El Consell activó tras la dana una unidad para reforzar a los directores de las emergencias prevista desde 2022

Las casi 20.000 llamadas recibidas por el 112 de la Generalitat desde primerísima hora del 29 de octubre no fueron suficiente para poner en guardia a los responsables de Emergencias. La avalancha conocida esta semana a través del informe remitido por Emergencias a la jueza de Catarroja, unido a la ausencia de reacción del Cecopi ante lo que pasaba en el barranco del Poyo (desde las 16.40 horas hay llamadas de vecinos alertando sobre la situación en Chiva), abren una reflexión sobre la falta de recursos o capacidad para procesar información en el contexto de una emergencia, especialmente aquellas de nueva generación cuya dimensión abre múltiples frentes de actuación.

Cuando se constituyó el Cecopi, a las 17.00 horas, ya se habían recibido más de la mitad de esas comunicaciones y solo en la primera hora entraron otras casi 2.500 peticiones de auxilio. Aunque ya muchas eran de municipios por los que transcurre el Poyo, para entonces todos los ojos estaban puestos en la presa de Forata, que amenazaba con colapsar, y nadie fue capaz de procesar unos datos que se mostraban con todo lujo de detalle y casi en directo en las propias pantallas del Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana, donde en paralelo tenía lugar la reunión del Cecopi.

¿Cómo la dirección de la emergencia pudo pasar por alto una información tan valiosa y evidente y que hubiera permitido anticiparse a la tragedia? Fuentes del 112 consultadas por Levante-EMV lo atribuyen en buena parte a la dificultad de coordinar un escenario múltiple como el del pasado 29 de octubre, que requería estar pendiente de varios flancos a la vez: las lluvias y rescates en la zona de Utiel, el crítico estado de la presa de Forata y los efectos de sus desembalses sobre la Ribera y la crecida del barranco del Poyo, que quedó fuera de foco.

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Explican que en situaciones ordinarias, la coincidencia en el tiempo de tres incidencias "pequeñas" ya puede tensionar este servicio de recepción de llamadas, que la Generalitat tiene subcontratado. "Te desbordan porque tienes que atender tres cosas a la vez", señala una fuente del 112, que reconoce que en escenarios como el de la dana "es muy complicado filtrar la información y tomar decisiones".

Una mirada global ante fenómenos "más complejos"

Esta necesidad de mayor capacidad de análisis ante situaciones “multiemergencia” estaba asumida por la Generalitat desde 2022. Ese otoño, tras el peligroso incendio de Bejís (incluido el incidente del tren que terminó entre las llamas), la consellera responsable de emergencias, Gabriela Bravo, anunció la creación de una Unidad de Análisis y Seguimiento de las Emergencias para hacer frente a los "nuevos escenarios", "cada vez más complejos" por el cambio climático.

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La unidad se dotó con fondos ya para el ejercicio 2023: medió millón de euros en el presupuesto, según explicaba Bravo en las Corts. La siguiente relación de puestos de trabajo de la Generalitat ya incluía seis plazas: un jefe de unidad coordinador, otro de sección, y cuatro técnicos de análisis y seguimiento de las emergencias, con plaza en el centro de l’Eliana. La unidad, sin embargo, no llegó a ponerse en marcha. Ni en los cinco meses de 2023 que todavía gestionó el Botànic ni en el año siguiente.

Rescatada tras la dana

Fue el 6 de noviembre de 2024, una semana después de la dana de octubre, cuando salió la convocatoria de cuatro plazas. La unidad de análisis y seguimiento ya está operativa y en fase de diseño final de sus funciones y procedimientos, confirman desde la Conselleria de Emergencias.

En septiembre de 2022, la Generalitat no escondía que la decisión era una lección de aquel verano complicado, muy criticado por el PP (Mazón, de hecho, pedía responsabilidades a Puig por la gestión de aquel tren y subrayaba la competencia autonómica en emergencias que ahora escurre).

“Los episodios vividos durante los meses de julio y agosto nos muestran una realidad hasta ahora desconocida. Los incendios de sexta generación que se han declarado en la Comunitat Valenciana o los fenómenos que están claramente vinculados al cambio climático como grandes inundaciones nos hacen anticiparnos ante un nuevo escenario de vulnerabilidad”, dijo. “Con esta unidad estaremos más preparados y contaremos con las últimas tecnologías para mejorar la respuesta a los incendios y otras grandes catástrofes”, agregó Bravo.

En su comparecencia, la entonces consellera se refería a un elemento concreto de la cadena de decisiones: esta unidad nace “para aportar información a los responsables de la dirección de la gestión de cualquier tipo de crisis derivada de la emergencia climática, un equipo que realizará el seguimiento del riesgo por incendios forestales o emergencias de origen meteorológico para colaborar con los servicios de emergencia en la anticipación del comportamiento de estos fenómenos y el análisis de los escenarios críticos que generan”. Es precisamente ese punto, la desconexión entre el Cecopi y la información que llegaba a través de diferentes canales (como las llamadas del 112), el que ha quedado cuestionado esta semana.