La Diputación de Valencia hace pública la ruptura total con su máximo responsable legal

La Diputación de Valencia, que esta mañana celebraba el pleno ordinario de febrero, ha vivido un momento inédito, una bronca monumental, no por las formas sino por el fondo, y, sobre todo, por los protagonistas: entre el equipo de gobierno de Vicent Mompó y el secretario general, el veterano funcionario Vicente Boquera, máximo garante de la legalidad de las decisiones de la corporación. “Lo que ha pasado aquí es histórico. No ha pasado nunca”, ha dicho estupefacto el portavoz socialista, Carlos Fernández Bielsa.

‘Lo que ha pasado aquí’ es que se votaba una pequeña modificación de la relación de puestos de trabajo que incluía algunos cambios entre el personal que asiste a los grupos políticos, como ha venido contando este diario. Como en cada cambio de la plantilla, el secretario general emite un informe preceptivo, donde debe validar si es legal o se incumple la legalidad. El informe, en opinión del equipo de gobierno, especialmente del PP, no era lo suficientemente concluyente. Y con este pretexto, todo ha saltado por los aires. Ha sido el detonante de algo mayor.

Ha sido la vicepresidenta de la diputación, la popular Reme Mazzolari, quien ha intervenido para manifestar las dudas: “El informe del secretario general no concluye de forma clara. La secretaría tiene la función del asesoramiento jurídico legal preceptivo. Con este informe estamos todos en una posición de inseguridad jurídica. Pedimos que se subsane y que el secretario general nos diga si es legal o ilegal la propuesta que vamos a votar”, ha dicho la dirigente.

¿Es legal? ¿Sí o no?

El funcionario, el habilitado nacional de más alto rango de la casa, ha respondido sin ser tampoco concluyente en primera instancia. “El secretario ha hecho un informe con 23 páginas por escrito, se ofreció a dar explicaciones a la comisión informativa, no se pidió, y no procede que en el pleno el secretario informe si ‘si o no’”, vino a decir Boquera. Desde ese momento, se montó el lío. La vicepresidenta, de manera reiterada, intervino para exigir si el documento se podía dar por bueno desde el punto de vista legal. "¿Es legal o es ilegal?", repetía. Tras varios minutos e intervenciones cruzadas, con el propio presidente Mompó reclamando también al funcionario una respuesta clara, la oposición estupefacta reclamando un receso, y la vicepresidenta poniendo contra las cuerdas al funcionario, el secretario general ha concedido: “La secretaría general devolvió el expediente al servicio de Recursos Humanos para que lo corrigiera. No lo ha querido corregir. Y el expediente lleno de defectos, lo veo mejorable: ilegal, no es ilegal”.

Ante esta situación y tras un receso de varios minutos, Mompó ha decidido dejar sobre el mesa este acuerdo para el próximo pleno, una modificación de la RPT que redistribuye las plazas de personal al servicio de los grupos políticos, con el acuerdo prácticamente unánime (sólo Compromís se iba a abstener). Pero antes de pasar al siguiente punto, el secretario ha recibido más reproches. “Esto no puede pasar. Los informes deben dejar claramente si son legales o ilegales. Porque no podemos ejercer un voto sin tener claro esa consecuencia: los que tenemos que responder delante de un juez somos nosotros. Y si votamos a favor podemos tener unas consecuencias que no queda claro que sea legal. En toda la mañana no se ha dicho que es legal. Lo dejamos encima de la mesa”, ha dicho Vicent Mompó.

Pérdida de confianza

Durante el debate, entre líneas, ha quedado claro que el malestar del equipo de gobierno con el alto funcionario y su gestión es grande y viene de lejos. Hace un año ya hubo un problema con la falta de un informe que llevó a suspender un pleno. Se habla de problemas en la acción política por bloqueos jurídicos. Fuentes del pleno apuntaban a la pérdida de confianza manifestada en público por el equipo de gobierno respecto al garante de la legalidad, que se encuentra en situación de prórroga (ya ha cumplido los 65 años) y cuya continuidad debe decidirse tras el verano.

Trabajo pendiente

Este martes, el diputado de Personal, Ricardo de Gabaldón, ha tirado de ironía respecto a la relación entre el área jurídica y la de área de Recursos Humanos que dirige: “Agradezco la disposición del secretario general para colaborar con Recursos Humanos, no se entendería lo contrario, así como el concienzudo y extenso informe realizado, con mayor motivo sabiendo todo el trabajo, informes y convenios que tienen pendientes de despachar, ahora tendrán mas tiempo para ello”. 

También ha sido cáustico al referirse al extenso informe (23 páginas) para una “minimodificación de la rpt” que afectaba a 14 plazas: “A dos páginas por puesto”. Entrando en detalle, también ha lamentado Gabaldón que se cuestione en el informe sobre esta modificación de plantilla que se ponga el foco en que los puestos se puede ocupar con el sistema de libre designación, “contradictorio con informes anteriores” donde no se ponía pegas a este sistema.

Críticas cruzadas con Recursos Humanos

El secretario general, por su parte, también ha deslizado críticas a la gestión de Recursos Humanos, centro de muchas tensiones el último año. El equipo de Mompó apostó por un nuevo responsable el pasado ejercicio, Javier Bolinches, pero terminó renunciando en medio de conflictos con la secretaría general. Según fuentes de la casa, los intentos de ese nuevo responsable por hacer fichar a los altos funcionarios o regular la concesión de complementos encontraron resistencias. La plaza, ahora, está por cubrir. 

En ese sentido, el secretario ha señalado: “Los servicios de esta casa se esfuerzan mucho en hacer informes exhaustivos, llevar propuestas al pleno o los decretos, con mucho informe y muchas horas de trabajo. Y expedientes de personal no vienen en condiciones. Y al pleno que no viene más que la RPT le puede provocar inseguridad como este caso. Pero el acuerdo no es ilegal y por tanto lo pueden votar a favor sin responsabilidad, sin perjuicio de lo que suceda mas adelante”.