La Generalitat a la jueza de la dana: «El comité de dirección del Cecopi lo formaban la consellera y la delegada del Gobierno»
La Conselleria de Emergencias informa al Juzgado que investiga las 227 muertes del 29-O que la alerta la decidió el comité de dirección y la redactaron y enviaron dos funcionarios
Reunión del Cecopi, en la madrugada del miércoles, 30 de octubre, horas después de las inundaciones, a la que asistió Carlos Mazón. / Levante-EMV
La Generalitat ha comunicado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja que investiga las 227 víctimas mortales tras la dana que la decisión de emitir la alerta a la población a las 20.11 horas del 29 de octubre se debatió en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) que tiene un «comité de dirección» que presidía la titular de la Conselleria de Justicia e Interior.
La Generalitat no cita a la persona que ocupaba esta responsabilidad el 29 de octubre, Salomé Pradas -apartada de todos sus cargos el 20 de noviembre-. Pradas también era la directora del Plan Especial frente al riesgo de inundaciones, aprobado en 2010 y revisado en 2021. A la consellera también le correspondía «determinar, en función del tipo y gravedad de la emergencia, las medidas de protección a la población que deban de adoptarse» como la «autoprotección personal, el confinamiento, el alejamiento y la evacuación».
Aunque la Generalitat introduce que el «comité de dirección» del Cecopi está «formado por la citada consellera y la delegada del Gobierno», en referencia a Pilar Bernabé, a la que tampoco cita por su nombre. Un Cecocpi que, detalla la Generalitat, se convocó ese mismo día «a las 15 horas para reunirse a las 17 horas». Y que reunió a representantes de veintiocho instituciones estatales y autonómicos. Curiosamente, la Generalitat elige incluir en primer lugar en el listado que facilita al juzgado a los organismos estatales que conforman el Cecopi (Delegación del Gobierno, Aemet, la Confederación Hidrográfica del Júcar o Adif). El Centro de Coordinación Operativa Integrado lo componen un total de 24 representantes de instituciones autonómicas y estatales, además de empresas públicas o entidades como Cruz Roja. En ningún momento se nombra al presidente de la Generalitat.
Respecto a la petición de la magistrada de Catarroja para que identificaran al «técnico o funcionario que, en cumplimiento de la orden de remisión del citado mensaje a la población, la llevó a efecto a través de los cauces y operadores de telefonía» la Generalitat explica que «de acuerdo con los registros existentes en el sistema Public Warning Portal Red de Alerta Nacional, plataforma alojada en los servidores del Ministerio del Interior, y de conformidad con la consulta realizada a la fecha, «aparecen dos usuarios registrados como redactores y validadores del mensaje». Según la Generalitat al juzgado sí ha remitido los nombres de ambos funcionarios pero en la información facilitada a los medios declinó identificarlos porque «son personal funcionario y se omiten por motivos legales de confidencialidad».
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