La jueza pide una valoración de los daños psicológicos de los familiares de las víctimas de la dana

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja sigue indagando sobre la dana del 29 de octubre. Ahora ha encargado una valoración forense de los familiares de las víctimas mortales de las inundaciones que han sufrido daños psicológicos. Estos perjudicados serán citados en el Instituto de Medicina Legal de Valencia para que aporten la documentación médica que tengan y "se pueda así evaluar los daños morales y las secuelas psíquicas". En el auto notificado este martes se explicita que también serán examinadas por los forense las personas que resultaron lesionadas por las inundaciones y que precisaron tratamiento facultativo posterior a una primera asistencia sanitaria.

Analizando la "evitabilidad" de la catástrofe

La magistrada recuerda que está analizando la "evitabilidad" de la catástrofe, a la que ya aludió en anteriores resoluciones como publicó Levante-EMV . Así pues, la investigación de los fallecimientos es la "esencia" de este procedimiento, "el objeto sobre el que versa esta investigación, el daño absolutamente irreparable". La instructora entiende que las diligencias puestas en marcha han de incluir también a las personas que sufrieron lesiones de mayor entidad en la tragedia. Tanto físicas como psicológicas. "Ello no significa que no hayan de obtener la oportuna reparación los daños materiales, la destrucción que ha asolado a las poblaciones y los daños materiales que han afectado a centenares de miles de personas, sino que ni este proceso ni la jurisdicción penal son competentes para su conocimiento", matiza a continuación.

Cinco días para señalar al responsable del Es-Alert

Como se recordará, la jueza dio el pasado jueves un plazo de cinco días a Emergencias para que remita el nombre del responsable que dió la orden de enviar el Es-Alert a la ciudadanía el día 29 de octubre a las 20:11 de la tarde. Este interés sobre quién decide y remite el mensaje del sistema Es Alert lo justificaba la magistrada en aquel auto de la semana pasada por el hecho de que las declaraciones de testigos y familiares de los 76 fallecidos del partido judicial de Catarroja «se constata un desconocimiento por las víctimas de la situación de altísimo riesgo en la que se encontraban por el desbordamiento de la rambla del Poyo, así como del Barranco de l’Horteta» (un afluente del Poyo).

Declaraciones de testigos

La titular del juzgado fundamenta la necesidad de las valoraciones forenses a los familiares de las víctimas mortales que lo deseen en "el importante daño psicológico" que muchos de ellos sufrieron. Una situación que ella misma ha podido constatar en las declaraciones de testigos y ofrecimientos de acciones practicados hasta el momento, como se incide en el auto remitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

"Arrastrados por un torrente de agua"

La resolución judicial describe lo ocurrido el pasado 29 de octubre en las zonas más afectadas por la barrancada del Poyo y el desbordamiento del río Magro como un "episodio dantesco", como "un infierno real de destrucción, muerte y finalmente oscuridad". Un número relevante de personas, incide, vio "desaparecer a sus allegados delante de sus ojos". Eran "padres, cónyuge o hermanos que vieron cómo se les escapaban literalmente entre sus manos" sus seres queridos y resultaban "arrastrados por un torrente de agua y barro".

La magistrada cita algunos ejemplos como el de un hombre que pudo poner a salvo a su mujer pero acabó falleciendo "tras luchar largo tiempo contra el arrastre del agua", o aquellos que fueron testigos de cómo sus parientes bajaban a sus garajes y "jamás volvieron". De hecho, algunas personas presenciaron como sus familiares perecían "debido a su avanzada edad, peores condiciones físicas o, simplemente, ante la incapacidad humana de soportar la fuerza de la corriente de agua y barro".

Algunas víctimas mortales perdieron la vida "tras haber enviado mensajes de audio de despedida a sus hijos", señala la jueza

Además, según reza la resolución, algunas víctimas mortales perdieron la vida "tras haber enviado mensajes de audio de despedida a sus hijos", mientras que otros familiares "llegaban a los domicilios de sus mayores y encontraban sus cuerpos sin vida". De este modo -concluye la instructora- "al daño moral inherente a la pérdida de cualquier familiar cercano" se suman todas las circunstancias relatadas y que pueden haber generado "un síndrome de estrés postraumático", concretamente "síndrome del superviviente", que ha de ser objeto de la oportuna valoración.

Fianzas a Vox, Podemos y el sindicato CGT

Por otro lado, en otras dos resoluciones la juez de Catarroja ha acordado exigir sendas fianzas de 6.000 euros a Vox, Podemos y al sindicato CGT -en este último caso tras aceptar la inhibición de unas diligencias previas cursada por un juzgado de Valencia- para permitir que ejerzan la acusación popular en la causa. La magistrada argumenta que ninguna de las formaciones políticas ha interpuesto querella -algo "admisible" para las acciones populares cuando la investigación ya está en curso- pero cita jurisprudencia de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo y requiere el pago de las cauciones dado "el estado inicial del procedimiento".