Los juzgados de violencia alertan del “desolador y peligroso escenario” al asumir los delitos sexuales

Los juzgados de violencia sobre la mujer de todo el país están en pie de guerra contra el cambio legal previsto en la ley 1/2025 de 2 de enero de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, y por el que desde el próximo 3 de octubre deberán asumir todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidos los delitos sexuales y trata con fines de explotación sexual. Aunque la idea de fondo puede ser positiva (y está recogida en el Convenio de Estambul), la entrada en vigor de la misma se va a hacer "sin que se haya dotado de medios materiales y personales" a los Juzgados de Violencia contra la Mujer, que según advierten aumentarán en un 20 por ciento su carga de trabajo, ya de por sí saturada.

En un escrito firmado por 136 jueces especializados en violencia sobre la mujer del país, 21 de ellos de la Comunitat Valenciana, se insiste en el colapso que va a provocar la ampliación de competencias que les asigna la reforma judicial, y alertan del “desolador y peligroso escenario” que está previsto para el próximo mes de octubre, que se va a traducir en una peor atención a las víctimas.

Jueces de violencia de género de València alertan de un colapso al tener que asumir más competencias

Con motivo del próximo 8M, día internacional de la Mujer, los jueces especializados han firmado este comunicado sobre el impacto de las medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia que ahora les atribuye también la instrucción de los procesos por delitos contra la libertad sexual, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual si la víctima es una mujer.

El cambio supone un salto "cualitativo y cuantitativo" en el ámbito de competencias para unos juzgados ya saturados, por lo que han alertado de un posible colapso. De hecho, esta ampliación de competencias se produce antes de que se creen más órganos de violencia sobre la mujer y de que entren en funcionamiento las Secciones de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, que no empezarán hasta el 31 de diciembre de 2025.

La atención a las víctimas se verá afectada

Por ello los jueces firmantes critican que la ampliación de competencias se haga sin aumentar los recursos materiales y personales necesarios, lo que conllevará altos niveles de saturación, y han añadido que muchos juzgados no cuentan con los medios necesarios para atender de la manera más adecuada a las víctimas. "Cuando todo es importante y urgente, nada es preferente", argumentan.

Entre los posibles efectivos negativos, los jueces que firman el comunicado han destacado que la sobrecarga de trabajo puede afectar la calidad y rapidez de la atención a las víctimas, generar espacios de desprotección y dificultar la instrucción adecuada de los casos.

También han alertado del riesgo de retroceso en la lucha contra la violencia machista y han apuntado que la saturación judicial puede llevar a rechazar peticiones importantes que podrían poner en peligro la protección de las víctimas.