Camarero se alía con Madrid contra el "intervencionismo" de la ley de Vivienda
La Comunitat Valenciana y la Comunidad Valenciana critican las "injerencias" y comparten políticas para el acceso inmobiliario
La vicepresidenta Susana Camarero en la reunión con su homólogo madrileño Jorge Rodrigo / GVA
La Generalitat Valenciana ha formalizado una alianza con la Comunidad de Madrid para posicionarse frente al "intervencionismo" de la ley de Vivienda, impulsada por el Ejecutivo central. Su respuesta es apostar por un incremento "de la oferta de vivienda para posibilitar la reducción de los precios" frente a la apuesta del gobierno de Sánchez que limita los precios del alquiler.
En este sentido, la vicepresidenta de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, defiende que su postura "apuesta por la construcción y aporta seguridad jurídica a los propietarios que quieren poner sus viviendas al alquiler". Según ella, este posicionamiento pretender "garantizar el acceso a la vivienda, sobre todo a los jóvenes, y potenciar el sector de alquiler asequible".
La alianza se ha formalizado en el encuentro que Camarero ha mantenido con el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras madrileño, Jorge Rodríguez, en el que han adoptado esta postura común frente a la del Gobierno de coalición que, en opinión de la valenciana, genera "inseguridad" y apoya "más la ocupación que a los propietarios" que arrienden su vivienda.
Plan Vive y más de 10.000 viviendas
La Generalitat Valenciana se ha puesto como objetivo la construcción de 10.000 viviendas durante la actual legislatura, mediante el Plan Vive, con la licitación en derecho de superficies. Y, además, también plantea la permuta de suelo por obra futura como una opción para fomentar el acceso a la vivienda. Por el momento, se ha iniciado la licitación "de 1.600 de estas viviendas" que permitirán, según Camarero, "bajar el precio de la vivienda".
Cabe destacar que, en la Comunitat Valenciana, el presupuesto de vivienda para 2025 tiene una partida específica destinada a ayudas a paliar los efectos de la dana, que incluye 50 millones de euros en ayudas al alquiler. También contempla dos planes especiales, uno para la adquisición de viviendas de protección pública dotado con 6 millones de euros y otro para vivienda industrializada y para la ampliación del parque público de vivienda protegida en municipios afectados por la dana que contará con 15 millones de euros, más la aportación de fondos europeos.
Acciones antiocupación
Otra de las líneas ideológicas del Consell es crear medidas contra la ocupación ilegal de viviendas, pese a que solo afectan a uno de cada 8.000 propietarios. En este sentido, la Generalitat ha desarrollado líneas de compensación a los arrendadores afectados por la ocupación, así como medidas de reconversión de las oficinas de víctimas del delito para atender a los propietarios víctimas de usurpación.
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