Un informe jurídico alerta del riesgo de “clientelismo político” en la diputación

La última modificación de la relación de puestos de trabajo de la Diputación de Valencia, que se prevé aprobar este mes de febrero, se ha vuelto a encontrar con objeciones del secretario general de la casa, Vicente Boquera, el máximo responsable del cumplimiento de la legalidad en la institución, y que alerta del riesgo de descontrol en las designaciones. El informe del secretario, al que ha tenido acceso este diario, reclama corregir varios aspectos y presentar "una propuesta revisada que garantice el cumplimiento de la normativa vigente".

Como ya informó este diario, esta modificación, la tercera de la legislatura, es de corto alcance, quirúrgica, pero con interés político al estar centrada principalmente en reestructurar el personal funcionarial de apoyo a los partidos. El actual equipo de gobierno ha querido repartir de manera más equitativa los puestos de trabajo que prestan apoyo a los grupos, de manera que todos tengan alguno y nadie cuente con una cantidad desproporcionada de plazas, como ahora ocurría en favor del PSPV (6) y Compromís (3). Por el camino, obtienen un ahorro de 113.741 euros.

Cabe destacar que en la diputación, además del personal eventual que se pone a disposición de los partidos (ya son 63 asesores entre los cinco partidos, una cantidad que ha ido aumentando ostensiblemente desde 2015, advierte el informe del secretario), se presta apoyo a los grupos a través de funcionarios de carrera. Son empleados que deben limitarse, apunta el informe, a “tareas de apoyo meramente administrativas y auxiliares” (administrativos, auxiliares y subalternos), que en ningún caso podrán “ser nombrados por afinidad ideológica ni por razón de confianza personal”, que para eso están los asesores.

Esta figura de “personal de apoyo a los grupos políticos” se creó en 2002, después de los cambios políticos de los años anteriores y de la situación anómala en que quedaron muchos funcionarios. Prácticamente se concibió como una reserva de funcionarios señalados políticamente y que podían verse “condenados al ostracismo”, ya que habían ocupado puestos directivos por libre designación y, con los cambios políticos, “fueron apartados de los mismos” o que estando “muy comprometidos con concretas opciones políticas”, no pudieron volver a sus plazas funcionariales, quedando en un limbo dentro de la casa.

El informe defiende esta solución. Y pone como ejemplo el caso de José María Ángel, exsecretario autonómico de Emergencias del Consell y nombrado hace unas semanas comisionado del Gobierno para la dana. Ángel es funcionario, con plaza en la diputación, a la que regresó el último año. En concreto, adscrito al grupo socialista. El equipo de gobierno quiso suprimir su plaza, como adelantó este diario, pero “acertadamente, se ha retirado la supresión del puesto”, apunta el secretario general.

La Diputación de Valencia indulta la plaza de funcionario del comisionado para la reconstrucción de la dana

Lo que no ve bien el informe jurídico es que se cubran estas plazas por sistema de libre designación, ni que se abran a funcionarios de otras administraciones. Y reclama que no se utilice este sistema “para evitar el clientelismo político”. El secretario, sobre la libre designación de estos puestos, recuerda que, según normativa interna, “se proveerán por este sistema los puestos de nivel 28 y superiores, así como aquellos otros que así se determinen por su carácter directivo o especial responsabilidad”, algo que no casa con las tareas auxiliares, de mero apoyo administrativo, que se requiere para estos funcionarios ‘empotrados’ en los grupos políticos. El informe reclama que se motive debidamente si se quiere utilizar el sistema de libre elección, ya que no son puestos directivos. En cualquier caso, añade, “la designación posterior se hará exclusivamente por motivos de idoneidad profesional, con total independencia a su adscripción la grupo político que le corresponda”.

Otras administraciones

Además de a la libre designación, el secretario pone peros a la apertura a otras administraciones de estos puestos de trabajo, ya que ese sistema “abre la puerta a la provisión de puestos de funcionarios de carrera por afinidades políticas o de corporación local”. Esa posibilidad, que funcionarios de otras administraciones entren, se ha de justificar “puesto por puesto”, reclama el informe.

Además de esto, el texto critica otras cuestiones de la modificación de la RPT, como la “falta de motivación de las modificaciones de los puestos”. En las conclusiones señala que la falta de informes técnicos jurídicos detallados de cada uno de los puestos, además, “genera inseguridad jurídica y podría dar lugar a problemas de validez o futuras impugnaciones”. También critica el secretario “la falta de antelación necesaria en la petición de informe”, en referencia al servicio de Recursos Humanos. Y concluye instando a RR HH a corregir estos aspectos y presentar una propuesta revisada que "garantice el cumplimiento de la normativa vigente".

El jefe de Personal de la diputación renuncia a los seis meses de ser nombrado

Tres meses sin jefe de Personal

En estos momentos, como ya ha contado este diario, el área de personal está oficialmente descabezada, desde que a principios de diciembre el jefe de sección que había asumido la dirección (jefe de servicio en atribución temporal) renunció en medio de un conflicto con los altos funcionarios de la casa, aunque sigue trabajando en el departamento. Ayer mismo, Intersindical emitía una nota interna en la diputación en la que criticaba esta situación y pide ponerle fin. “Como venimos denunciando desde el pasado 27 de noviembre, nos encontramos sin jefe de Servicio de RR HH y a la espera de que alguien tome alguna decisión”. “Esta situación no ha sido, sin embargo, obstáculo para que desde presidencia se haya impulsado una modificación de la RPT [...] mientras tantos y tantos temas están varados desde hace meses”.

El sindicato cuestiona que se modifique la plantilla sin un responsable de Recursos Humanos, y coincide con el secretario general en la crítica por abrir esas plazas a funcionarios de otras administraciones y además utilizando el sistema de libre designación. “¿No hay funcionarios en la corporación lo suficientemente competentes? [...] Esta situación atenta contra los intereses de los empleados públicos de la corporación”, señala el comunicado.