La planificación urbanística de seis de cada 10 municipios valencianos obvia los riesgos del cambio climático

"La revisión de todo el planeamiento urbanístico anterior al año 2000 en los municipios del litoral mediterráneo español para adaptarlo a la nueva realidad climática" mediante la elaboración de un decreto-ley que obligue actualizar las normativas urbanísticas de más de 25 años de antigüedad es una de las 82 medidas de adaptación, mitigación, anticipación y regulación del impacto del cambio climático que la Universitat de València (UV) ha remitido al Gobierno, ejecutivos autonómicos y ayuntamientos, tras la primera conferencia científica posdana sobre los devastadores efectos del calentamiento global en la que la UV reunió a finales de enero a 73 investigadores de 15 universidades.

Esto obligaría a revisar el planeamiento urbanístico de seis de cada 10 municipios de la CV, 321 de un total de 542. En estos municipios con la planificación urbana desfasada según los expertos en gestión integral del riesgo convocados por la Universitat de València, al no contemplar los principios de reducción del riesgo para proteger la vida de las personas y sus bienes ni estar adaptada al cambio climático, viven siete de cada 10 valencianos, unos 3,8 millones de personas, y ocupan dos terceras partes del territorio de la Comunitat Valenciana.

Gestión integral del riesgo

Esta llamada a la actualización urgente del planeamiento urbanístico la hizo el grupo de especialistas en 'eventos extremos y gestión integral del riesgo' de la conferencia, liderado por el catedrático de Análisis Geográfico y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA), Jorge Olcina, uno de los grandes referentes nacionales en cambio climático. "No se trata de una revisión total de su planeamiento, pero sí de que incorporen el Informe de Sostenibilidad Ambiental que se incluye en el artículo 22 de la Ley del Suelo de 2015, contemplando, por tanto, un mapa de todos los riesgos naturales existentes en el municipio. Y que sean mapas realmente de riesgo, no de peligrosidad", explica Olcina.

Olcina, que en las jornadas de la UV incidió en la "vulnerabilidad institucional" que someten a la población las administraciones que "por inacción o por no hacer los deberes que le corresponde no hacen lo necesario para proteger la vida o los bienes de las personas", sostiene que "si del resultado del informe de sostenibilidad ambiental y de la cartografía de riesgo actualizada se muestra que algunas zonas clasificadas como urbanizables ocupan áreas de elevado riesgo, ello debe suponer la desclasificación inmediata de estos espacios para uso urbano o para equipamientos críticos como colegios, centros de salud, etc."

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Vulnerabilidad institucional

Para el geógrafo, los dos pilares de la "vulnerabilidad institucional" en el litoral mediterráneo son "la antigüedad del planeamiento urbanístico y la mala interpretación de lo que es un mapa de riesgo". Es decir, prosigue, "la ausencia de cartografía real de riesgo en la planificación urbanística, pues lo que presentan básicamente son mapas de peligrosidad y de un solo peligro, el de inundación". Un mapa de peligrosidad de inundación, cartografía que se circunscribe a delimitar las áreas inundables, no tiene nada que ver con un mapa de riesgos: "el riesgo es más que la mera peligrosidad natural, debe incluir parámetros de ocupación del suelo, población residente, actividades económicas, aspectos patrimoniales… Y estos mapas deben adaptarse, además, a la modelización climática existente”.

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Por esta razón, reiteró en la conferencia, "al no tener mapas de riesgos naturales, todos los planes urbanísticos anteriores al 2000, hoy por hoy, no nos sirven desde el punto de vista de la adaptación al cambio climático y a los eventos extremos, y tampoco están realizados bajo principios de sostenibilidad ambiental ni incorporan preceptos de reducción de los riesgos naturales". "Hay que cumplir estrictamente el artículo 22 de la Ley del Suelo de 2015, que dice que hay que aportar un mapa de riesgos naturales, en plural. No solo de riesgos de inundación, sino también de sismicidad, de incendios forestales, de la erosión en primera línea de costa por el aumento del nivel del mar...", aseveró.

De los 321 municipios valencianos con planes urbanísticos anteriores al año 2000, en 8 de cada 10 casos (250) las normativas tienen más de tres décadas y, por tanto, son anteriores a 1995, año del inicio del boom inmobiliario que se prolongó hasta 2008. Fue precisamente durante estos 13 años, según Olcina, "cuando más creció el riesgo de inundación en municipios como Aldaia, al ocupar las nuevas construcciones zonas inundables". En este sentido, el catedrático apuntó que "en litoral mediterráneo español hay 200.000 viviendas en zonas inundables".

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Según el Registro autonómico de instrumentos de planeamiento urbanístico de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, entre los municipios con un planeamiento anterior a 2000 están la mayoría de los más afectados por las inundaciones de la dana. En algunos de ellos la normativa urbanística data incluso de la década de los años 80, como es el caso de Chiva (1983), Utiel (1987) y València (1989). En 1990 se aprobaron los planes de ordenación urbana de Aldaia, Benetússer y Beniparrell; de 1991 los de Torrent, Massanassa y Llocnou de la Corona. También tienen más de tres décadas la planificación de Alfafar (1992) y Xirivella (1993), mientras que de finales de la década de los 90 datan los de Paiporta (1998) y Picanya (1999).

En la Comunitat Valenciana de los 221 municipios con planificación urbanística posterior al año 2000, únicamente 91 son de después de 2008, tras la primera ley del suelo estatal que obliga a incluir mapas de riesgo, y de ellos únicamente se han aprobado 53 tras la reforma de 2015 de dicha ley nacional que además de mantener la obligatoriedad de los mapas de riesgo también introduce el informe de sostenibilidad preceptivo.

Por otro lado, la ley estatal de cambio climático y transición energética de 2021 obliga a los ayuntamientos a contar con planes de adaptación al cambio climático y a los riesgos naturales, un instrumento que según Olcina "únicamente lo tienen aprobado en estos momentos dos municipios de la Comunitat Valenciana", que son Benidorm y Gandia.

De las 15 ciudades valencianas con más de 50.000 habitantes, donde reside casi la mitad de la población de la Comunitat, solo dos tienen planes generales posteriores al año 2000: Castelló de la Plana (2021) y Torrevieja (2000). La normativa urbanística de las 13 grandes ciudades, salvo el caso de Gandia (1999), tiene más de tres décadas: València (1989), Alicante (1987), Elx (1998), Torrent (1991), Orihuela (1990), Benidorm (1990), Paterna (1990), Sagunt (1992), Alcoi (1989), Sant Vicent del Raspeig (1990), Elda (1985) y Vila-real (1994).

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"Ir a la máxima seguridad posible"

Y sobre por qué no es suficiente el Plan de Acción Territorial del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova), que ya se tiene en cuenta para los desarrollos urbanísticos, Olcina ha señalado que la razón es que "hay que actualizar la modelización al cambio climático. Hay que ir a la máxima seguridad posible a la hora de establecer los niveles de riesgo", más aún después de los estragos causados por la dana de Valencia.

El Patricova, elaborado en 2003 y revisado en 2015, estima que una octava parte de la superficie de la Comunitat Valenciana está afectada por riesgo de inundación, lo que se traduce en un total de 286.434 hectáreas. De ellas, unas 50.000 presentan una peligrosidad muy alta o alta al estar en la zona de flujo preferente de ríos y barrancos o en sus inmediaciones. Esta superficie donde el nivel de peligrosidad es mayor equivale a 5.144 estadios de fútbol como el viejo Mestalla.

La memoria del Patricova de 2013 calculaba que alrededor de 600.000 valencianos vivían en zonas inundables, de los cuales más de 182.000 ocupaban áreas con una peligrosidad muy alta o alta. Aplicando a esta estimación el incremento de la población registrado en los últimos años, con datos de habitantes de 2024, los valencianos que residen en áreas en peligro de inundación serían actualmente unos 621.000, de los cuales casi una tercera parte (189.000 personas) viven en lugares de elevada peligrosidad.

Más de 621.000 valencianos viven en zonas inundables

Por provincias, en estos momentos 245.000 alicantinos viven en zonas inundables, de los que más de la mitad (136.000) residen en áreas de peligrosidad muy alta o alta. En la de Castellón serían 111.000 las personas que habitan áreas con peligro de inundación, 5.000 de ellas en zonas muy expuestas a este riesgo. Finalmente, en la provincia de Valencia serían 265.000 los habitantes que viven en áreas inundables, de los cuales casi una quinta parte (48.000) residen en la superficie con mayor peligrosidad.

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Olcina ha advertido de que "se debe tener una concepción integral de riesgos. No solo hay que cartografiar y tomar medidas contra las inundaciones, también contra las sequías, sismicidad, deslizamientos, subida del nivel del mar". Y ha insistido en un aspecto complejo que considera necesario, como es "el desalojo de aquellos espacios ocupados urbanísticamente que cumplan tres rasgos: que tengan alto grado de riesgo en las cartografías oficiales, que sean espacios intensamente ocupados donde corra riesgo la vida humana y, por último, que sean espacios donde ya se han producido efectos desastrosos por eventos extremos ocurridos en las últimas décadas. Si se cumplen estas tres premisas ese espacio está indebidamente ocupado y además sus habitantes tienen elevada probabilidad de ser gravemente afectados en sus bienes y en su propia vida".

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Además, los expertos también piden una paralización preventiva de proyectos urbanísticos en tramitación en zonas de riesgo, "hasta que se vuelva a realizar una nueva evaluación de riesgo, actualizada al contexto actual de cambio climático. Si se demuestra que las condiciones no han empeorado y el riesgo no es alto, se podrá construir. En caso contrario, no". Del mismo modo, rechazan de plano que las zonas inundables se puedan urbanizar gracias a obras hidráulicas. Y es que consideran que se debe impedir que se puedan ocupar áreas a través de actuaciones que mitiguen el peligro de anegamiento, ya que el riesgo va a seguir existiendo en este contexto de cambio climático.

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