar.
«La Reserva de la Biosfera para l’Albufera es la mejor de las herramientas»
Hace un año se dio una grave crisis hídrica en l’Albufera. La Generalitat y el Ayuntamiento de València reclamaron al Gobierno los 20 hectómetros de agua consignados en el plan hidrológico y se anunció un protocolo de emergencia para que no volviera a pasar aquello. ¿En qué punto está el tema?
Hay que empezar a pensar que el modelo de gestión de l’Albufera no puede ser exclusivamente administrativo. Hay tres agentes institucionales: Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno. Y un cuarto actor: los regantes. No se puede obviar que hay una presencia capital de los que llevan a cabo la actividad fundamental que regula el agua que llega al humedal. Ese protocolo, con independencia del punto en el que estuviera, no sirve ahora.
La sensación es que l’Albufera no ha recibido el mismo trato por parte del Gobierno que Doñana o el mar Menor.
Hay una estrategia nacional para los humedales y l’Albufera está entre los cinco espacios prioritarios. Hemos empezado por los que estaban en peor situación o en procesos de infracción o sanción por parte de organismos internacionales.
¿Tendremos esos 20 hm3?
Lo que tendrá será un plan de gestión adecuado que debe acordarse con el propio territorio. En ese sentido la iniciativa para la declaración de la Reserva de la Biosfera creemos que es la mejor de las herramientas. Empieza ahora el proceso participativo y yo creo que ahí entre todos tendremos que decidir.
¿Cómo ve el tema de la candidatura ?
La Reserva de la Biosfera lo que pretende es integrar la gestión ambiental con la productiva y puede ayudar a entender lo que es l’Albufera, un espacio que es consecuencia de una actividad concreta a la que hay que tener en cuenta.
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