Entidades en defensa del valenciano piden al TSJCV que ordene la suspensión cautelar de la consulta de la lengua base

Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Famílies pel Valencià y un colectivo de familias del barrio de Russafa de València han anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra la orden de la Consellería de Educación, Cultura, Universidades y Empleo por la cual se convoca el procedimiento de consulta a los representantes legales del alumnado para elegir la lengua base aplicable a partir del próximo curso 2025-2026. Las entidades recurrentes solicitan al TSJCV que decrete la suspensión cautelar de la consulta, que consideran "tiene como objetivo arrinconar al valenciano".

El Consell estudiará "caso por caso" cómo repartir al alumnado tras la consulta de lengua

La petición de suspensión cautelar de las votaciones que Educación ha programado entre el 25 de febrero y el 5 de marzo, según un comunicado de los colectivos firmantes del recurso, "se fundamenta en el hecho que la Ley 1/2024, de 27 de junio, de la Generalitat, por la cual se regula la libertad educativa, está recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC)". Por tanto, consideran que "es necesario evitar que se tomen decisiones irreversibles basadas en una norma la constitucionalidad de la cual está pendiente de resolución".

"Vulneración de derechos"

La finalidad del recurso, prosigue el comunicado, "es evitar la realización de una consulta que vulnera los derechos lingüísticos de los valencianohablantes, puesto que deja nuestra lengua dentro del sistema educativo en una situación de inferioridad respecto al castellano". Las dos entidades y el grupo de familias denunciantes subrayan que el objetivo de la consulta "es el arrinconamiento del valenciano dentro del sistema educativo". "Un hecho especialmente grave en un momento en que diferentes encuestas sobre usos de la lengua nos alertan de la situación del valenciano en el seno de la sociedad valenciana", añade la nota. Ante el retroceso del uso de la lengua cooficial, ambas entidades "instan a la Administración a proteger el valenciano y a adoptar medidas para su recuperación social" en vez de desplegar leyes, como la de libertad educativa, que "va justo en el sentido contrario".

"La protección y promoción del valenciano en el ámbito educativo son esenciales para garantizar la equidad lingüística y la cohesión social. Cualquier decisión que afecte este ámbito tiene que ser tomada con rigor, respecto al marco legal vigente y en los estudios científicos adecuados, con la máxima transparencia y participación de los consejos escolares", han declarado las portavoces de las entidades denunciantes.