Los veterinarios se manifiestan por el decreto que regula los medicamentos para mascotas

Tras protagonizar paros parciales y el cierre de clínicas para visibilizar su protesta los veterinarios han decidio salir a la calle juntos en una marcha en València, que también se realizará en otras ciudades españolas. El foco lo tienen puesto en el real decreto 666/2023 que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios que obliga, desde enero pasado, a registrar también oficialmente a través de la herramienta informática PresVet la prescripción de todos los antibióticos dispensados a mascotas. La marcha en València promete ser "una marea azul" que recorra las calles a partir de las 18 horas desde la avenida de Cataluña 21 hasta el Ayuntamiento de València.

La obligación de registrar los antibióticos se justifica en la lucha contra las resistencias antimicrobianas, que reducen la eficacia de los antibióticos. La presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de la Comunitat Valenciana, Inmaculada Ibor, coincide en destacar el "compromiso de todos los veterinarios frente a las resistencias, que es un problema de salud pública de primer orden” pero advierte que “la aplicación de este decreto y la puesta en marcha de 'Presvet' para animales de compañía, supone una carga burocrática excesiva que puede encarecer el servicio, ya castigado desde 2012 con un IVA al tipo máximo del 21%”.

Una moratoria

De ahí que este consejo autonómico, el pasado 24 de enero, se dirigiera ya por carta directamente al propio ministro de Agricultura, Luis Planas -cuyo departamento es el responsable de la referida plataforma- para reclamar una moratoria en su aplicación, para estudiar su “viabilidad” y una posible “revisión y simplificación” del sistema. Numerosos colegios profesionales como el Colegio de Veterinarios de Madrid, el Consejo de Colegios de Andalucía y el de las Islas Canarias o el Colegio de Zaragoza han realizado también esta reivindicación. Todos han solicitado convocar una Asamblea General Extraordinaria del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España (CGCVE) con el debate sobre el alcance del RD 666/2023, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación, y uso de medicamentos veterinarios, como único punto del orden del día, para hacer una propuesta común de todo el colectivo veterinario.

Tras la manifestación de Barcelona llega la de València

Este movimiento responde al clamor creciente entre el colectivo clínico por los problemas y fallos relativos al uso de esta plataforma, que ya derivaron en una manifestación el pasado 2 de febrero en Barcelona. La próxima cita es el València. Esta herramienta, que debe recoger las prescripciones de antibióticos, "sufre errores frecuentes, no permite su uso de manera ágil ya que solicita datos que el veterinario ha de buscar en otras aplicaciones e incluso obliga a declarar el uso que realiza el tutor del animal, hecho que desconoce el veterinario y,por todo ello, supone una carga burocrática inasumible".

A partir del año 2029

Un sistema que, por otra parte, no es imperativo porque la regulación europea solo obliga a transmitir estas prescripciones -en caso de perros, gatos y hurones- a partir de 2029 y porque, además, "ya existe un sistema eficaz que permite la recogida y evaluación de datos sobre venta y uso de antimicrobianos de manera indirecta, no a través de los veterinarios sino de los distribuidores de estos medicamentos. Es más, este decreto obliga al veterinario, en algunos casos, a realizar pruebas adicionales (como son el antibiograma u otras para detectar el agente patógeno)". Las organizaciones que respaldan la manifestación (Aevetval e Icov, entre otras) advierten que estas pruebas cuestionan "sin motivo el criterio del profesional, y obligan a justificar en algunos casos innecesariamente prescripciones basadas en la evidencia científica. De hecho, la inflexibilidad normativa podría hacer imposible seguir el consenso internacional para el tratamiento de algunas zoonosis, como la leishmaniosis o rickettsiosis, lo que podría llegar a suponer un problema de salud pública".

Por otra parte, esta regulación fuerza al clínico a recetar conforme a lo indicado en las fichas técnicas de los medicamentos veterinarios, que se encuentran en su gran mayoría desactualizadas. Para no saltarse la normativa, "se abocaría muchas veces al veterinario a prescribir un medicamento que no sería de primera elección o una presentación comercial del mismo cuyo formato no se ajustaría a las necesidades para tratar al paciente. (puede ocurrir que el titular del animal deba adquirir una caja con 100 pastillas cuando solo se requiere 3 ó 4 para su tratamiento)".