¿A quién beneficia la condonación de la deuda pública autonómica?

Ha bastado con el anuncio de que la Administración central va a asumir una parte relevante de la deuda de las administraciones autonómicas de régimen común (todas, menos Navarra y el País Vasco, que tienen su propio sistema de financiación) para que se produzca un acalorado debate en torno al que se suscitan múltiples cuestiones, que van desde el socorrido «hacer de la necesidad, virtud», que parece destinado a convertirse en el lema de la presente legislatura, hasta el «más vale pájaro en mano…»; y que incluye los habituales cruces de reproches entre partidos políticos, dependiendo de que ocupen posiciones de gobierno u oposición, y del tiempo que lleven desempeñando cada función.

Los expertos consideran que la quita de deuda valenciana debería ser de 17.000 millones

Insiste el Gobierno de España en que el procedimiento de cálculo de la condonación, quita o asunción de deuda por parte de la Administración central va a ser el mismo para todas las comunidades autónomas, obviando que, cuando se parte de posiciones diferentes, igualdad no es lo mismo que equidad (por eso quien gana, por ejemplo, 90.000 euros al año, paga un tipo impositivo más alto que el que ingresa 15.000 euros). Las diferencias en el punto de partida de cada territorio contribuyen asimismo a explicar que las conclusiones cambien según la luz bajo la que se examine la propuesta del gobierno. Vamos a tratar de separarnos del estruendo partidista para efectuar algunos análisis muy sencillos, con el fin de disponer de una perspectiva general de su impacto.

Está comúnmente aceptado que la deuda pública se ha de medir respecto al PIB, que no sólo es un buen reflejo de la capacidad de pago de las administraciones, sino que, además, nos proporciona una forma válida de comparar el endeudamiento de autonomías tan distintas como, por ejemplo, Madrid y Murcia. En el gráfico 1 podemos comparar la rebaja porcentual de la deuda pública autonómica que ha planteado el gobierno, respecto del importe inicial (columnas) y en relación con el PIB autonómico (línea marrón). Se puede comprobar que la disminución media del stock de deuda, de un 25 %, conlleva un recorte del 50,4 % en Canarias y del 47 % en Andalucía, mientras que en la Comunitat Valenciana y Canarias sólo representa alrededor del 19 %. Al mismo tiempo, la deuda que se propone condonar supone en torno al 9 % del PIB de Andalucía y Castilla-La Mancha y casi el 8 % del PIB de Murcia y la Comunitat Valenciana, mientras que sólo alcanza el 2,8 % del PIB de Madrid. Las diferencias entre los resultados que arrojan ambos indicadores tienen que ver, lógicamente, tanto con el importe de la quita como con el stock inicial de deuda de cada administración autonómica y el tamaño relativo de su PIB.

Para clarificar los anteriores resultados, en el gráfico 2 se presentan, en porcentaje del PIB, tanto los datos de endeudamiento preexistente como los de condonación de deuda. Se puede comprobar que, en general, son las administraciones autonómicas con más pasivos (en porcentaje del PIB) las que conseguirían un mayor recorte de la deuda, mientras que las menos endeudadas (de acuerdo con esta métrica) son las que lograrían una menor rebaja. Llama la atención el caso de Andalucía, una autonomía con poca deuda relativa que podría acogerse a la mayor reducción propuesta. Para hacer los cálculos, no se ha hecho ninguna valoración sobre el origen de dicha deuda. Esto es, no se ha distinguido entre la que haya podido derivarse del exceso de gasto o de la falta de ingresos, que puede ser fruto, a su vez, de razones tan diferentes como la rebaja de impuestos o la provisión de menos recursos mediante transferencias de la Administración central.

El gráfico 3 nos muestra una perspectiva diferente, pues tanto la rebaja del endeudamiento como la deuda pública previa se expresan respecto al número de habitantes de cada territorio (en términos de «población ajustada», que incluye la corrección de las cifras del censo que hace el actual sistema de financiación autonómica para tener en cuenta la dispersión demográfica, la despoblación o el envejecimiento).

Se observa que, en general, las autonomías con menos deuda per cápita son las que se benefician de una menor rebaja en la propuesta del Gobierno, mientras que las que tenían más endeudamiento previo por habitante son las que van a conseguir una mayor disminución per cápita. De nuevo, aparece una notable excepción: Andalucía, cuya deuda per cápita está claramente por debajo de la media pero va a poder acogerse a un recorte muy superior a la media.

Finalmente, puede resultar interesante contrastar el recorte de la deuda pública propuesto por el Gobierno de España con el nivel de financiación autonómica de cada territorio. Para ello expresamos ambas variables en términos de «población ajustada». En el gráfico 4 se observa que son las comunidades peor financiadas las que se beneficiarían de un mayor recorte per cápita de la deuda pública autonómica; mientras que las mejor financiadas conseguirían una rebaja menor. Llama la atención que Madrid y Cataluña, a pesar de situarse en una posición muy cercana en términos de financiación por habitante, tienen un trato muy diferente: la primera lograría la menor rebaja per cápita del conjunto de las comunidades; mientras que la segunda podría beneficiarse de una condonación por habitante parecida a la de las comunidades infrafinanciadas (Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunitat Valenciana y Murcia).

Los gráficos anteriores muestran la complejidad de evaluar una medida aislada, aplicada de manera uniforme, en un contexto muy heterogéneo, en el que las autonomías parten de situaciones muy dispares, existe un sistema de financiación que no las trata de forma equitativa y, además, no se ha evaluado previamente el origen de la deuda acumulada (lo que no transmite buenas señales a los gestores autonómicos). Además, el procedimiento de cálculo utilizado por el gobierno parece tan bueno o tan malo como cualquier otro que pudiera emplearse, pues ni siquiera viene respaldado por una memoria en la que se detallen los criterios utilizados y la razón por la que se han escogido esos y no otros. Algunos de los resultados que arroja tienden a hacernos pensar que la metodología se ha diseñado ad hoc, con el fin de producirlos. Así, por ejemplo, el gráfico 4 sugiere que las autonomías han quedado divididas en dos grupos: uno en el que el recorte de deuda pública autonómica oscila entre 2.200 y 2.400 euros por habitante «ajustado», y otro en el que se sitúa entre 1.300 y 1.500 euros por habitante «ajustado», y en el que la posición de Cataluña, como se ha indicado, llama poderosamente la atención.

Por su parte, la Comunitat Valenciana, que figura entre las más endeudadas, con independencia de la métrica que se utilice, y entre las peor financiadas, se situaría entre las que podrían lograr un mayor recorte de la deuda, tanto respecto al PIB como en relación con la población ajustada. No obstante, el hecho de Andalucía -una comunidad bastante menos endeudada, en términos relativos- y Cataluña -una autonomía comparativamente mejor financiada- puedan beneficiarse de un recorte de deuda pública por habitante muy parecido, deja un sabor agridulce. Sobre todo, cuando el problema de fondo que, en el caso valenciano, es un persistente déficit de financiación, continúa sin resolverse.