Un tribunal condena a Compromís por el despido improcedente de una asesora en las Corts

El Juzgado de lo Social nº18 de València ha condenado al grupo parlamentario de Compromís en las Corts por el despido improcedente de una de las asesoras de la formación en la cámara autonómica. La coalición la despidió justificando causas económicas debido a la pérdida de subvenciones tras las elecciones de mayo de 2023, algo que ocurrió también con otros dos trabajadores; sin embargo, el tribunal ha dado la razón a la trabajadora, que demandó el despido, y lo ha considerado improcedente obligando al partido a pagarle una indemnización.

El cambio de legislatura hace año y medio fue complicado para la izquierda valenciana. Las urnas rompieron la mayoría que había permitido formar el gobierno del Botànic en 2015. El golpe electoral lo notó Compromís en su grupo parlamentario pasando de los 17 diputados logrados en 2019 a 15. Pero además de en los nombres y rostros más conocidos de la coalición, el seísmo se sintió en algunos de sus trabajadores que venían desempeñando funciones de asesoramiento desde años atrás.

Porque una pérdida de diputados es también un descenso de ingresos económicos. Esa fue la justificación que dio Compromís para prescindir de una de sus asesoras, contratada en 2016, señalando que tenían previsto una bajada de las subvenciones electorales al pasar de 304.468 euros en 2022 a 287.323 euros en 2023. Esa comunicación llegó el 12 de septiembre de ese año, un par de semanas después de que se subrogara su contrato desde la X legislatura, acabada en marzo de 2023, a la XI legislatura, la recién estrenada y todavía en vigor.

"Lamentamos comunicarle (... que) la descrita situación económicamente negativa para esta organización y la necesidad organizativa (tras señalar que la "reducción de diputados en las Corts afecta a los asesores") es lo que motiva la decisión que ha tenido que adoptar la dirección de la empresa para la extinción de su contrato mediante despido objetivo", es el correo electrónico que recibe la trabajadora. Este despido objetivo supone una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, cuantía fijada en la reforma laboral de Mariano Rajoy en 2011.

"No cumple exigencias"

Un mes después, y tras una conciliación sin resultado favorable y después de que la trabajadora exigiera recibir la cuantía económica correspondiente a las vacaciones no disfrutadas ese verano, la empleada demanda al grupo parlamentario, un modus operandi también se repite con otros dos trabajadores del partido en las Corts, con la diferencia de que con estos dos sí ha habido acuerdo. La trabajadora citada reclama que el despido sea declarado improcedente, una situación que, legalmente, supone que la indemnización sea de hasta 33 días por año trabajado.

Año y medio después, el Juzgado nº18 de Valencia ha dado la razón a la exasesora de los valencianistas. "No cumple con las exigencias legales", señala el auto al que ha tenido acceso este periódico. En este sentido, indican que la justificación dada no tiene "más detalles", es una "causa abstracta" y acaban "privando a la trabajadora de elementos para valorar la efectiva concurrencia de las causas económicas que justifiquen o amparen la decisión extintiva adoptada". "La decisión carece de relevancia para justificar el despido enjuiciado", añade la sentencia.

A ello añade que con posterioridad al despido "se habían producido nuevas contrataciones" y que "las mismas funciones que desarrollaba la actora (la demandante) se estaban realizando por otros asesores". Porque la pérdida de las elecciones supone también un descenso de cargos y puestos de contratación de quienes estaban en el Consell y dos de ellos han acabado contratados por el grupo parlamentario, una prueba que acabó siendo clave para que el juzgado declarara la improcedencia del despido y dando la razón a la empleada.

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