El Gobierno regularizará a 25.000 migrantes afectados por la dana

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes una regularización extraordinaria para aquellos migrantes afectados por las inundaciones del 29-O. Una cifra que desde el ejecutivo de Pedro Sánchez se sitúa en unas 25.000 personas, aunque las entidades sociales hablan de unas 40.000 en situación administrativa irregular. La medida permitirá la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo de un año a los perjudicados por la dana y sus familiares más directos. Un total de diecinueve asociaciones de la Comunitat Valenciana y del resto de España habían solicitado a Gobierno, Generalitat y Defensor del Pueblo que las ayudas a las víctimas de la dana incluyeran a todas las personas. 

La propuesta del Miniterio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciacions que saldrá adelante hoy permitirá la regularización a los migrantes sin papeles “por circunstancias excepcionales sobrevenidas”, como avanzaba El País este lunes. Lo cierto es que solo podrán beneficiarse aquellos extranjeros empadronados o los que cuentan con una cita para cumplir el trámite en alguna de las localidades que sufrieron los efectos de la dana. Podrán acogerse a este permiso los cónyuges, hijos menores de edad del solicitante o de su pareja, o hijos adultos con algún tipo de discapacidad.

OpiniónXimena Pardo Fuentes

Crónica de una desprotección anunciada

Se trata de personas que trabajan o trabajaban en la economía informal, y no pueden, por ello, presentar un contrato de trabajo para justificar su empleo o su despido a consecuencia de las inundaciones. No tienen un contrato de titularidad de la vivienda en la que vivían o haya quedado dañada; no tienen un documento de la titularidad del coche que puedan haber perdido o haya resultado dañado; o ni siquiera disponían de una cuenta bancaria en la que percibir los ingresos que puedan haber perdido.

Les impide acceder a ayudas

Precisamente por su situación administrativa y por no disponer de esta documentación acreditativa no pueden acceder a las ayudas aprobadas para las personas afectadas, según las entidades sociales que denunciaban el doble castigo infringido por la dana a colectivos ya muy vulnerables. "Lo que está claro es que esta ayuda dejará fuera a muchas personas que necesitan ayuda tras perderlo todo. El Gobierno liga la regularización a la residencia pero si se condiciona al documento del empadronamiento se deja a demasiadas personas fuera. Para los migrantes en situación administrativa irregular es muy complicado empadronarse. Sin embargo, sí podrían acreditar su residencia en València con informes de servicios sociales, o de las entidades que trabajamos con ellos, con facturas o con documentos similares que confirman que sí viven aquí, aunque no tengan el padrón que ahora les exigen para acceder a unas ayudas que son más que necesarias", aseguran desde València Acoge.

Seguir en la invisibilidad

Desde Oxfam Intermón, por su parte, señalaron que la regularización anunciada por el gobierno dará protección a muchas personas que han visto sus vidas rotas por esta catástrofe, pero les "preocupa que, para lograrla, se requiera el padrón o una cita previa confirmada". Y añaden: "Es necesario flexibilizar ese requisito. En España hay un grave problema porque muchos municipios ponen barreras administrativas que impiden a las personas migrantes empadronarse. Miles de personas afectadas podrían seguir invisibles y sin derecho a optar a las medidas y ayudas, aún con lo que se apruebe este martes. No podemos dejarlas atrás".

Gan Pampols y José María Ángel coinciden con la medida

La iniciativa del Gobierno tuvo reacciones de inmediato, como la de Francisco Javier Gan Pampols tras el encuentro de trabajo con José María Ángel. El buen entendimiento exhibido por ambos representantes, de Generalitat y Gobierno respectivamente, tuvo como ejemplo de aterrizaje la medida de regularizar a 25.000 personas migrantes sin papeles en las zonas de la dana. "Fantástico", consideraba Gan Pampols quien incidía en que son "más que bienvenidos" especialmente "si esas personas están en condiciones de prestar algunos de los múltiples trabajos que son necesarios en la zona.

"Cualquier persona que trabaja en un territorio como España tiene los derechos propios de un trabajador", añadía. "¿Qué hay hacer con ellos? Formarlos y ponerlos a trabajar. Fantástico. Ya saben el problema de mano de obra que hay en España", incidía. En la misma línea se expresaba el comisionado del Gobierno para la reconstrucción, Jose María Ángel, que apelaba a una cuestión de humanidad.