La Diputación de Valencia enseña la puerta de salida a su secretario general

Desde hace 17 años, Vicente Boquera Matarredona es el secretario general de la Diputación de Valencia, uno de esos funcionarios con gran poder pero perfil bajo, fuera del foco, el encargado de garantizar que todo lo que pasa en la corporación se ajusta a la ley. Es, por tanto, el empleado público de más alto rango en la corporación, junto al oficial mayor, el interventor, los dos viceinterventores, el vicesecretario y la tesorera. 

Este martes, sin embargo, tras haber asistido a cientos de plenos como garante jurídico desde 2007, junto a Alfonso Rus, Jorge Rodríguez, Toni Gaspar y ahora Vicent Mompó, se convirtió en el protagonista, interpelado, y por momentos abroncado, por el equipo de gobierno. Una pérdida de confianza exhibida públicamente que muchos leyeron como el anticipo de un fin de ciclo, dada su situación de prórroga más allá de la edad de jubilación. Este equipo de gobierno ya ha sustituido a jefes de servicio.

El detonante de esta situación inédita fue una pequeña modificación de la relación de puestos de trabajo que incluía algunos cambios entre el personal funcionario que asiste a los grupos políticos, como viene contando este diario.

Como en cada cambio en la plantilla, el secretario general eleva un informe preceptivo, donde debe validar si es legal o se incumple la legalidad. Y en esta ocasión, el equipo de gobierno, especialmente del PP, advirtió que no era lo suficientemente concluyente. Con este pretexto, todo saltó por los aires. No previamente, a puerta cerrada, sino en público, en el pleno provincial.

Fue la vicepresidenta de la diputación, Reme Mazzolari (PP), quien intervino primero para manifestar las dudas: «La secretaría tiene la función del asesoramiento jurídico legal preceptivo. Con este informe estamos todos en una posición de inseguridad jurídica. Pedimos que se subsane y que el secretario general nos diga si es legal o ilegal la propuesta que vamos a votar», dijo la dirigente. El informe, en esencia, cuestionaba que estas plazas de funcionarios al servicio de los grupos se escojan por libre designación o que se abran a personal de otras administraciones. Esto, advertía el secretario, abría la puerta a «clientelismo político», como publicó este diario.

Acción de gobierno bloqueada

Tras ser interpelado en el pleno de ayer, el secretario evitó responder sobre su veredicto: ¿el cambio en la RPT es legal o ilegal? «Se ha hecho un informe con 23 páginas por escrito, se ofreció a dar explicaciones a la comisión informativa, no se pidió, y no procede que en el pleno el secretario informe si ‘si o no’», vino a decir Boquera. Desde ese momento, se montó el lío. La vicepresidenta, ante la falta de respuesta, insistió varias veces: «¿Es legal o es ilegal?». Tras varios minutos e intervenciones cruzadas, con el propio presidente Mompó reclamando también al funcionario una respuesta clara, la oposición estupefacta pidiendo un receso, y la vicepresidenta poniendo contra las cuerdas al funcionario, el secretario general concedió: «La secretaría general devolvió el expediente al servicio de Recursos Humanos para que lo corrigiera. No lo ha querido corregir. Y el expediente lleno de defectos, lo veo mejorable: ilegal, no es ilegal».

Mompó, tras un receso de 15 minutos con los portavoces, decidió dejar el asunto sobre la mesa para el próximo pleno. Pero durante el debate salieron a la palestra cuentas pendientes. Hay mar de fondo y el desacuerdo entre este equipo de gobierno y el secretario viene de lejos. «Esto no puede pasar. Los informes deben dejar claro si son legales o ilegales. Porque no podemos ejercer un voto sin tener claro esa consecuencia: los que tenemos que responder a un juez somos nosotros», espetó Mompó. 

Hace un año ya hubo un problema con la falta de un informe que llevó a suspender un pleno. Se habla de problemas en la acción política del Gobierno por el bloqueo jurídico a determinados asuntos. El diputado de Personal, Ricardo Gabaldón, tiraba de ironía al respecto: «Agradezco la disposición del secretario general para colaborar con Recursos Humanos, así como el concienzudo y extenso informe realizado, con mayor motivo sabiendo todo el trabajo, informes y convenios que tienen pendientes de despachar, ahora tendrán más tiempo para ello». 

El equipo de gobierno está molesto por los peros del secretario a los puestos designados por libre designación, algo «contradictorio con informes anteriores», señalan, donde no se ponía pegas a este sistema. Una de las quejas del equipo de gobierno es que se introduzcan «valoraciones de oportunidad política» o que cuestione propuestas del gobierno que «años atrás ha avalado».

Críticas a Recursos Humanos

Tampoco parece haber ayudado el conflicto aparente entre la Secretaría General y el área de Recursos Humanos. El equipo de Mompó apostó por un nuevo jefe de personal, Javier Bolinches, en sustitución del que tenía el gobierno progresista. Pero terminó renunciando en medio de conflictos con los altos funcionarios ante la voluntad de impulsar cambios, como hacerlos fichar o regular la concesión de complementos, señalan fuentes cercanas. En medio de ese pulso, que aún continúa, la plaza de director de Personal sigue sin cubrir.

El jefe de Personal de la diputación renuncia a los seis meses de ser nombrado

El secretario también deslizó críticas a RR HH: «Los servicios de esta casa se esfuerzan mucho en hacer informes exhaustivos, llevar propuestas al pleno o los decretos, con mucho informe y muchas horas de trabajo. Y expedientes de personal no vienen en condiciones», concluyó.