Pradas reaparece, se alinea con el Consell y apuntala la estrategia de derivar responsabilidades a los técnicos

La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat y gran señalada por la gestión de la catastrófica Dana del 29 de octubre como responsable de emergencias, Salomé Pradas, ha roto su silencio. Tras mantenerse alejada de los focos desde su destitución el mes de noviembre, ayer respondió a los medios de comunicación, justo cuando se sitúa bajo otro foco como responsable de la emergencia: el de la jueza de Catarroja que ha asumido la investigación sobre la gestión de la riada.

Pradas se reconoce «muy tocada anímicamente» y especialmente dolida por «las mentiras y medias verdades que escucha», entre ellas las relacionadas con el mensaje Es-Alert, para cuyo envío asegura que «no se esperó a nadie», sostiene. 

De esta manera, la exconsellera, que está en el centro de la investigación judicial como mando único de la emergencia acontecida el 29 de octubre, avala el relato que está manteniendo Carlos Mazón desde que la instrucción apunta al «tardío» envío del SMS: que él no demoró la alerta masiva. En realidad, la posición de Pradas es que lo que dilató ese mensaje de alerta masivo («tardío y erróneo en su contenido», según la juez) fue la falta de información y no de autoridades superiores. 

«Ahora mi único interés es que se sepa la verdad y esa verdad pasa por que nadie estaba preparado, con los protocolos necesarios, para hacer frente a una catástrofe natural de esas dimensiones», dice. La exdirigente popular asegura que «se actuó en todo momento con la información que se tenía, que fuera válida y veraz» y achaca a la inconcreción de las agencias estatales —Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)— buena parte de la responsabilidad de esa falta de información, lo que se amolda al argumentario delConsell.

Pradas, en esta ronda de entrevistas en medios, se refiere con profusión a los técnicos: «Los técnicos nos avisaron de una gota fría y eso se podrá documentar tarde o temprano» a través de las personas que estuvieron en el Cecopi en esa jornada. «Había gente reunida, técnicos que acumulan más de cien años de experiencia en emergencias. Para mí era la primera emergencia de calado, por lo que se actuó conforma a la información que nos llegaba».

«No se informó del Poyo»

«No se informó de lo que sucedía en el Barranco del Poyo», los avisos vinieron por lo que sucedía en Utiel Requena, esgrime Pradas, quien remarca que «desde la Confederación Hidrográfica (del Júcar) no se verbalizó esta emergencia, se ciñeron en lo que ocurría en la presa de Forata. Así fue y así se va a demostrar», insistió.

Sobre la alerta, aduce que era un sistema en fase de pruebas. «Llevamos al pie de la letra los protocolos, y si bien es cierto que el mecanismo Es-Alert existe, no había directrices técnicas que pudiéramos seguir y a eso me he referido cuando hablaba entonces de que no teníamos más información».

Preguntada sobre el papel de Mazón, Pradas explica que ella no está ya «en política» y que su vínculo con el president «no iba más allá de la política». «Le sigo respetando, es una situación complicada que no va solo de qué hizo o no hizo ese día, va mucho más allá —señala—. Cada uno sabemos lo que hicimos ese día, dónde estuvimos. Yo estaba donde tenía que estar, me fui a Carlet por la mañana -el paso de un tornado provocó destrozos-. Después me llamó el alcalde de Utiel para decirme que el municipio se estaba inundando».

Tras su destitución en el Consell, el pasado 20 de noviembre, y en un contexto ya judicializado en que podría ser citada a declarar por la instructora, Pradas se ha mantenido alineada con las posiciones del Consell. Señala que aquel día el Cecopi estuvo «codirigido» tanto por ella como por Pilar Bernabé; apunta a los organismos estatales y al silencio de la CHJ sobre la crecida del Poyo e incide en una línea que la Generalitat y la cúpula de emergencias ya ha deslizado: la responsabilidad de los técnicos. 

Los técnicos, en primera fila

En este punto, hay dos altos funcionarios de Emergencias en el punto de mira: Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias (Generalitat), y José Miguel Basset, el inspector jefe del Cuerpo Provincial de Bomberos de Valencia (Diputación de Valencia). 

Fuentes cercanas a esa anterior cúpula de Emergencias que comandaba Pradas apuntan en este sentido, tanto en la gestión de la información esa tarde como a las resistencias en enviar el Es Alert. Más que en la parte política, el «atasco» esa tarde lo ubican en los funcionarios.

La portavoz del Consell, Susana Camarero, también señaló en dirección al responsable de bomberos (el director técnico de la emergencia) cuando se la cuestionó por la gestión de los efectivos que fueron ofrecidos a la Generalitat las primeras horas de la emergencia: «No se rechazaron los ofrecimientos [de más de 120 lugares de España y siete de fuera de España]. Los recursos se fueron incorporando progresivamente según las capacidades operativas de los mismos y las posibilidades de actuación y de gestión. Se realizó según los criterios técnicos de la dirección operativa de la emergencia. Era la dirección operativa de la emergencia a la que llegaban las ofertas de personal técnico de emergencias y era la dirección que gestionó el cuándo y el quién venía. En ningún caso ni teníamos información los políticos de qué se ofrecía ni decisión en cuántos y cuándo llegaban las emergencias de distintos puntos de España. Es una cuestión que queda en el criterio técnico de la dirección operativa», explicó Camarero a preguntas de los periodistas.

Otra voz relevante en esta crisis, la del presidente de la diputación, Vicent Mompó —aunque no formaba parte del Cecopi ni tenía responsabilidad de gestión— ha apuntado también en esa misma dirección: «Casi todo control de las cosas lo llevan los técnicos más que nosotros», decía en una entrevista reciente.

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