Begoña Mollá, nueva presidenta del CVCP: “Creo que se avecina una tormenta perfecta en la justicia valenciana”

Begoña Mollá, actual Decana del Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia, ha tomado posesión esta mañana como nueva presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores (CVCP). Mollá asume el cargo en un momento de gran incertidumbre para la justicia valenciana, marcado por la implementación de nuevas herramientas informáticas, reformas legislativas y la sobrecarga en los juzgados.

“Hace cuatro años asumí el decanato en Valencia, pero en ese momento no me presenté a la presidencia autonómica porque acababa de llegar al cargo. Ahora, tras finalizar el mandato de la anterior presidenta, decidí presentarme y fui la única candidata”, explica Mollá sobre su acceso a la presidencia del CVCP.

La nueva presidenta autonómica asume el reto con la determinación de defender los intereses de la profesión en un contexto complicado. “Tal y como están las circunstancias hoy en día, es necesario luchar y pelear por los derechos de los procuradores valencianos. Tenemos una buena relación con las instituciones, pero las reformas en marcha requieren que estemos presentes y activos en la defensa de nuestra profesión”, subraya.

Problemas en la digitalización judicial

Uno de sus principales objetivos para los próximos cuatro años será consolidar los avances logrados en el turno de oficio y mejorar aquellos procedimientos en los que los procuradores aún no han sido reconocidos adecuadamente en los baremos. Asimismo, Mollá señala como prioridad la adaptación del sistema de gestión procesal Just@ en la Comunitat, para asegurarse de que no altere la forma de trabajar de los procuradores ni perjudique los derechos de los ciudadanos.

La implantación de las nuevas herramientas digitales en la justicia está generando numerosas dificultades. “Ha habido una migración por fases que está dando muchos problemas informáticos. Los expedientes no se descargan correctamente, los procuradores desaparecemos de los procedimientos y las resoluciones judiciales llegan de forma desigual, lo que provoca retrasos y suspensiones”, advierte Mollá.

Además, la transición de los procedimientos judiciales en papel a un sistema completamente digital sigue siendo un reto. “La ley de eficiencia 1/2025 y el Real Decreto 6/23 establecen que el papel debe desaparecer, pero no se puede eliminar de un plumazo. Se necesitan medios, inversión y, sobre todo, formación. Los procuradores estamos preparados, pero los funcionarios requieren una formación más amplia y continua para adaptarse al nuevo sistema, porque entendemos que la que están recibiendo se queda corta”, sostiene.

La falta de inversión en medios también afecta al proceso de digitalización. “Los ordenadores están actualizados, pero hacen falta escáneres y un software que funcione de manera eficiente para evitar la indefensión de los ciudadanos. A fin de cuentas, los ciudadanos quieren que sus problemas se resuelvan y no les importan las dificultades informáticas o las reformas legislativas. Nuestro deber es garantizar que la justicia siga funcionando correctamente”, enfatiza.

Una justicia colapsada

A las dificultades tecnológicas se suma el colapso de la justicia en la Comunidad Valenciana. “Se están señalando procedimientos para diciembre de 2026. Esto significa que las demandas presentadas en 2024 se resolverán dentro de dos años. Si a la acumulación de trabajo por la DANA sumamos las reformas legislativas y los cambios informáticos, la situación se vuelve insostenible”, alerta Mollá.

La implementación de la nueva Oficina Judicial es otro de los grandes desafíos que afronta el sistema judicial valenciano. “Desaparecerán los juzgados de primera instancia tal y como los conocemos y se convertirán en secciones civiles y penales con distintos negociados. Adaptarse a esta nueva estructura llevará tiempo y, mientras tanto, se generarán más retrasos”, explica.

Ante este panorama, Mollá insiste en la importancia del papel de los procuradores en el sistema judicial. “Se avecina una tormenta perfecta para la justicia valenciana. Los profesionales de la procura estamos preparados y vamos a dar un paso adelante para garantizar que los derechos de los ciudadanos, ya sean particulares o beneficiarios del turno de oficio, no se vean afectados”, concluye.

El Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores es el órgano que agrupa y representa a los colegios cuatro de procuradores de la Comunidad Valenciana. Su labor es velar por los intereses de la profesión, garantizar la calidad del servicio y colaborar con las instituciones en la mejora del sistema judicial.