Jueces de violencia de género de València alertan de un colapso al tener que asumir más competencias

Un total de dieciséis juezas y jueces de violencia de género de la provincia de València alertan del "colapso" que se producirá a partir de septiembre por la reforma legal que aumenta sus competencias para asumir las referidas a todos los delitos de carácter sexual contra la mujer, incluida la trata con fines de explotación sexual. Un cambio legal que, alegan, "si se hace efectiva sin un aumento de la planta proporcional al número de asuntos que conllevará su entrada en vigor, se impondrá a sus titulares y al personal que trabaja en los mismos, ya de por sí saturados, una carga inasumible", aseguran en un escrito firmado por los dieciséis magistrados y magistradas de todos los partidos judiciales de la provincia de València.

El cambio legal está previsto en la ley 1/2025 de 2 de enero de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia que amplía la competencia objetiva de los Juzgados de Violencia sobre la mujer a los nueve meses de su entrada en vigor, que se cumplen el próximo mes de septiembre.

Una asunción de competencias que, critican los magistrados y magistradas, "no está prevista y dotada económicamente la creación de ningún órgano judicial; no está prevista la ampliación de la dotación de personal en dichos órganos; y no está prevista la dotación de nuevos medios materiales que permitan hacer frente al ingente aumento de competencias de los juzgados o secciones de violencia".

Con la agravante añadida, explican, de que "el trato a la víctima de violencia de género va a quedar diluida entre todas las demás víctimas, y que, ante el ingente e inasumible aumento de competencias por unos órganos ya de por sí colapsados, se va a ver irremediablemente privada del trato personalizado" que les procuraba dispensar, y sus procesos civiles se verán relegados por los asuntos penales de atención preferente.

Según estos jueces, el incremento de asuntos que entrañará esta ley orgánica va a producir "efectos nefastos" en la atención a las víctimas y en la adecuada tramitación de los procedimientos, así como en la estabilidad de la plantilla de dichos órganos judiciales y en la salud del personal que la integra. Destacan que la actual carga de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer "es ya importante; los números de asuntos suben año tras año, y se han multiplicado exponencialmente en aquellos órganos judiciales que además han sido comarcalizados sin que la agrupación de partidos judiciales" haya venido con carácter general acompañada de la creación de nuevos Juzgados.