El PP elimina la suspensión de licencias urbanísticas en municipios de la dana

El grupo parlamentario popular en las Corts ha decidido corregir, a través de una batería de enmiendas, el «decreto medidas urbanísticas urgentes para favorecer las tareas de reconstrucción tras los daños producidos por la dana» que suspendió las licencias urbanísticas en los municipios afectados por la dana del 29 de octubre. El decreto ley, en vigor desde el 2 de enero, pasa ahora a tramitarse como proyecto de ley en el parlamento valenciano, por imposición de Vox, tal como sucedió con el Plan Simplifica. 

Entre las enmiendas de calado que introduce el Partido Popular, para lo que necesita los 13 votos de Vox, está la eliminación de la suspensión de licencias urbanísticas de los municipios de la dana, anunciada por el Consell en diciembre y en vigor desde principios de año. 

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Desde el 2 de enero en las 104.796 hectáreas de suelo afectadas por la dana del 29 de octubre se han suspendido «todos los procedimientos urbanísticos en suelo rural, si es inundable». La coletilla que añade el decreto suscrito por el conseller de Territorio Vicente Martínez Mus y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, era que esta suspensión se mantendría «hasta que la Administración General del Estado apruebe las obras que tengan que realizarse», para reducir el riesgo de inundación. 

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El decreto de medidas urbanísticas urgentes para la reconstrucción reivindica al Gobierno central que aporte una «relación programada de obras hidráulicas a realizar, valoradas económicamente, a fin de eliminar el riesgo de inundación en los municipios afectados» como condición para levantar la suspensión de licencias en municipios afectados por la dana. 

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Un listado que ya existe a nivel autonómico y estatal. El Patricova (Plan de acción territorial del riesgo de inundación de la Comunitat Valenciana) incluye un catálogo de actuaciones desde 2003 y actualizado en 2015. Y a nivel estatal desde 2021 en el Plan de gestión del riesgo de inundación, tramitado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y que se actualizará en 2027. 

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Ahora el grupo parlamentario popular se enmienda a sí mismo y plantea una nueva disposición transitoria segunda que levanta la suspensión en vigor desde el 2 de enero con una serie de reglas «hasta que se apruebe la revisión del Patricova (Plan de acción territorial del riesgo de inundación de la Comunitat Valenciana)». Una enmienda que permite continuar con la tramitación de los instrumentos urbanísticos en trámite. Incluidas las declaraciones de interés comunitario (DIC), la figura urbanística creada en 1992 para permitir urbanizar en «casos excepcionales» en suelo no urbanizable (SNU) común. 

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Esta nueva disposición transitoria que propone el grupo parlamentario popular desgrana en seis puntos la casuística permitida para urbanizar en «situación básica rural» suelos considerados inundables como no inundables en el Patricova, la cartografía de zonas inundables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y en la «Cartografía dana 2024», de la zona inundada el 29 de octubre. 

Para los suelos inundables incluidos en estas tres cartografías con planes urbanísticos pendientes la Generalitat prevé que «cumplan con las limitaciones del Patricova y el reglamento del dominio público hidráulico [de la CHJ]». Y puntualiza que «el informe del órgano autonómico competente en riesgo de inundación debe incluir los estudios necesarios para evaluar el riesgo y las medidas preventivas a aplicar» sobre la «realidad de la cartografía dana». 

En el caso de los proyectos urbanísticos sólo inundados por la lámina del agua el 29-O «podrán continuar su tramitación ordinaria». Y sólo serán autorizables «previo informe favorable del órgano autonómico competente». Un cambio radical. Ya no se fía a la intervención de la CHJ ni los «informes de escorrentía» que se exigen en el decreto aún en vigor. Y que ningún experto en la materia consultado por Levante-EMV sabía a qué se refería.

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